Caso Lucas Muñoz: pidieron 2 años de prisión en suspenso para policías imputados

El fiscal Martín Lozada alegó hoy miércoles que se demostró en el juicio que los policías Néstor Meyrelles y Federico Valenzuela Campos cometieron el delito de abuso de autoridad, cuando activaron una línea de teléfono en el Alto Valle del policía Lucas Muñoz, que llevaba 24 horas desaparecido.

Para Lozada, los acusados con su accionar “fueron más allá de los límites legales que delimita su función policial”. Sostuvo que hicieron la maniobra sin orden judicial y tampoco informaron a sus jefes directos.

Por eso, pidió al juez Marcelo Barrutia que declare a Meyrelles autor del delito de abuso de autoridad, porque fue el que gestionó el 15 de julio de 2016 la nueva línea y el chip a nombre de Muñoz. Lozada solicitó que Valenzuela Campos sea declarado culpable como partícipe necesario ya que fue el que proporcionó el documento de identidad de Muñoz para adquirir la nueva línea.

El fiscal solicitó que se les imponga la pena de 2 años de prisión en suspenso, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.

Lozada actuó en el juicio, junto al fiscal del caso Guillermo Lista. Aseguró que la maniobra “perjudicó la investigación” en marcha en Bariloche por tratar de encontrar a Muñoz, que había desaparecido el 14 de julio de 2016.

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El defensor particular de Meyrelles, el exjuez Carlos Vila Llanos, alegó que la fiscalía equivocó el delito atribuido a Meyrelles. Advirtió que el que activó la línea a nombre de Muñoz fue el vendedor de la agencia de telefonía de Catriel. Y sostuvo que todo ocurrió en un plazo de 29 minutos.

Sostuvo que Meyrelles nunca impartió una orden ni estaba en funciones porque no formaba parte de la investigación.

Admitió que Meyrelles cometió un delito, pero no el que indica la fiscalía, sino otro. Vila Llanos indicó que a Meyrelles se le puede atribuir el delito de que “a sabiendas” accedió por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.

Dijo que la pena será de un mes a 1 año de prisión “cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros”.

Pero advirtió que Meyrelles no fue juzgado por ese hecho y, en consecuencia, pidió su absolución.

El abogado Gustavo Godoy, defensor de Valenzuela Campos, adhirió al planteo de Vila Llanos en cuanto a que a los imputados la fiscalía les atribuyó un delito que no cometieron. Planteó que Valenzuela Campos se lo puede acusar por haber ejercido funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. Pero no cometió el delito de abuso de autoridad que sostuvo la fiscalía.

Enfatizó que Valenzuela Campos sólo quiso colaborar con la búsqueda de un camarada de trabajo. Los dos trabajaban en la comisaría 42 de Bariloche. Y recordó que Valenzuela Campos nunca pudo haber desviado la investigación cuando recién habían pasado 24 horas de que Muñoz estaba desaparecido.

Lamentó que no se haya podido peritar la memoria del celular que Valenzuela Campos entregó en forma voluntaria, porque advirtió que allí están los mensajes que el policía acusado intercambió con el subcomisario Eliseo González a cargo de la investigación por la desaparición de Muñoz, que estaba al tanto de rastrear las llamadas de Muñoz con otro mecanismo y la intervención de un policía de La Pampa, que tiene presuntamente esa tecnología, para no esperar tantos días el informe que se había pedido a la Oficina de Investigaciones de Telecomunicaciones de la Procuración.

Lozada advirtió que González negó haber autorizado a Valenzuela Campos a hacer esa gestión.

Godoy recordó que Valenzuela Campos fue sobreseído por el delito de encubrimiento agravado cuando se le imputó haber tratado de entorpecer la investigación.

Ocurre que Muñoz fue hallado muerto el 10 de agosto de 2016. Fue ejecutado de un tiro en la nuca. Pero el hecho atribuido a Valenzuela Campos ocurrió el 15 de julio de 2016.

Alicia Ocares y Benjamín Muñoz, los padres del policía asesinado, escucharon atentos los alegatos del fiscal y de los defensores. La sentencia se leerá el 3 de abril.