Por la vida de las mujeres pobres

No puedo permitir que ustedes, señores diputados, que los ministros de este gobierno o que el señor Presidente pequen de ingenuos: cuando dicen ‘estoy de acuerdo con la vida’ están haciendo una operación del lenguaje para separar a la sociedad. Yo también estoy por la vida y defiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Les pido por favor, no nos ofendan más. Todos estamos por la vida”, sostuvo la escritora Claudia Piñeiro en la jornada plenaria para el tratamiento de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación.

El lenguaje genera realidades, quien logre definir qué se está discutiendo tiene buena parte del debate ganado.

Los medios masivos de comunicación que ocupan posiciones dominantes tienen la capacidad de incidir en las definiciones de los debates públicos, en la medida que pueden definir el eje del debate.

A modo de ejemplo, “Una nueva “ley mordaza” que apunta a silenciar determinadas voces”, tituló Clarín cuando comenzó el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claramente no es lo mismo hablar de “mordazas” que de “servicios de comunicación”. La definición de lo que se debate es clave.

Existió una tensión similar cuando se aprobó la ley de “matrimonio igualitario”. Los sectores que resistían esta ampliación de derechos la denominaban “ley de matrimonio homosexual”. Una definición pone el acento en la igualdad, mientras que la otra definición pone el eje en la pertenencia a una minoría.

Esta situación ya había sido planteada en el texto de Arthur Schopenhauer “El arte de tener razón”, en la Estratagema XII denominada Conceptualizar, según la cual “con la palabra, en la denominación utilizada, damos ya por supuesto aquello que queremos probar y que luego derivamos mediante un simple juicio analítico”.

Según Schopenhauer “mediante el uso de la conceptualización, lo que hacemos es anticipar nuestra postura ante el tema en discusión y ganar terreno.”

En ese marco, ¿qué debatimos en la actualidad?

Según el informe “El acceso al aborto en Argentina una deuda pendiente” de Amnistía Internacional, “durante los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna y han representado un tercio del total de esas muertes. Las estadísticas del quinquenio 2007-2011 muestran que el 23% de las muertes maternas derivaron de abortos inseguros”.

En el mismo informe, se plantea que estimaciones realizadas en 2006, indicaban que en el país se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año.

Es decir, las mujeres realizan abortos clandestinos. Esto genera un negocio y condiciones seguras de atención para determinados sectores privilegiados de la sociedad. Paralelamente las mujeres en situación de pobreza son criminalizadas y ponen en riesgo sus vidas.

Asimismo, concluye Amnistía Internacional que “una forma de manifestación de la violencia ejercida contra la mujer se desarrolla en la batalla por el control de la vida y cuerpos de las mujeres, que se libra de forma especialmente encarnizada en torno al aborto. Todos los años, los abortos en condiciones de riesgo le cuestan la vida a miles de mujeres”.

En la misma línea, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni sostuvo que el aborto “hay que sacarlo de la clandestinidad para poder prevenirlo y así por extensión prevenir la muerte de mujeres que no tienen acceso”.

La temática está atravesada por relaciones de poder y por intereses políticos e ideológicos. El debate es por las violencias que sufren las mujeres, por el derecho a decidir, por la vida de las mujeres en situación de pobreza.

(*) Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Docente de la UNRN