Un brazo para Grecia

darío tropeano (*)

Desde un lugar muy lejano de la Argentina, he observando con asombro y estupor el desenlace de los acontecimientos que han marcado el destino de Grecia, país del que nos hemos ocupado desde estas páginas. Afirmamos aquí que la reestructuración de la deuda griega –la más importante de la historia– no iba a funcionar dada la magnitud del monto acumulado, aun con la quita obtenida (más de 315.000 millones de euros), y el modo en que las fuerzas financieras supraestatales manipularon la caída helénica (“vagancia griega”). Luego de pocos años de aquella renegociación donde se impusieron condiciones de ajuste draconianas, la economía no dejó de reducirse: 30% de caída desde el primer rescate con reestructuración, superior incluso a los índices de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. Durante los últimos 70 meses (casi seis años) ha crecido sólo durante nueve meses (fuente RBS economic); la relación deuda PBI aumentó del 150 al 180% desde la quita hasta el 2014. ¿Para qué han servido entonces aquellos rescates de los años 2010/12, los cuales fueran comandado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE)? Lo llamativo fue que los rescates implicaron disponer de recursos públicos de ambas instituciones para canjear deuda de bancos alemanes y franceses y de algunos inversores privados. Tanto el FMI como el BCE detentan actualmente más del 70% de la deuda griega; ésta ha sido la democracia de la globalización. El gobierno de izquierda del partido Syriza ganó la elecciones en el 2015 bajo la promesa del rechazo de las políticas de austeridad impuestas por el FMI y el BCE. Durante meses buscó un nuevo rescate y reestructuración de deuda dado el grave cuadro social que se abate en el país. Su ministro de Economía, Yannis Varoufakis, negoció con firmeza un acuerdo que no implicara nuevas medidas de ajuste y privatización del escaso patrimonio público restante luego del primer acuerdo, llegando afirmar hace unos días –antes de su renuncia– que prefería que le cortaran un brazo antes de firmar un ajuste sin quita y reestructuración de la deuda griega. La Unión Europea y el FMI exigían más ajuste y privatización para un nuevo salvamento de los bancos griegos (absolutamente insolventes) y el gobierno debió establecer un corralito como la Argentina en el 2001. ¿Recordamos todos aquella situación? Es más, la izquierda gobernante llamó a un rápido plebiscito hace pocos días para preguntar a sus ciudadanos si aprobaban las políticas de ajuste exigidas por aquellas instituciones, cuyo resultado arrojó más de un 60% de rechazo. ¿Qué pasó entonces? Pues que el gobierno, ante el cuestionamiento de la UE y el FMI a la gestión del ministro de Economía Varoufakis –quien con dignidad decidió renunciar–, acabó cerrando un acuerdo de ajuste clásico. El convenio prevé prolongar los plazos de pago de la deuda y establecer un rescate de más de 80.000 millones de euros y un fondo de privatización de 50.000 millones de euros para salvar bancos privados y pagar deuda pública a cambio de empresas estatales. Además, el aumento de la edad jubilatoria, liberación de las restricciones a la inversión externa, modificaciones de la legislación laboral que incluyen la reforma del régimen de despido y paritarias, modificación del régimen de jubilaciones y pensiones (algunas de cuyas disposiciones fueron reincorporadas por el actual gobierno este año). Se prevé además la privatización del sistema de provisión de electricidad y puertos, la implementación total de las disposiciones del Tratado de Estabilidad y Gobierno Económico y Monetario de la UE. El primer ministro Alexis Tsipras dijo, luego del acuerdo, que ahora Grecia debía luchar para recuperar su soberanía, lo cual significa no sólo el reconocimiento de la traición a sus votantes sino la puerilidad de pensar que inmediatamente después de entregarla piensa abocarse a recuperarla. El exministro Varoufakis fue echado de dos reuniones mantenidas con el Eurogrupo durante las negociaciones del acuerdo, dada su resistencia a la aceptación de entregar al país a la tutela de las instituciones financieras europeas. Como venimos afirmando desde hace varios años desde esta columna, fuerzas que controlan a las autoridades políticas de Europa y Estados Unidos han construido una globalización financiera que elimina las identidades nacionales, su legislación, su política arancelaria y agrícola y sus sistemas regulatorios. Varoufakis lo ha dicho en su blog hace pocas horas: fuerzas oscuras dominan Europa y, aunque sus líderes me decían que teníamos razón, afirmaban que nos iban aporrear hasta que aceptáramos sus condiciones. Alemania dirige la Unión Europea, aquella creada por Estados Unidos e Inglaterra luego de la Segunda Guerra Mundial (que entonces se denominaba “proyecto europeo”) en el Congreso Europeo celebrado en la Haya –Holanda– en 1948, el que estableció la necesidad de una moneda común y la unificación política del continente, que se concretara en 1992. Pero esa conducción esconde la intención de las propias elites dominantes a las que les resulta ventajoso un mercado único, donde la uniformidad ha dado paso a las desigualdades en las clases sociales, las que asimismo se han uniformado en toda Europa. La uniformidad ha ido hacia abajo con un descenso del nivel de ingresos alarmante a partir del inicio de la crisis hace ya casi siete años, proceso similar al que observamos en Estados Unidos. Las políticas que se aplican son bien conocidas por la Argentina, que padeció ese modelo, el cual eclosionó en el 2001. Desde el 2002 hemos resistido ese esquema de globalización –con todas las contradicciones que podamos imputar– que intenta uniformar los Estados a través de su propio debilitamiento mediante un modelo económico único, concentrado, sostenido con una validación democrática meramente formal que le otorgue sustento. Grecia bien pudo salir del euro (moneda de un proyecto político y económico en caída) y volver a manejar los resortes de su economía, no sin atravesar antes dificultades para lograr el equilibrio económico. Optó en cambio por más ajuste, sin obtener una nueva quita que resulta imprescindible dada la insostenibilidad de su deuda. El costo político para el partido gobernante será enorme y el descontento social irá en aumento, dada la gravedad de las concesiones realizadas. La concepción de un Estado corporativo en manos privadas se ha impuesto mediante una particular traición política articulada desde un partido de izquierda griego, pero sin embargo la crisis de la globalización anglosajona es tan profunda que nuevas turbulencias nos esperan a corto plazo. (*) Abogado. Docente de grado y Posgrado en la Facultad de Economía de la UNC