Estafa al Ipross: hablan afiliados “usados” en la maniobra
“Río Negro” contactó a tres roquenses que compraron medicamentos para la diabetes en marzo pasado, por costos muy inferiores a los que después pagó la obra social. Confirmaron que el total facturado no tiene relación con sus tratamientos.
Los afiliados son claves para la causa penal por el fraude al Ipross denunciado hace casi dos meses.
“Río Negro” detalló ayer -con documentos que fueron incorporados recientemente al legajo- cómo fueron las dos maniobras principales que se investigan en un expediente, que tiene siete imputados, entre ellos dueños de farmacias y la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
Uno de esos mecanismos habría consistido en la elaboración de recetas fantasmas, facturando medicamentos que nunca fueron pedidos por pacientes diabéticos o epilépticos.
El otro tiene que ver con el supuesto agregado de productos a las carátulas originadas por recetas reales, logrando que una operación de apenas 262 pesos terminara en una factura superior a los 25.000 pesos para la obra social del Estado.
Estos últimos casos no sólo tienen soporte probatorio informático.
También existen testimonios, que confirman compras acotadas, por valores modestos, que nada tienen que ver con las cifras que finalmente se reclamaban al Ipross.
Esos afiliados fueron consultados primero por la comisión fiscalizadora que armó el Colegio de Farmacéuticos una vez que se desató el escándalo.
Desde el Poder Judicial y desde la misma obra social los contactaron más tarde, para ratificar datos volcados en la causa.
Y durante los últimos días varias de esas personas aceptaron hablar con “Río Negro”, para explicar cuáles son las necesidades generadas por sus enfermedades y cómo fueron sus compras en las farmacias sospechadas.
Sorpresa, bronca y preguntas que todavía nadie responde sobre la permeabilidad de la obra social para un delito de una magnitud como el denunciado aparecieron a lo largo de las charlas, que se reflejan a continuación.
¿25.000 pesos? ¡Por favor! Aprovechan que soy diabética”
Liliana es una de las 40.000 afiliadas que el Ipross tiene en Roca. Compra habitualmente en otras farmacias, pero a principios de marzo salía de un supermercado, se sentía mal y entró al local de Tucumán casi San Juan para tomarse la presión.
Paciente diabética, con una lucha contra un tumor en su haber y con la necesidad de tomar recaudos siempre, aprovechó que estaba allí para llevar la medicación que tiene recetada y que debe acompañar todos los almuerzos y cenas de su vida.
Lo que Liliana nunca supo hasta hace pocos días es que esa receta que entregó en la farmacia, por un medicamento que apenas costaba $ 262,70 se iba a transformar en una exigencia de $ 25.157,26 al Ipross.
(2). El cargo final para la obra social, que cubre el 100% del costo en el plan Diabetes.
“¿25.000 pesos? ¡Por favor! Han aprovechado de que soy diabética”, se indignó la mujer cuando habló con “Río Negro”.
P: ¿Usted ha comprado alguna vez a principios de año en la Farmacia Tucumán?
R: Sí, en febrero. Fue la única vez que compré ahí.
P: Y compró sólo un producto… DBI Metformina…
R: Sí, uno solo. Lo compré con el plan de Ipross.
P: ¿Y no recuerda haber comprado insulina? ¿Lapiceras por cinco…?
R: No, para nada, porque no uso. Uso DBI 500 cada 12 horas, en el almuerzo y la cena. No uso el aparato, no lo he pedido. No tengo bandas. Ese aparato se usa con bandas.
P: ¿Tiras reactivas?
R: No, nada de eso. No los uso.
P: En registros del Colegio aparece que en esa compra de DBI aparecen sumados otros productos, como insulina, tiras reactivas y Zomarist…
R: Para nada. Aparte te digo una cosa, Ipross siempre me ha cumplido con todo lo que necesité y por eso me fijo bien lo que firmo. Me acuerdo de esa compra.
P: La consulta es porque en registros de la causa penal aparece que en su compra se agregaron productos. Hay una diferencia muy importante entre lo que se compró y lo que se facturó. El Ipross pagó por ese medicamento que compró usted y además le facturaron una compra de 25.157 pesos.
