Costos políticos
Se lo haya propuesto o no, el gobernador Alberto Weretilneck se ha hecho famoso en toda América Latina por su voluntad de reducir el gasto público provincial echando, “por YouTube”, a 170 de los 340 funcionarios “políticos” y bajando el 15% los salarios de los sobrevivientes de la depuración. Asimismo, para rematar, decretó que las empresas públicas rionegrinas tendrán un solo director que cobrará por sus servicios, mientras que quienes lo acompañen tendrán que trabajar gratis. Si bien, como buen kirchnerista, Weretilneck insiste en que las medidas drásticas que acaba de anunciar no deberían tomarse por un ajuste y que, de todos modos, los demás empleados públicos no tienen motivos para preocuparse ya que la purga sólo afecta a quienes se desempeñaban en cargos políticos, la iniciativa sorprendente ha tenido un impacto muy fuerte en el resto del país. La razón es sencilla: todos los demás gobernadores provinciales se saben obligados a intentar equilibrar las cuentas fiscales recortando los presupuestos, pero quieren hacerlo sin brindar la impresión de privilegiar a sectores presuntamente amigos. Al optar por comenzar los cortes con los empleados por motivos políticos, Weretilneck obró con habilidad; no sólo en Río Negro sino también a nivel nacional, quienes cumplen funciones que podrían calificarse de políticas se apropian de una proporción absurdamente desmedida de los recursos económicos disponibles. Desde hace décadas, los costos para los contribuyentes de las legislaturas provinciales y los concejos municipales son llamativamente superiores a los de países como Estados Unidos y Alemania: antes del colapso del 2002 se informó que la Legislatura de Formosa gastaba un 30% más que la de Baviera, una jurisdicción cuyo producto bruto era 154 veces mayor. Puede que a partir de entonces la diferencia se haya achicado, pero no cabe duda de que si los costos políticos locales igualaran los de los países más ricos, y más democráticos, de la Tierra, ahorraríamos una cantidad enorme de dinero. Cuando el “modelo” anterior al improvisado por Eduardo Duhalde que heredaría el matrimonio Kirchner –lo modificaría, ya que a su juicio no era lo bastante populista–, daba sus últimos estertores, las calles y plazas del país se llenaron de muchedumbres que coreaban “que se vayan todos”; todos los políticos, se entiende. Sin embargo, una vez restaurado cierto orden, la política volvería a brindar a los militantes oficialistas una cantidad creciente de salidas laborales que muchos, en especial los integrantes de La Cámpora y organizaciones afines, lograrían aprovechar. Mientras se mantuvo la sensación de que la economía se expandía a un ritmo muy satisfactorio, los abusos así supuestos, como la corrupción endémica, no molestaban, pero al cambiar el clima, la proliferación de cargos políticos aptos para ñoquis bien conectados está motivando malestar. Será por eso que ha sido positiva la reacción inicial ante la purga emprendida por Weretilneck. Es de prever que los despidos ordenados por el gobernador le ocasionen algunas dificultades, acaso muy graves, en la habitualmente rencorosa interna peronista; mucho dependerá de los criterios, que sería de esperar no fueran meramente políticos, conforme a los cuales ha separado a los 170 destituidos de aquellos que considera imprescindibles. Con todo, un tanto más interesante para los rionegrinos y para los demás argentinos que tales alternativas, será la eventual incidencia de la poda en la eficacia de la gestión de Weretilneck; si la medida resulta ser inocua, significaría que tanto él como sus antecesores habían llenado la administración provincial de funcionarios superfluos que, lejos de aportar algo útil, sólo servían para provocar problemas políticos engorrosos. Lo mismo podría decirse de todas las provincias y municipalidades del país, además del gobierno nacional. Para que el Estado cumpla las funciones que en opinión de la mayoría son indelegables, le será mucho mejor contar con un número reducido de profesionales realmente capaces que con un superávit de personas contratadas por razones ideológicas, o por tratarse de parientes o amigos, que además de cobrar sueldos importantes, se concentran en “hacer política” apoderándose de diversas reparticiones públicas, actividad ésta en que muchos sí han resultado ser sumamente eficaces.
