Condenan a 12 ex represores chilenos
Por primera vez en la transición, doce ex altos mandos del Ejército fueron condenados por la Justicia chilena por un crimen cometido durante la dictadura. El juicio por el asesinato de Tucapel Jiménez es uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos. Al autor material lo sentenciaron a perpetua.
SANTIAGO (Reuters) – Doce ex militares chilenos fueron condenados el lunes por el asesinato hace 20 años del sindicalista Tucapel Jiménez, uno de los líderes de la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, en un dictamen que fue resistido por los representantes de su familia.
Tras una prolongada investigación, el juez Sergio Muñoz dictaminó la culpabilidad de los ex uniformados en uno de los crímenes que caló más hondo entre los chilenos a principios de la década de 1980. (ver aparte)
El magistrado ordenó la prisión perpetua del autor material del asesinato, el ex mayor Carlos Herrera, y penas de cárcel para los demás participantes. «Se condena a Carlos Herrera a la pena única de presidio perpetuo por su responsabilidad de autor en los delitos de homicidio calificado de Tucapel Jiménez perpetrado el 25 de febrero de 1982 en la comuna de Lampa», afirmó el fallo.
Entre los condenados cuatro son generales retirados de ejército y uno de ellos, Ramsés Alvarez, pagará con 10 años de cárcel por ser el autor intelectual del crimen. Los otros, en calidad de encubridores, sólo recibieron 800 días de cárcel.
Pese a que otros 11 militares eran procesados, sólo seis fueron condenados, con penas que van de 541 días a ocho años de cárcel. «Vamos a apelar, porque las penas fueron bajísimas. Los tribunales debieran establecer condenas ejemplares, para que nunca más vuelvan a ocurrir estos crímenes», dijo el hijo homónimo del dirigente, Tucapel Jiménez.
Este fallo es el primero que afecta a altos oficiales del ejército por un crimen ocurrido en el país durante el régimen de Pinochet, quien gobernó con mano dura Chile entre 1973 y 1990.
Sólo otros dos colaboradores del ex dictador han ido a parar a la cárcel por orden de la justicia local: los ex jefes de la policía secreta de la dictadura Manuel Contreras y Pedro Espinoza, autores intelectuales del atentado que costó la vida al ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en 1976.
Los aparatos represivos de la dictadura han sido acusados de más de 3.000 muertes o desapariciones y 30.000 casos de tortura. Pero tras 12 años desde la vuelta a la democracia, sólo los casos Letelier y Jiménez han llegado a un fallo final. «Los jueces actúan dentro de sus medios y, en realidad, nosotros tratamos de hacer claridad y dar certeza a la sociedad en la medida que nos es posible», comentó Muñoz.
Un caso difícil
La compleja historia del caso Tucapel, como se llamó, partió a días del homicidio. La investigación le fue encargada a un juez laboral, Sergio Valenzuela, con nula experiencia criminal y cuyo hijo trabajaba para la policía secreta de la dictadura.
El proceso estuvo en sus manos 16 años. Al cabo de ese período, sólo identificó al autor material, Carlos Herrera.
Debido al escaso avance de las pesquisas, la Corte Suprema le arrebató el proceso y se lo entregó en 1998 al juez Muñoz quien, en cuatro años estableció a los autores, cómplices y encubridores, ratificados después por la confesión de Herrera. «Los medios y el contexto histórico en que trabajó Valenzuela impidieron un mayor avance», justificó Muñoz a su colega.
Tucapel, una pesadilla para la dictadura
Tucapel Jiménez, presidente del sindicato de los empleados fiscales chilenos, era uno de los pocos líderes que en el verano de 1982 representaba una seria preocupación para la dictadura de Pinochet, desgastada por una de las recesiones más duras de la historia chilena.
Jiménez, de extracción democratacristiana, fue secuestrado por una patrulla de Inteligencia del Ejército, según se estableció en el proceso, y su cadáver apareció en las afueras de Santiago, degollado y con cinco impactos de bala, el 25 de febrero de 1982.
El líder sindical era visto como uno de los pocos dirigentes capaces de unir al movimiento sindical junto al mundo político y la civilidad. Jiménez tenía además contactos con entidades extranjeras y se le atribuyó el boicot de productos chilenos que encabezó la entidad sindical estadounidense AFL-CIO.
Su meta era iniciar un paro nacional que obligara a renunciar a Pinochet.
El 17 de febrero de 1982, convocó al paro para marzo. Sus palabras hicieron que Pinochet advirtiera a quienes «en estos momentos realizan acciones contrarias al gobierno: ¡tengan mucho cuidado señores!». Días después, aparecía muerto en el taxi en que trabajaba para conseguir ingresos extras.
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