Bonadio procesó a Cristina Kirchner y ordenó un embargo por $130 millones

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández como “jefa de una asociación ilícita” que “lavaba activos”, y la embargó por 130 millones de pesos por su responsabilidad en la denominada causa “Los Sauces”.

El procesamiento alcanza también a los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia, como jefes-organizadores de la asociación ilícita.

La extensa nómina de procesados incluye a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez, a los cuatro hijos de éste, a Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta) y a los empresarios Fabián De Sousa y José Sanfelice.

Según el fallo, de casi 400 páginas, “la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo Nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de ‘Los Sauces S.A.’ a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones”.

Bonadio sostuvo que “los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al ‘Grupo Báez’ desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la ex presidenta”.

Esa secuencia era “dirigida por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner”.

“En todos estos casos disimular se traduce como un procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran apariencia legal”, puntualizó el juez.

“Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago, mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública concedida ilegalmente al grupo Báez”, resumió Bonadio.

El cargo específico contra la ex presidenta es el de “tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.

La composición de esos delitos puede derivar en una condena superior a los diez años de cárcel.

El resto de los imputados aparecen procesados por una intervención de menor jerarquía en la asociación ilícita, como organizadores” o meros miembros.

En todos los casos, los montos de los embargos no bajan de los diez millones de pesos.

La ex presidenta Cristina Fernández se declaró ayer en Tribunales víctima de una “persecución judicial”, dijo ser objeto de una “violación sistemática” de sus “derechos y garantías” constitucionales, y pidió su sobreseimiento en la llamada causa “Los Sauces”.

“Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes, al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última”, expresó en el escrito que entregó al juez federal Claudio Bonadio.

La ex presidenta permaneció unos 20 minutos en los tribunales federales de Retiro, en su cuarta visita a esa sede judicial desde que dejó el poder, acompañada por su abogado defensor Carlos Beraldi y alentada por un centenar de militantes a más de 100 metros de distancia.

Fernández señaló que “tras el cambio de gobierno (…) se armaron” en su contra dos causas penales y “se impulsaron otras dos que ya existían”. Son “causas iniciadas por legisladores opositores a mi gobierno, que luego fueron ampliamente difundidas a través de un aparato de propaganda”, sostuvo.

“Los mismos legisladores ahora oficialistas y antes opositores a mi gobierno que me denunciaron reclaman no sólo mi inmediata detención, sino además exigen proscribirme de cualquier tipo de actividad política”.

De los casos “Hotesur” y “Los Sauces” dijo que son “dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político”. Aseguró fueron “genuinos y absolutamente lícitos”. “No existe en la causa un solo pago que se efectuara por estos contratos que hubiese ingresado sin su correspondiente factura”, dijo.

Consideró, además, “infundada y falsa” a la imputación de lavado de dinero porque su origen “es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza”.

“Los mismos que me denuncian reclaman no sólo mi inmediata detención, sino además exigen proscribirme de la actividad política”.

“(Son) increíbles las declaraciones del presidente que exigen la destitución de los jueces que no fallan de acuerdo a lo que quiere”.

Cristina Fernández,

escrito presentado al juez.

“Vivo con mi

perra Lolita”

Cristina no saludó al juez Bonadio. Solo respondió preguntas personales. “Vivo con mi perrita Lolita”, dijo, cuando se le preguntó por su lugar de residencia. En la causa, el juez sospecha que ella y sus hijos alquilaban sus inmuebles a compañías que luego eran beneficiadas con contrataciones millonarias para encarar obras públicas.