Caso Bernardi: ahora todos observan al tribunal

No será sencillo para los jueces Ariel Gallinger, Carlos Mussi e Ignacio Gandolfi conciliar el sueño desde ahora hasta el 27 de marzo, cuando den a conocer su veredicto en torno a la presunta corrupción de menores de la que se acusa, con distinto grado de participación, al ex camarista penal Juan Bernardi y a su casero, Julio Antueque.

La mirada social está sobre ellos, luego de que durante dos años la causa se ventilara en los medios de comunicación y el debate público se encarnizara ante la flagrante vulneración de derechos, el sometimiento y la explotación sexual a la que fueron empujadas por hombres adultos y poderosos, pequeñas jovencitas provenientes de familias disgregadas, sumidas en la pobreza, la droga y la desprotección.

Si algo dejó en claro este juicio es la existencia de un contexto de riesgo para las niñas, un marco pavoroso de desatención estatal y abandono, aprovechado por sujetos que obtuvieron sexo de púberes a cambio de dinero, zapatillas, ropa, alcohol y estupefacientes. Por estos hechos fueron procesados, además de Bernardi y Antueque, otras siete personas distribuidas en otros dos expedientes, de los cuales seis más el casero del ex juez se encuentran detenidos y sólo Bernardi y el abogado Rubén Sella, permanecen en libertad.

Fue ésta la primera de las tres investigaciones que avanzó hasta el juicio oral y público y aunque la condena social se hizo efectiva y patente, los testimonios escuchados en las cinco audiencias desarrolladas carecieron de contundencia que pudiera señalar sin ningún tipo de duda al ex camarista teniendo sexo, con precisión de lugar, modo y tiempo, con las menores víctimas a cambio de dinero, como tampoco que su casero fuera quien las incentivara a prostituirse.

No obstante, las declaraciones de la amplia mayoría de los casi 40 testigos fueron contestes, por un lado, con la descripción del ámbito nocivo y pernicioso en el que se desenvolvían las pequeñas a merced de un grupo de sujetos mayores y, por otro, con la posibilidad de que muchas de ellas y sus amigos evitaran dar cuenta de todo lo ocurrido, por temor, vergüenza o presiones.

Quedó certificado que se produjo un asado en la chacra del ex funcionario judicial al que Bernardi llevó en su camioneta a Antueque y cuatro jóvenes, algunos de menos de 18 años. Sin embargo, los cuatro participantes negaron que haya habido sexo. La imputación agrega que al menos hubo otro hecho en el que se habrían producido relaciones íntimas entre el acusado y una menor, a instancias de Antueque.

El fiscal Hernán Trejo pidió en su alegato que el Tribunal tome de manera elástica y flexible el cuerpo de prueba aportado en las declaraciones. Que la desvinculación de los autores por parte de la víctima sea relativizada y que se valoren los dichos de la madre de la jovencita, de su novio, de operadores y profesionales que tomaron contacto con ella y afirmaron -por dichos de terceros- que hubo sexo, como elementos que sustenten una posible condena.

Sin embargo, los defensores Manuel Maza y Luciano Perdriel -por Bernardi- y Pedro Vega -por Antueque- desacreditaron esos dichos y afirmaron que no se pudo probar el delito.

Mientras tanto, la sociedad aún mira azorada y tomó postura ante lo que fue ventilándose en este juicio. Por las redes se pide Justicia. Estará en el Tribunal, la definición.

Evidente ausencia del estado

El Estado estuvo ausente, coincidieron fiscales y defensores, ante la vulneración de los derechos de niñas de entre 13 y 17 años. Operadores del Centro de Atención de Niñas y Adolescentes sabían que las chicas tomaban droga en los techos de esa institución, que se iban con hombres y no regresaban. Se tardó en hacer la denuncia, hubo extensa demora en tomar el toro por las astas y mientras tanto, las gravísimas situaciones se profundizaron.

La víctima de esta causa -en los otros expedientes hay otras niñas- espera su segundo hijo y sus conflictos no cesan. En sus menos de 20 años ya ha vivido de todo y para colmo, mientras este juicio se sustancia, su nombre se menciona y se dan a conocer detalles íntimos de su vida privada.

La sociedad reclama Justicia, pero también señala. Comenta y re victimiza. Y el Estado mira para otro lado. Siempre persiste la duda de si aún con siete detenidos y nueve procesados, con algunas de las jóvenes en centros de rehabilitación y otras bajo algunas medidas preventivas, estos hechos deleznables siguen ocurriendo, con otros hombres, con otras niñas, en otras chacras o en distintos barrios de la ciudad, y en tal caso, quién interviene para evitarlo.