Cristina al ataque

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No se equivoca por completo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando califica de “superpoder” a la Justicia, ya que en una sociedad civilizada como la nuestra todos tienen que subordinarse a ella, pero, por desgracia, al hablar así no se ha propuesto reivindicar el imperio del Estado de derecho sino, por el contrario, desprestigiarlo porque algunos fallos recientes no le gustaron del todo. Parecería que desde el punto de vista de Cristina y de sus partidarios más influyentes el que hace más de un año obtuviera más del 54% de los votos en las elecciones significa que, hasta diciembre del 2015, todos los jueces deberían obedecerle ya que, en su opinión, la presidenta encarna la voluntad popular y por lo tanto la democracia. Se trata de una tesis grotesca, una que acaso podría resultar irresistible para los tiranuelos de los países más atrasados y peor gobernados del planeta pero que difícilmente prosperaría en la Argentina en que, mal que les pese a los autoritarios congénitos, muchos siguen creyendo que sería mejor que los funcionarios del oficialismo de turno se acostumbraran a acatar la ley y la Constitución. La actitud de la presidenta que, además de emplear con frecuencia insólita la cadena nacional de radio y televisión para adoctrinar a la población, procura mantenernos informados sobre sus ocurrencias a través de la red social Twitter, es preocupante por varios motivos. Además de preparar el terreno para un conflicto de poderes que plantearía riesgos institucionales muy graves, los ataques furibundos de Cristina contra el principio de la independencia de la Justicia hacen pensar que ha llegado a la conclusión de que la democracia consagrada por la Constitución es un obstáculo burgués en el camino de su “proyecto” personal, razón por la cual tendrá que demolerla para que la “revolución” kirchnerista pueda continuar avanzando. Lo mismo que los “halcones” de la dictadura militar y también los totalitarios tanto de derecha como de izquierda que protagonizaron la guerra sucia, los kirchneristas más fanatizados, los que se creen convocados para liderar una revolución popular, desprecian las reglas propias de la democracia republicana, pero hasta hace poco la presidenta prefería brindar la impresión de estar dispuesta a respetarlas. La ofensiva verbal de Cristina en contra de lo que llama la “corporación judicial” sería comprensible, pero así y todo lamentable, si con sus fallos los jueces bloquearan programas sociales importantes o, como su colega neoyorquino Thomas Griesa, procuraran obligarla a pagar una cantidad enorme de dinero a los “fondos buitre”, pero sucede que lo único que han hecho es frustrar su intento de privar enseguida al Grupo Clarín de algunos canales televisivos y demorar la expropiación de un predio de la Sociedad Rural Argentina, o sea, se las han arreglado para forzarla a modificar un poco el relato triunfalista que se imagina protagonizando. A juicio de algunos opositores, la reacción de la presidenta frente a los reveses menores así supuestos debería tomarse por un síntoma del pánico que sentiría no tanto por la evolución decepcionante de la “batalla cultural” que ha emprendido contra los medios independientes y entidades “oligárquicas” como la Sociedad Rural cuanto por la caída vertiginosa de su propio índice de popularidad, el impacto de los cacerolazos multitudinarios y de los paros sindicales y la conciencia de que la economía nacional ya ha entrado en una fase con toda seguridad muy larga de crecimiento virtualmente nulo puesto que no hay inversiones, los apagones son cada vez más frecuentes, el consumo está en baja y el desempleo en alza y una tormenta inflacionaria amenaza con adquirir proporciones peligrosísimas en los próximos meses. Para complicar todavía más la situación nada agradable en que se encuentra Cristina, no cuenta con colaboradores que sean a un tiempo competentes y confiables –con escasas excepciones, los integrantes de su gobierno personalista se destacan por su inoperancia–, mientras que ya parece imposible que su “amigo” venezolano, Hugo Chávez, siga en el poder por mucho tiempo más. Es lógico, pues, que la presidenta se sienta perturbada por lo que está ocurriendo, pero los problemas que enfrenta no se deben a que la Justicia sea “burguesa” sino a las deficiencias de su propia gestión.