Cuando se esconde, no es justicia

PANORAMA POLÍTICO DE RÍO NEGRO

En las provincias los poderes judiciales siempre estuvieron un paso adelante del fuero federal en materia de renovación de procedimientos. Incorporaron antes los juicios orales (no sólo para las causas penales) y reformaron sus códigos para que los expedientes en papel desaparecieran y los pasos procesales se dieran en sesiones públicas, además de hacer las primeras experiencias de juicios por jurados.

Los países que no llegan a cumplir los derechos y garantías consagrados en sus ordenamientos jurídicos no son necesariamente lo más deficitarios en el acatamiento de las leyes. Cuando las normas son de avanzada, hay que tener una estructura a la altura para cumplir con ellas. O al revés: cuantas menos exigencias haya, más fácil se le hace al Estado acatar las normas.

La reforma procesal penal que comenzó a regir hace casi tres años tomó su tiempo para ser aprobada y ponerla en funcionamiento. Para cuando se logró el objetivo, la infraestructura estuvo mucho más a la altura del desafío que los jueces, los fiscales, los defensores y los funcionarios judiciales en general.
La gran virtud de la reforma es la oralidad y la publicidad de todas las medidas que piden fiscales o defensores y que conceden o deniegan los jueces.

La pandemia redujo esa premisa de transparencia porque las audiencias se hicieron virtuales pero no se transmitieron libremente para aquel que quisiera ver y oír, sino que quedaron reservadas para los que (partes interesadas y algunos periodistas) tuvieran las coordenadas para participar.

Pero hace dos semanas ocurrió algo que, como la tristísima realidad del manejo discrecional de las vacunas, habría sido extraño que no sucediera: una audiencia de formulación de cargos no se difundió (no se permitió la entrada a la audiencia y no se habilitó el Zoom para seguirla de manera remota). Y cuando el Ministerio Público Fiscal dio a conocer lo que allí se resolvió, omitió informar que la persona acusada de atropellar y matar a un joven de 17 años de Bariloche, y luego huir, había sido beneficiado con la prisión domiciliaria. Nadie explicó esta “media verdad al revés” ni la razón por la que se retaceó la difusión de la audiencia, que habría terminado siendo secreta si no hubiera sido porque Río Negro difundió su contenido.

Hasta ahora ni la Oficina Judicial, que es el organismo administrativo que organiza las audiencias penales, ni la Procuración, de la que dependen los fiscales, dieron explicaciones sobre la reserva y las omisiones.
El problema no son las normas de avanzada sino los funcionarios judiciales que atrasan y se resisten a perder algunos modales de otros tiempos.

La reforma procesal penal en la provincia es un ejemplo de transparencia y rapidez, pero los funcionarios judiciales no siempre están a la altura.

Aun así, el Poder Judicial rionegrino tiene las herramientas y muchos de sus integrantes, la voluntad, de cambiar. No pasa igual en la Justicia Federal, que vive una realidad propia, con sesgo clasista y manejos casi aristocráticos.

Los procesos federales, cuando son penales, adquieren cierta transparencia recién cuando llega el juicio oral; hasta entonces los jueces de primera instancia se encierran en sus despachos y se rodean muchas veces de funcionarios que ellos mismos nombran.

No es extraño entonces que los procesos federales tarden tanto tiempo, den tantas vueltas según la conveniencia política del gobierno del momento y lleguen a un punto en el que es difícil saber qué es cierto.
El conflicto mapuche en la zona cordillerana de Río Negro y la venta supuestamente irregular de tierras de frontera al multimillonario británico Joseph Lewis son dos asuntos que llevan no menos de cuatro años de trámite.

En el fuero federal, la situación es mucho más oscura, con expedientes que no se hacen públicos y manejos poco claros. El conflicto mapuche es prueba de ello.

Se apuró el senador Alberto Weretilneck en acusar a grupos mapuches de los incendios en el norte de Chubut. La estrategia de arrebatarle a la derecha el discurso duro de seguridad que encarna Patricia Bullrich obedece a que el exgobernador cree que es la manera de disputarle al kirchnerismo los votos de las elecciones legislativas de este año.

Como antes, lo más probable es que nunca se sepa quién encendió este desastre ambiental.