Cavallo absuelto
Se atribuye la negativa del ministro de Economía Axel Kicillof a permitir que un grupo de banqueros locales pagara a los fondos buitre, de tal modo ahorrándole al país la caída en default selectivo que tantos perjuicios ya le ha ocasionado, al temor a verse procesado una vez en el llano por mal desempeño de sus funciones en el caso de que se activara la amenazadora “cláusula RUFO”, según la cual acreedores que habían entrado en uno de los dos canjes podrían exigir un trato igual. Sucede que Kicillof y otros integrantes del gobierno, incluyendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entienden muy bien que, al cambiar la moda ideológica imperante en el país, sus adversarios no vacilarían en acusarlos de haber cometido no sólo errores gravísimos sino también, lo que desde su punto de vista sería peor, irregularidades por las que podrían terminar entre rejas. En otras palabras, no querían compartir el destino del exministro de Economía, Domingo Cavallo, procesado por su papel en el “megacanje” del 2001. Según la fiscal Fabiana León, Cavallo mereció tres años de prisión por “negociaciones incompatibles con la función pública” pero, felizmente para él y para otros que se han visto obligados a negociar con banqueros y acreedores, el Tribunal Oral Federal Nº 4 optó por absolverlo. Es que, como señaló el acusado, el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa se limitó a pagar “las comisiones habituales para esta clase de servicios, incluso menores a las habituales” que, como es normal en el mundo de las finanzas, suelen ser muy altas, de ahí las sospechas de quienes se oponen a cualquier intento de alcanzar acuerdos con entidades extranjeras. Por ser tan grande la brecha cultural que separa a la elite política e intelectual de nuestro país de sus equivalentes del mundo desarrollado, los funcionarios responsables de las relaciones financieras con el exterior tienen que manejarse con sumo cuidado, lo que hace todavía más ardua una tarea que de cualquier modo sería muy difícil. Hay tantos convencidos de que las finanzas son de por sí corruptas que a los interesados en hostigarlos ante la opinión pública nunca les faltarán pretextos para hacerlo. Los ayuda la propensión nacional a judicializar virtualmente todo con el propósito de hacerles la vida imposible a políticos antes populares caídos en desgracia como Cavallo. La negativa a distinguir entre lo que, andando el tiempo, sería legítimo calificar de errores políticos por un lado y, por el otro, delitos, ha contribuido mucho a envenenar el clima político nacional. También ha tenido consecuencias perversas la voluntad de tantos de subordinar todo a sus propios prejuicios ideológicos. El error principal de Cavallo fue creer que la clase política nacional y el empresariado aceptarían los límites supuestos por la convertibilidad, esquema según el que todos tendrían que resignarse a un grado de disciplina económica que no sería excesivo para los países del mundo desarrollado. Se equivocó: lo mismo que sus equivalentes griegos, italianos, españoles y portugueses al adoptar sus países respectivos el euro, políticos y empresarios aprovecharon la insólita estabilidad monetaria posibilitada por la convertibilidad para endeudarse hasta el cuello, con resultados que, en retrospectiva, parecerían previsibles. Pecar de optimismo puede tener consecuencias desastrosas, pero no es un delito. De todas formas, a Cavallo, que había competido con Carlos Menem para erigirse en el dirigente emblemático de la década de los noventa que, para construir poder, satanizarían los Kirchner y sus simpatizantes, le tocó figurar como el gran culpable de lo que fue una catástrofe colectiva y por lo tanto blanco predilecto de muchos enemigos que, por motivos más ideológicos que judiciales, querrían castigarlo por el fracaso de su gestión quijotesca como ministro de Economía del gobierno de la Alianza. Puesto que, de confirmarse las previsiones de quienes sospechan que la economía nacional está por experimentar un derrumbe equiparable con el que siguió al colapso de la convertibilidad, Kicillof podría encontrarse en una situación parecida, es comprensible que haya preferido no arriesgarse permitiendo que se pactara a tiempo con los fondos especulativos, una decisión que tal vez le haya convenido a él pero que no ha beneficiado en absoluto al país.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 10 de octubre de 2014
