Convocan a audiencia al gobierno y a Marsans

La Justicia convocó para el martes próximo a una audiencia entre el gobierno y los socios españoles de Aerolíneas Argentinas para buscar una solución a la situación de la empresa.

Ayer, tanto el gobierno como los gremios del sector concretaron su anunciada presentación judicial, que fue interpretada como un virtual pedido de intervención a la compañía que está en manos del grupo Marsans.

Por estas horas, cada vez son más las voces que señalan que las intenciones del gobierno son avanzar con una «argentinización» más profunda de la compañía que la que estaba prevista un mes atrás y que no contempla el ingreso de capitales privados.

Aerolíneas se encuentra en concurso preventivo desde el 2001 por una deuda de más de mil millones de dólares que fue saldada por Marsans con una quita del 60%, pero quedó sin resolver una vieja deuda de 45 millones con el grupo financiero Banesto, que posteriormente entró en quiebra, por lo cual no se cerró el concurso.

Aerolíneas controla más

del 80% del mercado de vuelos domésticos. Perdió 100 millones de dólares en el primer semestre del año, tiene demoras en los vuelos, la mitad de su flota parada y enfrenta numerosas protestas gremiales. Ayer, pese al anuncio de intervención, una docena de vuelos programados fueron demorados y otros tres fueron cancelados.

El juez nacional en lo comercial Jorge Sicoli recibió sendos pedidos del gobierno y de los sindicatos, para que intervenga en la crisis y convocó a las partes a una audiencia.

La resolución del magistrado, que actúa como juez subrogante en el concurso preventivo de Aerolíneas en trámite en el juzgado en lo comercial 15, citó a los directivos del grupo español Marsans y del lado del Estado, Julio Alak y Vilma Castillo.

La audiencia se celebrará el martes a las 10.

Fuentes de la Secretaría de Transporte confiaron que en el escrito presentado por sus abogados al juez «se pidió que tome las medidas necesarias para que se normalice la actividad de la compañía y se puedan abonar los salarios que se adeudan a sus empleados».

Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, justificó el pedido hecho a la Justicia para que tome cartas sobre la situación de la empresa, en la necesidad de dotar de «seguridad jurídica» a la compañía y de «garantizar a los usuarios que opere, cosa que no se está dando».

El funcionario aclaró que no se solicitó a la Justicia la «intervención» de Aerolíneas, sino que «intervenga en el conflicto» y lo resuelva lo antes posible, particularmente en la necesidad también de pagar a los trabajadores los haberes y cargas sociales que se les adeuda.

Jaime admitió que el gobierno «no pudo avanzar» en su plan destinado a incorporar a un socio argentino a Aerolíneas «por el cuadro de fuerte deterioro de la empresa y su incapacidad técnica de operar, agravado por la imposibilidad de pagos» de deudas.

(DyN y Redacción Central)