Se lo haya propuesto o no, el gobernador Alberto Weretilneck se ha hecho famoso en toda América Latina por su voluntad de reducir el gasto público provincial echando, “por YouTube”, a 170 de los 340 funcionarios “políticos” y bajando el 15% los salarios de los sobrevivientes de la depuración. Asimismo, para rematar, decretó que las empresas públicas rionegrinas tendrán un solo director que cobrará por sus servicios, mientras que quienes lo acompañen tendrán que trabajar gratis. Si bien, como buen kirchnerista, Weretilneck insiste en que las medidas drásticas que acaba de anunciar no deberían tomarse por un ajuste y que, de todos modos, los demás empleados públicos no tienen motivos para preocuparse ya que la purga sólo afecta a quienes se desempeñaban en cargos políticos, la iniciativa sorprendente ha tenido un impacto muy fuerte en el resto del país. La razón es sencilla: todos los demás gobernadores provinciales se saben obligados a intentar equilibrar las cuentas fiscales recortando los presupuestos, pero quieren hacerlo sin brindar la impresión de privilegiar a sectores presuntamente amigos. Al optar por comenzar los cortes con los empleados por motivos políticos, Weretilneck obró con habilidad; no sólo en Río Negro sino también a nivel nacional, quienes cumplen funciones que podrían calificarse de políticas se apropian de una proporción absurdamente desmedida de los recursos económicos disponibles. Desde hace décadas, los costos para los contribuyentes de las legislaturas provinciales y los concejos municipales son llamativamente superiores a los de países como Estados Unidos y Alemania: antes del colapso del 2002 se informó que la Legislatura de Formosa gastaba un 30% más que la de Baviera, una jurisdicción cuyo producto bruto era 154 veces mayor. Puede que a partir de entonces la diferencia se haya achicado, pero no cabe duda de que si los costos políticos locales igualaran los de los países más ricos, y más democráticos, de la Tierra, ahorraríamos una cantidad enorme de dinero. Cuando el “modelo” anterior al improvisado por Eduardo Duhalde que heredaría el matrimonio Kirchner –lo modificaría, ya que a su juicio no era lo bastante populista–, daba sus últimos estertores, las calles y plazas del país se llenaron de muchedumbres que coreaban “que se vayan todos”; todos los políticos, se entiende. Sin embargo, una vez restaurado cierto orden, la política volvería a brindar a los militantes oficialistas una cantidad creciente de salidas laborales que muchos, en especial los integrantes de La Cámpora y organizaciones afines, lograrían aprovechar. Mientras se mantuvo la sensación de que la economía se expandía a un ritmo muy satisfactorio, los abusos así supuestos, como la corrupción endémica, no molestaban, pero al cambiar el clima, la proliferación de cargos políticos aptos para ñoquis bien conectados está motivando malestar. Será por eso que ha sido positiva la reacción inicial ante la purga emprendida por Weretilneck. Es de prever que los despidos ordenados por el gobernador le ocasionen algunas dificultades, acaso muy graves, en la habitualmente rencorosa interna peronista; mucho dependerá de los criterios, que sería de esperar no fueran meramente políticos, conforme a los cuales ha separado a los 170 destituidos de aquellos que considera imprescindibles. Con todo, un tanto más interesante para los rionegrinos y para los demás argentinos que tales alternativas, será la eventual incidencia de la poda en la eficacia de la gestión de Weretilneck; si la medida resulta ser inocua, significaría que tanto él como sus antecesores habían llenado la administración provincial de funcionarios superfluos que, lejos de aportar algo útil, sólo servían para provocar problemas políticos engorrosos. Lo mismo podría decirse de todas las provincias y municipalidades del país, además del gobierno nacional. Para que el Estado cumpla las funciones que en opinión de la mayoría son indelegables, le será mucho mejor contar con un número reducido de profesionales realmente capaces que con un superávit de personas contratadas por razones ideológicas, o por tratarse de parientes o amigos, que además de cobrar sueldos importantes, se concentran en “hacer política” apoderándose de diversas reparticiones públicas, actividad ésta en que muchos sí han resultado ser sumamente eficaces.
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