Causa licencias truchas: imputaron a empleados municipales por integrar una asociación ilícita

El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió la formulación de cargos que el fiscal Guillermo Lista hizo contra 11 empleados municipales de Bariloche y una mujer, que no trabaja en la comuna, pero está sospechaba de participar de las maniobras.

El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió la acusación que el fiscal Guillermo Lista formuló este mediodía de jueves contra 12 empleados municipales de Bariloche imputados en la causa por la venta de licencias de conducir truchas y sospechados de formar parte de una supuesta asociación ilícita.

En consecuencia, habilitó al fiscal Guillermo Lista a avanzar con la investigación que tendrá un plazo de un año por tratarse de una causa compleja.

Lista imputó hoy a los empleados municipales Juan Marcelo Oyarzo, Marcos Nicanor Aguirre, Celeste Malén Castro, Griselda Beatriz Pereyra, Gladys Ester Aranda, José María Zalazar, Walter Fabián Gallardo, Daniel Alberto Martínez, Luis Octavio Neculman, Alejandro Namor, María Romina Paz y Alicia Beatriz Vega como coautores de los delitos de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública, “todos ellos en su carácter de integrantes de una asociación ilícita”. También acusó a Alicia Beatriz Vega, que no es empleada del municipio, como partícipe necesario de los delitos señalados.

Empleados municipales dialogan con una de las defensoras adjuntas en la audiencia. (Foto: Alfredo Leiva)

Lista no pudo acusar a las empleadas municipales Eugenia María Carballo y Mariana Noemí Villalobo, que estuvieron en la sala, pero anunciaron que iban a nombrar un defensor particular. Por eso, serán convocadas a una nueva audiencia para la imputación correspondiente. Y no compareció Fernando Sepúlveda, porque hasta ahora la justicia no lo pudo ubicar para la notificación, según informaron en la audiencia.

El fiscal indicó que las maniobras se hicieron durante tres años, entre 2014 y 2016, cuando el gobierno municipal descubrió las irregularidades y presentó la denuncia penal.

Señaló que las licencias de conducir vendidas no cumplieron con los requisitos legales y el dinero que percibieron los sospechosos no entró al municipio. El perjuicio a la comuna ronda varios miles de pesos a valores de 2016.

Las abogadas Natacha Vázquez y Marcela González Abdala, en representación de la municipalidad que es querellante en la causa, adhirieron a la formulación de cargos y al plazo solicitado por Lista para avanzar con la investigación.

El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió los cargos formulados por la fiscalía contra los sospechosos. (Foto: Alfredo Leiva)

Los defensores particulares no se opusieron a los cargos formulados ni al año de plazo solicitado por el fiscal y la querella. Los imputados optaron por mantener silencio. El defensor oficial Juan Pablo Laurence dijo que los empleados que representa querían declarar, pero les recomendó hacerlo en otra audiencia.


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