Cinco Saltos: tensión con ocupantes

Los ocupantes sitiaron la municipalidad a la espera de respuestas a sus reclamos.

Oscar Livera

CINCO SALTOS (ACE).- Los integrantes de varias tomas en Cinco Saltos se plantearon en conflicto con la comuna ayer, amenazaron con ocupar el edificio municipal y al cierre de esta edición una veintena de personas de la toma ubicada al lado del IPPV permanecían en el interior del Concejo Municipal a la espera de una respuesta de los concejales a sus pedidos. “No estamos tomando aún”, dijo uno de los voceros del grupo, en tanto la presidenta del Concejo; Patricia Etcheverry, reafirmó que las personas en el Concejo “no están ocupando el municipio, están esperando una respuesta que no le podemos dar y así se lo hemos explicado; veremos hasta cuándo continuamos así”, dijo. El momento de mayor tensión se produjo por la mañana, cuando un niño de unos cinco años que estaba con las familias que reclamaban en la vereda del municipio, fue atropellado por una moto en la calle. Según se indicó desde los mismos manifestantes “sólo fue un susto” (habría sido un momento en el que el niño se escapó de sus cuidadores), ya que los estudios médicos practicados al menor no arrojaron lesiones. Pero esta situación no hizo más que enervar los ánimos y las exigencias de los diferentes grupos de usurpadores que a los gritos desde afuera del edificio planteaban sí o si que la comuna les emita un reconocimiento como ocupantes para poder tramitar los servicios ante Edersa. “Hace tres años que estamos en la toma pidiendo luz y agua y no tenemos solución, lo que nos piden es que saquemos a cinco familias para llevarlos a otro lugar, y nosotros no queremos”, dijo Gabriel Muñoz, quien se presentó como vocero de la toma cercana al plan IPPV. Etcheverry clarificó que el conflicto es con cuatro grupos de tomas, algunas están en terrenos municipales y otras en terrenos privados que la comuna ha pedido expropiación a la legislatura, pero esto aún no está definido. Detalló que el municipio no está dispuesto a convalidar situaciones ilegales y por ello en ese sector usurpado lindero al plan IPPV desalojaron a cuatro familias “que llegaron último, no tienen nada construido y pusieron unas carpas. Pero las sacamos del lugar y volvieron; les ofrecemos reubicación y no quieren, así es que por el momento no tenemos solución”. Aseguró que mientras la mayoría de los concejales está bajo la misma postura, sectores de la oposición les habría prometido a los ocupantes, una posible legalización. “La municipalidad no puede hacer una denuncia a la toma, como lo hizo Ignacio Del Mazo hace dos años, y ahora pretender ver la medida; es una misma municipalidad la que tiene que tener una línea de legalidad”, se quejó Etcheverry. Por la mañana, cuando la situación era muy complicada por los ánimos crispados de los manifestantes, la subsecretaria de derechos humanos de la provincia (que ocasionalmente estaba en la comuna por la firma de un convenio) Gladys Cofré, medió hasta lograr una vía de diálogo entre los manifestantes en el exterior del edificio y los concejales, en el interior.