Controlaron el sangriento motín en la cárcel de Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO (DyN).- Efectivos policiales y del Servicio Penitenciario santiagueño lograron ayer tomar el control del Penal de Varones de esta capital, tras el motín con quema de colchones que durante 16 horas protagonizaron los reclusos y que provocó la muerte de 33 hombres.

El motín, el más graves ocurrido en Santiago del Estero y el tercer en importancia por número de víctimas de la historia carcelaria argentina, comenzó en la tarde del domingo en la Unidad Penitenciaría 1 de la provincia, un edificio calificado como «obsoleto» por autoridades judiciales y familiares de los reclusos, que señalaron que allí los detenidos viven «hacinados».

Por eso, el gobierno nacional envió una comisión de funcionarios penitenciarios y especialistas en asistencia a las víctimas de la Secretaría de Derechos Humanos para colaborar con el gobierno provincial.

El ministro de Justicia nacional, Alberto Iribarne, se comunicó ayer con el gobernador Gerardo Zamora y puso a su disposición «toda la colaboración necesaria».

Zamora le informó a Iribarne que «el Poder Judicial y la Policía Científica investigan las causas de la rebelión de los presos, si hubo un intento de fuga y cómo se desarrollaron los hechos», según un comunicado de prensa de la cartera nacional.

Por su parte, el juez de instrucción Ramón Tarchini Saavedra recorrió ayer el penal y dijo que «todo es producto de investigación», dado que la causa se encuentra «en una etapa muy primaria». Tarchini Saavedra aseguró a la prensa local que los reclusos que quedaron en las celdas «están bien».

El juez y el fiscal Cristian Vittar fueron designados por el Superior Tribunal de Justicia para investigar el caso con dedicación exclusiva, por lo cual fueron nombrados subrogantes para que continúen con otras labores de los magistrados.

Por otra parte, fuentes médicas dijeron que dos reclusos seguían internados ayer a la tarde en el hospital regional en «grave estado» y precisaron que los especialistas estudian la posibilidad de derivar a uno de ellos a otra provincia por las quemaduras extremas que presenta en su cuerpo.

Fuentes de la investigación dijeron que si bien en principio se estima que la causa de las muertes fue la asfixia por inhalar el humo provocado por la quema de colchones, la morgue provincial trabajó todo el día en las autopsias a los 33 cuerpos para conocer los motivos puntuales de los decesos.

En ese marco, dijeron que también se estableció que eran «42 los internos» alojados en el pabellón 2, donde comenzó el incendio.

Ayer, agregaron, hubo nuevos incidentes en el pabellón 3 por lo cual la Guardia de Infantería y el personal penitenciario debió reprimir al grupo para controlar el sitio.

 

«Es una tragedia»

 

El vicegobernador santiagueño, Emilio Rached, dijo que lo ocurrido en el penal «es una tragedia». Rached manifestó en declaraciones a la prensa local que el penal de varones es una «de las pesadas herencias» de gestiones anteriores, ya que se trata de un edificio «superpoblado».

En ese sentido, recordó que el gobierno provincial tenía previsto terminar a fin de año la prisión de Colonia Pinto, 45 kilómetros el este de esta capital, un complejo carcelario que fue inaugurado durante la intervención federal de Pablo Lanusse.

El ministro de Gobierno, Ricardo Daives, aseguró al canal 7 de esta ciudad que el origen del motín «fue un intento de fuga». La misma versión fue dada por varios funcionarios, pero es totalmente contrapuesta a la que dieron los detenidos a través de una carta que logró llegar al exterior de la cárcel (ver recuadro).

«Por ahora no conocemos cómo se lo quería perpetrar», dijo Daives y afirmó que el escape «fue neutralizado por los guardiacárceles, que cumplían su función», tras lo cual «los internos se replegaron en el pabellón número 2 y allí se produjo una rebelión, que llevó a que se quemaran algunos elementos, como por ejemplo colchones».

Por la tarde, Daives recibió a una comisión de familiares de los reclusos. El secretario de Derechos Humanos del obispado santiagueño, Sergio Lambertti, afirmó que los internos reclaman «en muchos casos celeridad procesal en las causas porque hay hombres que hace años que están (detenidos) sin sentencia».

«Las familias reclaman por el trato indignante a los que son sometidas cada vez que tienen días de visita, en muchos casos con la excusa de detectar si están ingresando drogas al penal», añadió ayer.

Asimismo, Lambertti sostuvo que «la estructura del penal es obsoleta, es un penal viejísimo, donde en un sector en el que tendrían que estar 15 personas hay más de 50».

El presidente del Superior Tribunal de Justicia santiagueño, Armando Suárez, admitió en diálogo con la prensa local que el edificio «está al límite de su capacidad operativa».