Cristina relanza el Gobierno: impunidad y devaluación
En el mismo año en que condujo al PJ unido a la derrota electoral más contundente de su historia, Cristina obtuvo la mayor cantidad de beneficios en términos de impunidad personal.
Cristina Kirchner tensiona hasta el límite su contradicción personal con la voluntad popular. A la demanda de cambio que expresaron las urnas acaba de responderse con una maniobra que le permite zafar en una de las causas más comprometedoras en la Justicia.
La vicepresidenta jamás pudo justificar su actividad como empresaria hotelera. Un negocio en el que involucró a sus dos hijos para asentar cobros a contratistas del Estado a los que su administración le pagaba fortunas con fondos del presupuesto público.
Su estrategia judicial fue que jamás se ventilaran las pruebas de ese trasiego en un juicio oral y público. Lo consiguió, con el favor de dos jueces afines.
La maniobra se construyó con el concurso del juez Daniel Obligado, el mismo gestor de la amnistía de hecho para Amado Boudou, y de Adrián Grünberg, un oportunista de Justicia Legítima al que se le acababa en cuestión de horas una subrogancia.
El contraste es impactante: en el mismo año en que condujo al peronismo unido a la derrota electoral más contundente de su historia, Cristina obtuvo la mayor cantidad de beneficios en términos de su impunidad personal y la liberación de todos los integrantes de su espacio político que estaban detenidos por delitos de corrupción. Ricardo Jaime es la excepción que confirma la regla.
En su relación con el mercado cambiario, el Gobierno actúa con la misma negación discursiva que le aplicó a las elecciones.
Todas las iniciativas presentadas desde el Senado como transformaciones profundas caminarán a archivo: la reforma judicial, la Comisión Beraldi para cambiar la Corte, la reforma del Ministerio Público Fiscal. Esa puesta en escena con retórica reformista siempre buscó una trasformación menos visible: designaciones y subrogancias amañadas, amagues de juicio político a jueces y fiscales díscolos, jubilaciones oportunas para magistrados, manejos discrecionales de plazos y jurisdicciones.
En tres ocasiones Cristina Kirchner logró eludir este año la concreción de un juicio oral y público. La dejaron elegir los casos más convenientes para actuar alegatos desde su despacho. Imposturas de favorita, en relevo de su obligación de banquillo. Pero en la causa donde tenía que explicar la sospechosa conserjería de Lázaro Báez en sus hoteles consiguió absolución y silencio.
El saldo favorable del año judicial para Cristina le abre las puertas para objetivos más ambiciosos. No sólo el direccionamiento de las investigaciones judiciales hacia los adversarios políticos que acaban de derrotarla. También la garantía de disciplinamiento social ante las dificultades crecientes de una crisis que se acelera a toda velocidad.
La circular difundida por el Banco Central con un nuevo cepo a la libre circulación está escrita en términos burocráticos. Para el sentido común: las reservas en dólares se terminaron. El Estado resolvió devaluar, cargándole a uno de sus tantos tipos de cambio una tasa de interés que incorpora el desborde inflacionario.
En su relación con el mercado cambiario, el Gobierno actúa con la misma negación discursiva que le aplicó a las elecciones. El dólar que estaba a $60 cuando el triunfo de Alberto Fernández hoy vale más de 200. Pero el peso argentino -dice- no se devalúa.
El ministro Martín Guzmán pergeña su primer plan económico. Aceptaría una reducción del déficit fiscal a 3,5 puntos del Producto. Eso implicaría un sinceramiento de las tarifas subsidiadas. Algo que en un primer tramo del ajuste inducirá más inflación. Sobre un piso de 50% -y con alto desempleo- suena inviable que las paritarias equilibren ese desfasaje tan marcado: lo que viene es más ajuste del salario.
En ese contexto, la deliberación social corre el riesgo de ser tentada hacia opciones violentas. El atentado contra Clarín encendió alarmas. Mereció y tuvo un repudio amplio y justificado.
Cristina enmascaró el suyo en una condena ambigua de La Cámpora, que equiparó la agresión violenta con los “discursos de odio”. Una de las construcciones discursivas que el kirchnerismo siempre asoció con el lawfare. Resabio narrativo de cuando los jueces le fallaban en contra.
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