Ciudadanos y el desafío de los servicios públicos

Las funciones y roles del «Estado-empresario» quedaron significativamente modificadas: dejó de prestar, pasando a intensificar, conforme eran las premisas perseguidas, los mecanismos de regulación y de control de la actividad prestacional que hasta la fecha continúan bajo su órbita. De ahí el nacimiento en la República Argentina de los llamados «entes reguladores», en su mayoría creados por decreto (tales como la Comisión Nacional de Comunicaciones, el ENRE, el ETTOS), cuya misión no es otra que la de fiscalizar la debida y adecuada prestación del servicio, contando con herramientas jurídicas altas y eficaces para lograr la protección de los derechos de los usuarios, amparados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Muchas veces se afirmó que los servicios públicos «fueron vendidos a terceros», esto es a grupos o consorcios privados, en su mayoría conformados con capitales extranjeros. Tal interpretación resulta incorrecta. No puede perderse de vista que el cambio operado mostró una profunda transformación del esquema estadual, ya que los servicios son brindados por personas jurídicas (empresas) distintas del Estado, pero ellas adquirieron dicho cometido por medio de concesiones, licencias o permisos con una limitación temporal expresa, impuesta en cada contrato administrativo celebrado.

Nada impediría a las autoridades ejecutivas volver al viejo esquema, con las consecuencias lógicas y jurídicas que ello traería aparejado. Pero las políticas y decisiones de gobierno demuestran lo contrario. Desde el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación se estructuran varios proyectos y grandes avances enfocados en la revisión de algunas concesiones otorgadas y/o en la modificación de aspectos críticos de la gestión anterior, que produjeron irritables pero justificadas reacciones tanto de los usuarios como de las organizaciones no gubernamentales que los protegen. Una de esas cuestiones es la reducción de las tarifas de los servicios públicos y de los mecanismos de reajuste establecidos en los instrumentos correspondientes, no debiendo olvidar la apertura de los monopolios, que también se persigue.

Ahora bien, el cronograma de gestión que hasta ahora se conoce pareciera olvidarse de algunos puntos de vital importancia, que paradójicamente merecieron constantes críticas de las autoridades que integran el actual gobierno, tales como la activa y directa participación de las asociaciones de usuarios y consumidores en las entidades reguladoras, sus mecanismos de financiamiento; la plena autonomía de los entes (que siguen estando bajo la órbita estatal); la escasa información brindada al ciudadano sobre las decisiones que se adoptan y los recursos con que cuentan para hacer valer sus derechos; la dotación de recursos económicos y humanos para lograr un eficaz y real control de gestión y de calidad respecto de las actividades prestacionales, entre otros.

Tampoco hay que dejar de lado la responsabilidad que le cabe al Congreso de la Nación en materia de servicios públicos, toda vez que son los legisladores los que deben procurar, de una vez por todas, que sean incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico disposiciones normativas que reglamentan varias de las cuestiones antes descriptas, haciendo fiel cumplimiento a lo previsto en la carta magna que desde 1994, año en que operara la reforma constitucional, aún siguen esperando en un texto escrito.

Seamos positivos y pacientes. No sólo los ciudadanos aguardamos que las autoridades actúen. Hay otros que se hallan en igual situación, con la diferencia de que, por suerte, los seres humanos podemos expresarnos y comunicarnos para que las situaciones se modifiquen. ¿Durante el transcurso del nuevo milenio tendremos suerte, o habrá que aguardar más?

(*) Profesora de UBA, UB y Univ. de Salta