Se atribuye la negativa del ministro de Economía Axel Kicillof a permitir que un grupo de banqueros locales pagara a los fondos buitre, de tal modo ahorrándole al país la caída en default selectivo que tantos perjuicios ya le ha ocasionado, al temor a verse procesado una vez en el llano por mal desempeño de sus funciones en el caso de que se activara la amenazadora “cláusula RUFO”, según la cual acreedores que habían entrado en uno de los dos canjes podrían exigir un trato igual. Sucede que Kicillof y otros integrantes del gobierno, incluyendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entienden muy bien que, al cambiar la moda ideológica imperante en el país, sus adversarios no vacilarían en acusarlos de haber cometido no sólo errores gravísimos sino también, lo que desde su punto de vista sería peor, irregularidades por las que podrían terminar entre rejas. En otras palabras, no querían compartir el destino del exministro de Economía, Domingo Cavallo, procesado por su papel en el “megacanje” del 2001. Según la fiscal Fabiana León, Cavallo mereció tres años de prisión por “negociaciones incompatibles con la función pública” pero, felizmente para él y para otros que se han visto obligados a negociar con banqueros y acreedores, el Tribunal Oral Federal Nº 4 optó por absolverlo. Es que, como señaló el acusado, el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa se limitó a pagar “las comisiones habituales para esta clase de servicios, incluso menores a las habituales” que, como es normal en el mundo de las finanzas, suelen ser muy altas, de ahí las sospechas de quienes se oponen a cualquier intento de alcanzar acuerdos con entidades extranjeras. Por ser tan grande la brecha cultural que separa a la elite política e intelectual de nuestro país de sus equivalentes del mundo desarrollado, los funcionarios responsables de las relaciones financieras con el exterior tienen que manejarse con sumo cuidado, lo que hace todavía más ardua una tarea que de cualquier modo sería muy difícil. Hay tantos convencidos de que las finanzas son de por sí corruptas que a los interesados en hostigarlos ante la opinión pública nunca les faltarán pretextos para hacerlo. Los ayuda la propensión nacional a judicializar virtualmente todo con el propósito de hacerles la vida imposible a políticos antes populares caídos en desgracia como Cavallo. La negativa a distinguir entre lo que, andando el tiempo, sería legítimo calificar de errores políticos por un lado y, por el otro, delitos, ha contribuido mucho a envenenar el clima político nacional. También ha tenido consecuencias perversas la voluntad de tantos de subordinar todo a sus propios prejuicios ideológicos. El error principal de Cavallo fue creer que la clase política nacional y el empresariado aceptarían los límites supuestos por la convertibilidad, esquema según el que todos tendrían que resignarse a un grado de disciplina económica que no sería excesivo para los países del mundo desarrollado. Se equivocó: lo mismo que sus equivalentes griegos, italianos, españoles y portugueses al adoptar sus países respectivos el euro, políticos y empresarios aprovecharon la insólita estabilidad monetaria posibilitada por la convertibilidad para endeudarse hasta el cuello, con resultados que, en retrospectiva, parecerían previsibles. Pecar de optimismo puede tener consecuencias desastrosas, pero no es un delito. De todas formas, a Cavallo, que había competido con Carlos Menem para erigirse en el dirigente emblemático de la década de los noventa que, para construir poder, satanizarían los Kirchner y sus simpatizantes, le tocó figurar como el gran culpable de lo que fue una catástrofe colectiva y por lo tanto blanco predilecto de muchos enemigos que, por motivos más ideológicos que judiciales, querrían castigarlo por el fracaso de su gestión quijotesca como ministro de Economía del gobierno de la Alianza. Puesto que, de confirmarse las previsiones de quienes sospechan que la economía nacional está por experimentar un derrumbe equiparable con el que siguió al colapso de la convertibilidad, Kicillof podría encontrarse en una situación parecida, es comprensible que haya preferido no arriesgarse permitiendo que se pactara a tiempo con los fondos especulativos, una decisión que tal vez le haya convenido a él pero que no ha beneficiado en absoluto al país.
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