Caso Cromañón: revocaron los sobreseimientos a funcionarios

BUENOS AIRES (Télam).- La justicia revocó el sobreseimiento de los funcionarios municipales que habilitaron hace diez años el local donde funcionó «El Reventón», luego convertido en «República Cromañón», y ordenó investigar si cobraron coimas por autorizar el funcionamiento de un negocio que no cumplía con las normas.

La Sala Quinta de la Cámara del Crimen dejó sin efecto la medida que beneficiaba a Roberto Daniel Calderini, Jorge Eduardo Gatucci, Enrique Reinaldo López y Margarita Tambussi, quienes en 1997 eran funcionarios de la Dirección General de Registros y Certificaciones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza de instrucción María Angélica Crotto los había sobreseído porque el delito por el que los investigó -incumplimiento de los deberes de funcionario público- había prescripto. El abogado José Antonio Iglesias, padre de uno de los jóvenes muertos en el incendio de Cromañón, ocurrido hace tres años, apeló la medida, y añadió que no había prescripción porque ésta se interrumpe cuando un imputado se desempeña como funcionario, lo que era el caso de los habilitadores de «El Reventón».

Los camaristas María Laura Garrigós de Rébori, Rodolfo Pociello Argerich y Gustavo Bruzzone, realizaron un profundo análisis de los antecedentes de la autorización del local para funcionar, la que a su juicio «sólo podría haberse otorgado mediante acuerdo espúreo».

Los imputados, según la resolución, adulteraron medidas, cifras y capacidad del local para permitir una habilitación que no debería haberse producido, además de haber mencionado la existencia de una «salida alternativa de activación electromecánica» que nunca fue encontrada.

En diversos allanamientos, la justicia halló anotaciones con las iniciales de algunos de los imputados seguidas de porcentajes o cifras de dinero, que permitirían suponer la existencia de una «contraprestación espúrea» por parte de Calderini, Gatucci, López y Tambussi para habilitar locales que no estaban en condiciones de funcionar.

«El primer intento por habilitar el local bailable se encuentra plasmado en el expediente 10.294 del 13 de febrero de 1997, labrado a raíz del pedido de habilitación efectuado por la sociedad 'Once Central Park'», recordaron los jueces en el fallo al que tuvo acceso Télam.

«La habilitación del lugar se solicitó en el carácter de hotel sin servicio de comida; local de baile clase 'C' y actividades complementarias, garaje comercial, café bar, confitería, cancha de mini fútbol, etc.», añadieron. Pero el gobierno comunal le informó a los representantes de «Once Central Park» que no podían funcionar sin habilitación y que su concesión dependía de que excluyeran el pedido de autorización del local bailable, porque como actividad complementaria contravenía las normas.