El “lado C” del debate tarifario

Desde hace tres semanas, los últimos aumentos en las tarifas de gas y electricidad pasaron a ocupar el centro de la escena en el Congreso y abrieron una grieta política infrecuente, con fisuras previas en el oficialismo (ante el pedido de Elisa Carrió y la UCR de alivianar las nuevas facturas) y la reunificación –aunque más no sea transitoria– de las dispersas vertientes del peronismo tras el reclamo opositor de retrotraerlos por ley al año pasado (noviembre o enero) en un caso sin antecedentes cercanos.

El acuerdo entre los socios de Cambiemos para “aplanar” los mayores pagos de gas en invierno mediante el prorrateo de una cuarta parte –en cuotas con interés– durante el verano permitió frustrar por un voto el intento de la oposición en Diputados de tratar sobre tablas el congelamiento retroactivo de tarifas. Una posibilidad más que dudosa, ya que hubiera requerido el voto de dos tercios de los presentes, aunque cumplió con el objetivo de endosarle al gobierno de Mauricio Macri el costo político de no convalidarla.

Luego la Casa Rosada redobló la apuesta y sacó a relucir un argumento que podría considerarse el “lado B” de la cuestión tarifaria: las facturas incluyen impuestos (nacionales, provinciales y municipales) que representan entre 27% y 45% del monto total que pagan los usuarios y varían según las distintas jurisdicciones. De ahí que, desde Vaca Muerta, el propio Macri les pidiera a gobernadores e intendentes municipales que eliminen todos los gravámenes y tasas sobre los servicios públicos, salvo el IVA (21%) e Ingresos Brutos (con el tope de 5% para este año acordado en el Consenso Fiscal) y cuya recaudación, al igual que las tarifas, viene creciendo por encima de la inflación. De inmediato la gobernadora María Eugenia Vidal, quien hizo punta con una reducción inmediata del 6 al 15% en la provincia de Buenos Aires, donde esas cargas tributarias son las más altas del país.

Con este ingrediente, transformado luego en un proyecto de ley para “transparentar” las facturas, el oficialismo aportó quórum para la siguiente sesión de Diputados, pero sin que se votara nada, y el debate pasó para hoy en comisión en lo que puede ser la tercera ronda de este conflicto que, en caso de aprobarse la ley, forzará un veto presidencial. El motivo es que, si se anulara la suba de tarifas, aumentarían en no menos de $ 80.000 millones los subsidios al consumo y el déficit fiscal, justo cuando se encareció el costo del endeudamiento (externo e interno) para financiarlo. No por casualidad Macri recordó en su mensaje que en el 2017 los subsidios treparon a $ 125.000 millones y ubicaron al déficit en $ 400.000 millones.

Hasta ahora parece difícil llegar a algún acuerdo político con posiciones cada vez más enfrentadas.

Por un lado, el oficialismo acusa a la oposición de hacer demagogia con las tarifas al proponer un remedio peor que la enfermedad ya que haría recaer la deuda sobre todos los sectores sociales. Por otro, la oposición acusa al gobierno de insensibilidad ante el malestar provocado por los aumentos, aunque se desentiende del costo fiscal de una eventual marcha atrás. Y además se abrió un nuevo frente de tormenta entre la Casa Rosada y los gobernadores e intendentes, que rechazan por inconstitucional la eliminación de impuestos en servicios con regulaciones provinciales. Algunos incluso fueron más allá al proponer la suspensión del IVA en las facturas, aunque significaría un tiro en el pie ya que la mitad de la recaudación se coparticipa con las provincias.

En este marco, también apareció un “lado C” ausente del debate tarifario, planteado días atrás por el economista jefe de FIEL, Fernando Navajas. Durante un foro organizado por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (Iaegm), explicó que el retraso tarifario del período 2001/2015 fue el mayor en 70 años (con una caída real de 73%) y desembocó en subsidios estatales a la energía equivalentes a u$s 18.600 millones (3% del PBI) a fin del 2015. Y que en los dos años posteriores de recuperación de tarifas (2016 y 2017) fueron reducidos a u$s 9.700 millones (1,7% del PBI), entre electricidad (u$s 5.300 millones) y gas natural (u$s 2.700 millones, con una deuda de 1.300 millones por el plan Gas).

Sin embargo el dato más impactante fue que ese ajuste fiscal a nivel nacional (“más semejante a una suba de impuestos que a un ahorro de gasto público”, dijo) agrega una transferencia adicional de recursos desde los consumidores que estimó en nada menos que u$s 16.500 millones (5% del PBI). Según Navajas, esta cifra surge de considerar los cambios registrados desde el fin del 2015 en los precios internacionales; el tipo de cambio real; el sendero ascendente de precios mayoristas de la energía; los márgenes de transporte y distribución y los impuestos “olvidados” durante los años de atraso tarifario.

La mesa redonda del Iaegm (de orientación radical y que preside el exsecretario de Energía, Jorge Lapeña) fue noticia por la inesperada presencia del ministro Juan José Aranguren, aunque se retiró antes de la ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, la exposición de Navajas dejó mudos a los participantes. Sobre todo cuando concluyó que la mitad de la transferencia de ingresos desde la demanda recae sobre las familias y, si bien esto impone gradualismo, ir demasiado rápido puede no ser sostenible, por lo cual requiere equilibrios múltiples y una adecuada coordinación macroeconómica.

El retraso tarifario del período 2001/2015 fue el mayor en 70 años y desembocó en subsidios estatales a la energía equivalentes a u$s 18.600 millones (3% del PBI) a fin del 2015.