Control popular
La gestión del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, arrancó de manera tan promisoria que los gratamente sorprendidos por su desempeño lo tomaron por un presidente en las sombras. Pero, desgraciadamente para él y para el país, el chaqueño pronto aprendió que para ser un buen kirchnerista tendría que abandonar la racionalidad. Además de dar a entender que comparte la pasión por las teorías conspirativas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Capitanich se ha sentido obligado a hablar como un populista auténtico convencido, como el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, de que la mejor forma de combatir la inflación consistiría en movilizar a militantes para que hubiese “control popular” de los precios. Aunque podría argüirse que se trata de una idea “neoliberal”, ya que en todas partes del mundo capitalista los precios dependen del control popular que se manifiesta a través de los mercados, el esquema previsto por Capitanich y otros kirchneristas se basa en la noción de que el gobierno está en condiciones de fijarlos. Si tuvieran razón quienes piensan así, no habría inflación en ningún país porque los gobiernos la pulverizarían con decretazos, pero sucede que ni siquiera regímenes tan brutales que no vacilan en ejecutar a “especuladores” han sido capaces de eliminar el mal. De todos modos, parecería que, una vez más, los supermercados se verán invadidos por jóvenes con pecheras de La Cámpora que, con sinceridad conmovedora, exhortarán a los consumidores a “mirar para cuidar” en defensa del bolsillo argentino. Aunque es de suponer que tanto Capitanich como el ministro de Economía, Axel Kicillof, entienden que el propósito de la campaña que han decidido reanudar es meramente propagandístico, ya que los intentos anteriores de los militantes de forzar a los comerciantes a reducir los precios no produjeron resultados positivos, sería por lo menos posible que el despliegue sirviera para convencer a los más ingenuos de que el gobierno popular está luchando con tenacidad contra empresarios resueltos a estafarlos. En tal caso, el gobierno obtendría algunos beneficios políticos pasajeros, pero aun cuando todos los comerciantes se sintieran debidamente intimidados, su eventual voluntad de acatar las órdenes de los soldados de Cristina no ayudaría en absoluto a frenar la inflación, que no se ve motorizada por la codicia sino por la emisión monetaria frenética. Para cubrir un déficit fiscal que aumenta a un ritmo alocado e impedir que se desplome de golpe el consumo, el gobierno se siente sin más alternativa que la de acelerar “la maquinita” de fabricar billetes. El gobierno está atrapado. Por razones políticas comprensibles, teme tomar las medidas que serían necesarias para desactivar la bomba inflacionaria que ha armado, pero a menos que lo haga, correrá el riesgo de que estalle bien antes del 10 de diciembre del 2015. Lejos de mostrarse dispuesto a reducir el gasto público o desmantelar el sistema caótico, y sumamente caro, de subsidios que ha improvisado, se siente constreñido a continuar impulsando la “variación de precios” duplicando los sueldos de la policía, de tal modo asegurando que los demás empleados estatales reclamen subas salariales que sean igualmente generosas, y negándose a permitir que las empresas distribuidoras de electricidad incrementen tarifas que son hasta diez veces menores que las de los países vecinos. Así, pues, el gobierno tiene que elegir entre la “sintonía fina”, es decir, un ajuste que podría provocar una reacción explosiva en una sociedad ya caldeada, por un lado y, por el otro, dejar que la inflación siga su camino destructivo. A juzgar por las palabras más recientes de Capitanich, Cristina supone que la segunda alternativa sería la menos mala y que le sería dado aprovechar las consecuencias adoptando tácticas parecidas a las del desafortunado presidente venezolano Nicolas Maduro que virtualmente pidió a sus compatriotas saquear los supermercados. Pero, mal que le pese a la presidenta, la Argentina no es Venezuela. Como debieron haberle hecho saber los resultados de las elecciones legislativas de octubre, una mayoría creciente desaprueba el rumbo que ha emprendido el kirchnerismo y no se siente del todo impresionada por los intentos oficiales de culpar a otros por los desastres ocasionados por su propia ineptitud.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 22 de diciembre de 2013
