Cultura de la desidia

Por Redacción

Ya han transcurrido más de dos meses desde que murieron 51 personas y fueron heridas otras 700 cuando un tren repleto de pasajeros chocó con violencia contra los paragolpes en la estación de Once. Aunque los familiares y amigos de las víctimas siguen pidiendo justicia, la mayoría parece entender muy bien que nunca recibirá una respuesta satisfactoria porque el desastre, como la hecatombe que, en el mismo barrio porteño, el 30 de diciembre del 2004 mató a casi 200, no puede imputarse sólo a un puñado de funcionarios o empresarios con nombres y apellidos. Además de saber que no hay forma alguna de resarcirse por lo irremediablemente perdido, los afectados por la tragedia ferroviaria son conscientes de que en verdad la cadena de responsabilidades es muy larga. Como señaló uno, “tenemos en claro que las pericias darán que hubo una multiplicidad de actores que hicieron que la tragedia haya sido lo que fue”. Tiene razón. No sólo sería cuestión de la eventual negligencia del maquinista, de la condición deteriorada nada eventual del tren atribuible a la falta de mantenimiento adecuado o a los errores que habrán cometido los encargados de controlar las empresas que brindan servicios públicos y, desde luego, los directivos de dichas empresas en el contexto de un “modelo” basado en el “capitalismo de los amigos”, sino también de las consecuencias previsibles de una estrategia económica que privilegia el consumo pero no la inversión, lo que hace inevitable el deterioro constante de todo lo relacionado con el transporte y las obras de infraestructura. Se trata de males que están profundamente arraigados que desde hace muchas décadas siguen provocando estragos de todo tipo. Con escasas excepciones, todos los gobiernos han hecho su aporte a la cultura de la desidia que impera en el país y que, por estar tan difundida, será muy difícil de modificar. Aun cuando, para sorpresa de muchos, la Justicia lograra deslindar responsabilidades por lo que sucedió aquella mañana en Once sin que nadie la acusara de favoritismo político y los resultados de las pericias no motivaran polémicas airadas entre los más interesados en aprovechar la tragedia para sus propios fines que en aprender de ella para minimizar el riesgo de que pronto ocurran otras parecidas, quedaría el desafío planteado por la negativa de tantos a tomar realmente en serio sus deberes. Con todo, si bien reemplazar el facilismo que se ha generalizado en nuestro país y en muchos otros, incluyendo a algunos antes célebres por la voluntad mayoritaria de respetar pautas sumamente severas, por un código de conducta exigente que se basa más en el autorrespeto que en el miedo a verse sancionado, algunas reformas que podrían calificarse de institucionales servirían para impulsar cambios positivos. Para comenzar, sería necesario reforzar los organismos de control, asegurando su autonomía, lo que entre otras cosas supondría prohibir taxativamente que los integren allegados de quienes deberían controlar, ya que de otro modo seguirá siendo virtualmente imposible luchar con éxito contra la corrupción que, consentida y hasta reivindicada indirectamente por quienes rinden culto al amiguismo, afecta no sólo el manejo de la economía sino también muchas actividades que a primera vista no tienen nada que ver con la voluntad de pisotear las reglas formales. Es que la corrupción se manifiesta de mil modos. Además de los más flagrantes –los sobornos, los retornos y las comisiones que han permitido a ciertos personajes notorios convertirse en multimillonarios con rapidez asombrosa–, está detrás de la propensión de muchos a pasar por alto las debilidades ajenas por motivos de amistad, por espíritu corporativo o por solidaridad ideológica o partidaria, actuando como cómplices. La clase así supuesta de corrupción está en la raíz de todas las otras, tanto las claramente delictivas que suelen resultar en el encarcelamiento tardío de algunos “emblemáticos” elegidos porque no cuentan con el apoyo de agrupaciones políticas influyentes, como las que acaso no suponen la violación de ninguna ley escrita pero sí contribuyen a la cultura de la desidia que a través de los años ha causado muchas tragedias, de las que el desastre ferroviario de Once que segó tantas vidas sólo fue la más reciente.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 945.035 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 28 de abril de 2012


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