Contra el ahorro
Como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe mejor que nadie, ya que antes de ocurrírsele que sería popular y nacional obligar a todos a pesificar se las arregló para acumular una cantidad impresionante de dólares, la gente suele preferir la moneda estadounidense al peso porque décadas de experiencia le han enseñado que conserva mejor su valor. Por lo tanto, prohibir la compra de dólares a ciudadanos rasos preocupados por el futuro equivale a atentar contra el ahorro, de tal modo privando a la economía de lo que necesitará para desarrollarse, ya que sin inversiones será imposible el crecimiento sustentable. Aunque es factible que los obligados a resignarse a depender del peso opten por gastar su dinero cuanto antes, estimulando así el consumo, sólo se trataría de un beneficio pasajero que, por cierto, no ayudaría al gobierno a encontrar los fondos que tan desesperadamente está buscando para mantener a flote por algunas semanas más el “modelo” populista. Asimismo, para sembrar aún más incertidumbre entre los que ya se sienten asustados por la incapacidad manifiesta de Cristina y sus colaboradores más influyentes para manejar la economía con un mínimo de eficiencia, el gobierno parece decidido a debilitar el sistema bancario: como no podía ser de otra manera, no bien anunció la presidenta que en adelante los bancos tendrían que prestar a entidades “productivas” el 5% de los depósitos procedentes del sector privado –se estima que en los seis meses próximos habrán de aportar 15.000 millones de pesos a las empresas así designadas–, las acciones de las instituciones financieras locales se desplomaron. En un solo día en las distintas plazas bursátiles se esfumó la friolera de 850 millones de pesos. La preocupación que tantos sienten por la evolución de una economía que a juicio de algunos analistas ya ha entrado en una fase recesiva se ha visto agravada por la falta de confianza en el gobierno. No se trata sólo de la oposición lógica de los empresarios y financistas del sector privado al dirigismo sino también de la sospecha difundida de que el gobierno no cuenta con funcionarios debidamente capacitados, de ahí el protagonismo de quienes en su opinión son aficionados improvisados como Guillermo Moreno y Axel Kicillof. Huelga decir que la convicción ya difundida de que la economía está en manos de hombres y mujeres que no saben muy bien lo que les convendría hacer para solucionar los problemas que siguen apareciendo, de los que el más urgente tiene que ver con un creciente déficit fiscal, de por sí hace menos probable una recuperación rápida. Por primera vez el gobierno kirchnerista se encuentra sin dinero para repartir, realidad que, desde luego, está en la raíz de los conflictos políticos motivados por su voluntad de responsabilizar al gobernador bonaerense Daniel Scioli por el ajuste que se inició después de las elecciones presidenciales de octubre pasado. Aunque a Cristina le encanta criticar a los gobernantes de los países desarrollados por no entender cómo debería funcionar la economía en el mundo actual, parece decidida a cometer los mismos errores estratégicos, pero lo está haciendo en circunstancias mucho menos holgadas que las imperantes en Estados Unidos o Europa occidental. La crisis tremenda que está convulsionando a los países desarrollados se debe en buena medida a su resistencia, por motivos políticos, a ahorrar dinero. En cambio, la fortaleza actual de China se basa en el apego al ahorro de sus habitantes. En el muy corto plazo, apostar al consumo y endeudarse a fin de impulsarlo puede parecer una opción muy positiva, pero a juzgar por lo que está sucediendo en el resto del mundo sólo sirve para postergar la hora de la verdad. Asimismo, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, cuyo estallido dio comienzo al desastre financiero que no tardaría en producir estragos en la “economía real”, se vio inflada por una serie de gobiernos, tanto demócratas como republicanos, que forzaron a los bancos a dar créditos a personas que no resultarían capaces de devolverles el dinero. Puesto que es de suponer que los bancos ordenados por Cristina a otorgar créditos a empresas “productivas” no lo habían hecho ya por no considerarlas confiables, puede entenderse la reacción negativa de los inversores frente a la medida.
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