Las universidades y el país que fuimos

Javier Genoud
DNI 17.506.130

General Roca

La universidad pública argentina atraviesa una crisis que ya no puede explicarse solamente por falta de presupuesto. El deterioro viene de mucho más atrás y también obliga a mirar hacia adentro.
Porque mientras miles de personas salen legítimamente a defender la educación pública, crece al mismo tiempo una sensación social incómoda: la de universidades cada vez más atravesadas por estructuras políticas, sindicales y burocráticas que parecen haberse alejado de la excelencia académica que alguna vez las convirtió en orgullo nacional.
Las imágenes en nuestra zona muestran algo que ya forma parte del paisaje habitual: agrupaciones militantes, sindicatos universitarios y referentes políticos ocupando un lugar central dentro de movilizaciones que, en teoría, deberían representar principalmente a estudiantes y docentes preocupados por la educación.
El problema no es la militancia en sí. En democracia, toda persona tiene derecho a participar políticamente.
El verdadero debate aparece cuando la lógica partidaria empieza a colonizar espacios académicos y transforma a la universidad en una estructura de poder antes que en un ámbito de conocimiento.
Casos vinculados a dirigentes gremiales o militantes universitarios con años dentro de estructuras sindicales alimentan una percepción cada vez más extendida: la existencia de una “casta universitaria” sostenida durante décadas sin controles profundos, con cargos eternizados, burocracia creciente y poca autocrítica interna.
El ejemplo de la Universidad Nacional de las Artes abre además otra discusión sensible. Una institución con cerca de 17.000 alumnos y aproximadamente 2.000 docentes inevitablemente genera preguntas sobre eficiencia, administración y prioridades presupuestarias. Un docente por cada 10 alumnos. Insostenible.
Preguntar cómo se usan los recursos públicos no es atacar la educación pública; es defenderla de su propio desgaste.
Lo mismo ocurre en distintas universidades nacionales donde sectores gremiales y no docentes acumularon durante años una influencia política enorme.
Mientras muchos docentes cobran salarios deteriorados y numerosos estudiantes sostienen carreras en condiciones difíciles, también existen estructuras internas que crecieron de manera desproporcionada sin que eso necesariamente se tradujera en mejoras equivalentes en calidad educativa, investigación o inserción profesional.
Y ahí aparece la contradicción más incómoda de todas: muchas universidades están realmente desfinanciadas, pero muchas también fueron mal administradas durante años.
Por eso, defender la universidad pública hoy debería implicar algo más profundo que repetir consignas o marchar detrás de banderas partidarias.
Debería incluir auditorías reales, transparencia, evaluación académica seria, reducción de estructuras innecesarias y un límite claro a la utilización política de espacios educativos. Porque las instituciones no se destruyen de golpe. Primero pierden la excelencia. Después pierden la confianza. Y finalmente pierden la legitimidad social.
Quizás preguntarse cuánto presupuesto necesita la educación pública no es lo más importante, sino concientizarnos y sincerar la historia.
¿En qué momento dejamos de cuidar aquello que alguna vez nos igualó, nos educó y nos hizo sentir orgullosos de pertenecer?