Crece el conflicto de poderes en Cinco Saltos

CINCO SALTOS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar a la queja que planteó la intendenta Liliana Alvarado y reforzó la resolución del Superior Tribunal de Río Negro que le dio la razón a los concejales de Cinco Saltos para fijar el valor del módulo fiscal en el municipio.

Sin embargo, desde el gabinete de Alvarado se resisten a dar marcha atrás con el incremento que decidió la intendenta.

La información la dieron a conocer ayer los concejales Alejandra Rossi (PPR), Eulogio Pérez (PJ), Gabriela Verdugo (Frente Grande), Carola Villagra (UCR) y Rosana Melo (FG) en una conferencia de prensa en la que pusieron de manifiesto la vigencia del conflicto institucional en el palacio municipal, donde el secretario de Gobierno, José Garcés, y la asesora legal de la comuna le niegan la firma al intendente a cargo, Vicente Serer.

El Deliberante sancionó una nueva ordenanza para reafirmar el valor de las tasas municipales que operan desde el 2014, con un valor menor al que había fijado Alvarado y que se devuelva el excedente a los contribuyentes con saldos a favor. Sin embargo, los miembros del gabinete en el Ejecutivo no le permitieron a las autoridades provisorias promulgar esta norma, sostuvieron en conferencia de prensa.

«La ordenanza se sancionó el 15 de abril pasado y debió ser ratificada por el Ejecutivo, pero el gabinete de Alvarado no le reconoce autoridad a Serer para promulgarla, no refrenda y se ejerce una autoridad de facto, porque hasta le retienen al intendente a cargo la correspondencia que envía el Deliberante», explicó Alejandra Rossi.

Desde que la intendenta Liliana Alvarado se tomó licencia, Serer no pudo tomar resoluciones debido a que el gabinete se niega a refrendar las resoluciones e insiste en que el vicepresidente primero del Deliberante no fue designado legalmente.

«Esta conferencia es para transparentar el conflicto institucional», indicaron los concejales que ejercen la suplencia en el Deliberante mientras dure la licencia política de varios de los titulares que el domingo 3 de mayo buscan revalidar mandatos.

Entre los que se tomaron licencia está el presidente del Concejo, Roberto Ocampo, quien secunda a Alvarado. El tercero en sucesión institucional, Vicente Serer, se trasladó al despacho municipal hace tres semanas pero sin acceso a la documentación que requiere ni firma autorizada para actos de gobierno.

Los concejales explicaron que la justicia a través de la Corte y del STJ le dio la razón al Deliberante en el conflicto de poderes que se generó por las tasas municipales, cuando el Concejo estableció el módulo fiscal en un poco más de 25 pesos; mientras que Alvarado fijó por resolución un valor de módulo fiscal que superó los 40 pesos.

Los concejales explicaron que los integrantes del gabinete de Alvarado no prestaron la firma para promulgar la ordenanza que restableció los valores fijados por el Deliberante y la devolución a los contribuyentes de lo que pudieron haber pagado de más en tasas, licencias o multas.

Detallaron que el secretario de Gobierno alude a un dictamen de la Asesoría Legal por medio del cual no le presta la firma a Serer para refrendar normativas y hay definiciones que no se están tomando. «No se están pagando becas ni subsidios porque no hay firma, hay limitaciones para todo, es como si el municipio estuviera acéfalo», dijo la concejal Melo.