Confesión oficial: si Canal 10 sigue con Artear, no sirve a la provincia
ROCA (AR).- De mantenerse sin variaciones la relación entre el Estado provincial y la firma Artear, Canal 10 nunca volverá a ser provechoso para los rionegrinos. Esa es la visión del interventor de la emisora, Alejandro Kunz, quien días atrás elevó un desalentador informe a Gobernación y Legislatura sobre el presente y futuro de la UTE que comanda la emisora.
Para avalar su crítica postura sobre el rol del Estado en la sociedad, Kunz incluso cuestionó la utilidad de su cargo, ya que «todas las decisiones las toma Artear y el interventor estatal apenas es responsable de verificar el cumplimiento del contrato, algo que tranquilamente puede hacer un empleado administrativo».
«Como eso es lo único que tengo que hacer, lo hice. De allí es que surge la necesidad de redefinir la relación con Artear, porque entiendo que son varios los puntos objetables», completó.
A través de fuentes legislativas este diario tuvo acceso al documento elaborado por el interventor de Canal 10 y en una posterior consulta, Kunz ratificó su desacuerdo con la situación actual de la empresa.
El documento fue remitido al gobernador Miguel Saiz, al presidente de la Legislatura, Mario de Rege, y al titular de Control de Gestión de Empresas Públicas, Alberto Croceri. Menciona por ejemplo que Artear se comprometió en 1998, cuando se asoció al Estado a garantizar la provisión de equipamiento técnico y dotar de medios al canal para su correcto funcionamiento.
«Las producciones regionales corresponden a proyectos privados que compran el espacio y para el informativo se contrató a una productora. Para saber dónde estamos parados hay que imaginarse qué le quedaría a Canal 10 si Artear decide irse hoy: casi nada y eso no es lo que dice el convenio», sostuvo el interventor.
El último intento por reencauzar la relación entre los miembros de la UTE se dio hace tres meses, cuando se firmó un acta acuerdo en el que el gobierno se comprometió a cancelar el millón de pesos de deuda con Telefónica para que la señal regrese a las 21 repetidoras de la provincia.
En realidad se trató de una triangulación, porque la deuda del Estado es con Artear (numerosas cuotas de 37.500 pesos mensuales impagas) y a su vez la firma aparece como responsable del pasivo con Telefónica.
Sin embargo, hasta ahora -y por motivos que Kunz dijo desconocer- las soluciones no llegaron. Otras fuentes consultadas indicaron que Artear aún mantiene condicionamientos para rubricar los acuerdos.
Más allá de esto, en el acta firmada hace tres meses -donde el Ejecutivo estuvo representado por el secretario de Comunicación, Claudio Mozzoni- también se convino que, de los actuales 29 empleados, 15 volverán a la órbita estatal y además el Estado debe hacerse cargo de su transporte hacia la planta transmisora de la zona norte, entre otras obligaciones.
Lo que no cedió Artear fueron las decisiones editoriales respecto del contenido de las emisiones, según contestó Kunz a una pregunta de «Río Negro».
«El gobierno tiene tres opciones: rescindir totalmente el contrato original, reformularlo para que la finalidad con la que se creó Canal 10 sea respetada, o seguir como hasta ahora con todo lo que ello implica», puntualizó el interventor.
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