Cristina Kirchner consigue otro triunfo judicial
Un juez santacruceño la sobreseyó de una causa en base a declaraciones juradas de su patrimonio y de su hijo Máximo, que tuvo un llamativo giro desde la AFIP: comenzó como millonaria evasión tributaria y culminó como inexistencia de la deuda. Intervinieron en el expediente peritos neuquinos.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue sobreseída por un juez santacruceño en una causa por la que se la acusaba de evasión de impuestos en relación con sus declaraciones tributarias y de su hijo Máximo, así como del origen y declaración de los US$ 4,6 millones hallados en una caja de seguridad a nombre de su hija Florencia.
De este modo, y con la reciente decisión del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, Cristina Kirchner suma otro triunfo judicial al ya logrado con los expedientes “Hotesur-Los Sauces”, “Memorándum con Irán” y “dólar futuro”.
La determinación no trascendió hasta hoy, que la divulgaron los periodistas Hugo Alconada Mon y Mariela Arias, del diario La Nación.
La causa comenzó tramitándose en Río Gallegos por una “deuda millonaria del fisco” y se cerró por Vázquez como “inexistencia de deudas”. Vázquez asumió el juzgado en febrero de 2021, convalidando así el pedido del fiscal subrogante Julio Zárate, de la capital santacruceña. Según La Nación, Zárate llegó a esa conclusión “tras recibir un informe de la AFIP que contradijo otro del propio organismo. Es decir, que el organismo que preside Mercedes Marcó del Pont reportó que Fernández de Kirchner no arrastra deudas con el fisco, cuando antes había determinado que adeudaba $8,1 millones en impuestos, multas e intereses”.
La denuncia se abrió cuando Mauricio Macri era presidente, mediante el expediente 9958, la Justicia Federal con asiento en Río Gallegos, bajo la presunta infracción del Régimen Penal Tributario. En octubre de 2017 la Fiscalía Federal requirió la colaboración de la AFIP para analizar las declaraciones tributarias de Cristina y de su hijo Máximo.
La requisitoria judicial se tramitó bajo el control de la Delegación Comodoro Rivadavia de la AFIP, que requirió la asistencia de técnicos de Neuquén y Bahía Blanca, en tanto que la Fiscalía también solicitó el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Así, en diciembre de 2017 se libró la “Orden de Intervención” de la AFIP.
En octubre de 2018, en tanto, la Fiscalía dio otro paso. Le prohibió a la AFIP “tomar contacto con el contribuyente fiscalizado”, ya que podía obstaculizar la pesquisa. “Pero la por entonces expresidenta estaba al tanto de posibles inconvenientes en las declaraciones tributarias que presentó su contador histórico, Víctor Manzanares, en particular, en relación a los impuestos al Valor Agregado (IVA), Ganancias y Bienes Personales. Un año antes, Manzanares había quedado detenido en su estudio contable de Río Gallegos, por “obstrucción a la justicia” en el marco de la causa Los Sauces”, hicieron notar los periodistas del diario.
En el último análisis realizado de la causa desde la AFIP, se determinó que la Cristina “no adeudaría impuestos –por el contrario, tendría un crédito fiscal- y que su hijo Máximo solo registraría una deuda por menos de $ 10.000, por lo que no superaría el umbral mínimo de punibilidad penal”.
Así, el organismo se presentó otra vez en los tribunales de Río Gallegos, levantó la ejecución fiscal y desistió de su reclamo, dejando a la Fiscalía sin base para proseguir con la causa penal.
