Confirman una condena a María Julia

BUENOS AIRES- A punto de cumplir un mes en libertad, María Julia Alsogaray quedó amenazada nuevamente por el fantasma de la prisión, después de que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmara la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo contra la ex funcionaria del gobierno justicialista de Carlos Menem por el delito de «enriquecimiento ilícito».

El fallo no implica que la funcionaria tenga que volver ya mismo tras las rejas, pues la defensora oficial que la representa presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual aleja un eventual regreso a la cárcel hasta que el tribunal se expida.

Pero la ratificación de Casación implica, además, un antecedente que podría jugarle en contra si, en alguna de las 49 causas que María Julia tiene abiertas, recibiera una nueva condena. Cualquiera fuere el monto de esa pena, tendría que cumplirlo en prisión.

El dato no es menor teniendo en cuenta que hay tres causas que se encuentran en trámite de juicio oral por la contratación sospechosa de una agencia de publicidad para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, la venta de terrenos de Radio Nacional y las posibles irregularidades en la refacción de la Secretaría de Medio Ambiente.

El 12 de agosto de 2003, María Julia fue detenida cuando se le dictó el quinto procesamiento. Estuvo 21 meses presa y durante su estadía en la división Delitos Complejos de la Policía Federal, recibió la condena a tres años de cárcel de cumplimiento efectivo por no poder justificar su enriquecimiento.

Aparte de los tres años de cárcel y los seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el Tribunal Oral Federal 4 la intimó a devolverle al Estado los 500 mil dólares que ella argumentó haber cobrado como honorarios por parte de la firma Astilleros Alianza, algo que no se consideró probado, y los 622 mil pesos declarados como fondos reservados recibidos durante el gobierno de Carlos Menem.

La defensa oficial presentó una apelación en la que planteó la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito y de la ley 18.302 que permitió el pago de sobresueldo.

Según María Julia, «el mismo sistema perverso e ilegal del cobro de sobreasignación generó propias trampas en perjuicio de sus supuestos beneficiarios: no dejó rastros, no hay recibos firmados ni contabilidad que acredite el cómo, ni el cuando, ni el cuánto».

Pero el planteo fue rechazado por los jueces Gustavo Hornos, Pedro David y Amelia Berraz de Vidal, mediante una resolución de un centenar de páginas en las que se dejó firme la condena a tres años de prisión, la inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos y el decomiso de 622 mil pesos y 500 mil dólares. (DyN/Télam)