La gestión del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, arrancó de manera tan promisoria que los gratamente sorprendidos por su desempeño lo tomaron por un presidente en las sombras. Pero, desgraciadamente para él y para el país, el chaqueño pronto aprendió que para ser un buen kirchnerista tendría que abandonar la racionalidad. Además de dar a entender que comparte la pasión por las teorías conspirativas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Capitanich se ha sentido obligado a hablar como un populista auténtico convencido, como el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, de que la mejor forma de combatir la inflación consistiría en movilizar a militantes para que hubiese “control popular” de los precios. Aunque podría argüirse que se trata de una idea “neoliberal”, ya que en todas partes del mundo capitalista los precios dependen del control popular que se manifiesta a través de los mercados, el esquema previsto por Capitanich y otros kirchneristas se basa en la noción de que el gobierno está en condiciones de fijarlos. Si tuvieran razón quienes piensan así, no habría inflación en ningún país porque los gobiernos la pulverizarían con decretazos, pero sucede que ni siquiera regímenes tan brutales que no vacilan en ejecutar a “especuladores” han sido capaces de eliminar el mal. De todos modos, parecería que, una vez más, los supermercados se verán invadidos por jóvenes con pecheras de La Cámpora que, con sinceridad conmovedora, exhortarán a los consumidores a “mirar para cuidar” en defensa del bolsillo argentino. Aunque es de suponer que tanto Capitanich como el ministro de Economía, Axel Kicillof, entienden que el propósito de la campaña que han decidido reanudar es meramente propagandístico, ya que los intentos anteriores de los militantes de forzar a los comerciantes a reducir los precios no produjeron resultados positivos, sería por lo menos posible que el despliegue sirviera para convencer a los más ingenuos de que el gobierno popular está luchando con tenacidad contra empresarios resueltos a estafarlos. En tal caso, el gobierno obtendría algunos beneficios políticos pasajeros, pero aun cuando todos los comerciantes se sintieran debidamente intimidados, su eventual voluntad de acatar las órdenes de los soldados de Cristina no ayudaría en absoluto a frenar la inflación, que no se ve motorizada por la codicia sino por la emisión monetaria frenética. Para cubrir un déficit fiscal que aumenta a un ritmo alocado e impedir que se desplome de golpe el consumo, el gobierno se siente sin más alternativa que la de acelerar “la maquinita” de fabricar billetes. El gobierno está atrapado. Por razones políticas comprensibles, teme tomar las medidas que serían necesarias para desactivar la bomba inflacionaria que ha armado, pero a menos que lo haga, correrá el riesgo de que estalle bien antes del 10 de diciembre del 2015. Lejos de mostrarse dispuesto a reducir el gasto público o desmantelar el sistema caótico, y sumamente caro, de subsidios que ha improvisado, se siente constreñido a continuar impulsando la “variación de precios” duplicando los sueldos de la policía, de tal modo asegurando que los demás empleados estatales reclamen subas salariales que sean igualmente generosas, y negándose a permitir que las empresas distribuidoras de electricidad incrementen tarifas que son hasta diez veces menores que las de los países vecinos. Así, pues, el gobierno tiene que elegir entre la “sintonía fina”, es decir, un ajuste que podría provocar una reacción explosiva en una sociedad ya caldeada, por un lado y, por el otro, dejar que la inflación siga su camino destructivo. A juzgar por las palabras más recientes de Capitanich, Cristina supone que la segunda alternativa sería la menos mala y que le sería dado aprovechar las consecuencias adoptando tácticas parecidas a las del desafortunado presidente venezolano Nicolas Maduro que virtualmente pidió a sus compatriotas saquear los supermercados. Pero, mal que le pese a la presidenta, la Argentina no es Venezuela. Como debieron haberle hecho saber los resultados de las elecciones legislativas de octubre, una mayoría creciente desaprueba el rumbo que ha emprendido el kirchnerismo y no se siente del todo impresionada por los intentos oficiales de culpar a otros por los desastres ocasionados por su propia ineptitud.
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