Confirmaron exoneración por filtraciones judiciales

ROCA (ACE).- La Cámara Federal de Roca confirmó la exoneración de la exprosecretaria penal del Juzgado de primera instancia, Susana Ricci, por considerarla responsable de haber filtrado información relativa a la investigación de una megacausa de tráfico de estupefacientes en la región. La sanción fue decidida el 23 de mayo por los jueces Mariano Lozano, Ricardo Barreiro y Guido Otranto, en una extensa resolución en la cual le rechazaron la renuncia de la exempleada -que se había producido mientras avanzaba el sumario- para imponerle la exoneración, un despido agravado que conlleva el impedimento para volver a trabajar en dependencias estatales. Ricci había sido exonerada en diciembre por el entonces juez federal de primera instancia Santiago Inchausti. Pero la exfuncionaria judicial apeló la medida con varios argumentos, entre ellos, que aquel magistrado no tenía facultades suficientes para dictar una medida disciplinaria tan grave como la exoneración y que aún no está resuelta la causa penal que la tiene como procesada por presunta participación secundaria en el caso de tráfico de drogas. Los jueces le dieron la razón en cuanto a que Inchausti se había extralimitado en sus facultades y declararon nula la exoneración, pero dictaron una nueva, basándose en la imputación de que Ricci se valió de su lugar en la Justicia Federal de Roca para informar al abogado Juan Luis Vincenty, defensor de las personas investigadas en la causa de narcotráfico, sobre los pasos que estaba llevando a cabo la jueza Carolina Pandolfi, en Neuquén, en busca de detener a los sospechosos Héctor y Ruth Montecino y a otros presuntos miembros de la organización. Los jueces precisaron que no es necesaria la resolución previa de la causa penal para determinar la sanción disciplinaria por cuanto se probó en el sumario que no guardó la “absoluta reserva” que le imponía el reglamento en relación con “todos los asuntos vinculados con la función de agente judicial”. En la resolución se detalló cómo los jueces federales de Roca y Neuquén detectaron entre el 4 y 5 de septiembre de 2010 que la investigación judicial estaba siendo afectada por una filtración interna y decidieron tomar recaudos. Entre otras medidas, intervinieron los teléfonos de Ricci y Vincenty. El 23 de septiembre fue el procedimiento que dejó 16 detenidos y un secuestro de 172 kilos de marihuana, 20 de cocaína y un millón de pesos.