R: ¡No! Yo realmente no hice esa compra. ¿25.000 pesos? ¡Por favor! Han aprovechado que soy diabética, pero no soy insulinodependiente.
“¿Tres insulinas? Imposible. Nunca retiro más de una”
La visita de “Río Negro” no fue el primer contacto cercano con el escándalo de las farmacias que tuvo Oscar.
Luego de abrir las puertas de su casa en el barrio San Martín de Roca, el hombre cuenta que días atrás lo llamaron desde el Ipross, para preguntarle por compras recientes para controlar la diabetes con la que convive desde hace años.
Oscar es conocido en el Ipross. No sólo porque fue colaborador del exvicegobernador Carlos Peralta, sino porque tuvo que hacer muchos trámites en la obra social, por su enfermedad y también por los problemas de salud de su esposa.
“A mi mujer le descubrieron un tumor en un riñón. Vino un médico de Buenos Aires y nosotros no pagamos nada. Sólo la operación salía lo mismo que costaba un auto. El resto del tratamiento costó el equivalente a otro auto. Y tuve la suerte de poder llegar a gente del Ipross que nos ayudó mucho. Por eso creo que también me llamaron ahora.
P: Imagino que le cuesta entender toda esta situación…
R: Sí. Y evidentemente esta gente (los imputados en la causa) no sabía quién era yo. Si no, se lo hubiesen hecho a otra gente.
Oscar muestra las drogas y elementos con los que controla su diabetes. Detalla que una caja de insulina rápida le dura cuatro meses y que con la insulina diaria tomó la precaución de tener una caja mensual adelantada. “Nos ha pasado que esté cortado el Ipross y nosotros no podemos correr ese riesgo”, justifica.
Entre agujas, pastillas y tiras reactivas -de las que llega a usar hasta tres diarias- el hombre habla de su compra de marzo.
P: Usted compró una insulina, un Accu Chek, dos Islotin y las agujas. Pero el Ipross pagó tres insulinas…
R: (Interrumpe) No no no… es imposible. Si es de la misma, es uno. ¿Es de la Lantus?
P: Sí.
R: No, es imposible. Yo nunca retiro más de una.
Luego Oscar dará una explicación tan clara como contundente: “No tiene sentido retirar más de una, porque con una caja tenés las dosis suficientes que necesitás para un mes”.
De las palabras del afiliado se desprende que los agregados en las carátulas se hacían sin ningún tipo de interés por aparentar una situación normal y que los controles del Ipross eran muy laxos o inexistentes, porque con un mínimo de rigurosidad alguien debería haber advertido que el pago de tres cajas de insulina en una sola factura sugería una irregularidad.
Finalmente, Oscar toma los documentos incorporados a la causa penal, que revelan que los 10.000 pesos de su compra se transformaron en una factura de 24.700 pesos para el Ipross. Y se hace la misma pregunta que muchos rionegrinos desde que se conoció la denuncia: “¿Por qué hacen eso? ¿Cómo fue permitido?”
No salgo de mi casa. No creo que haya hecho compras”
Luis es otro afiliado cuyo caso aparece en los registros incorporados a la causa penal.
En esta situación, la insulina y las tiras reactivas generaron un cupón de autorización con un costo a pagar por el Ipross de $ 9.132,46. Sin embargo, la carátula que partió hacia el Ipross indicó que debían pagar $ 26.439,74.
(2) La carátula ya no hablaba de una insulina y dos tiras reacxtivas. Se habían agregado dos productos más de insulina, uno más de tiras y dos Galvus Met que no pararecían en el cupón original, sumando $17.307,28.
Cuando “Río Negro” contactó a Luis surgieron más interrogantes sobre su situación.
“Yo no compro. Soy discapacitado. Hace cinco años que no salgo de mi casa, así que no creo que haya hecho compras”, respondió el hombre.
P: Pero es afiliado al Ipross
R: Hace cinco años que no salgo de mi casa -respondió antes de cortar la comunicación.
Como se detalló en la edición de ayer, la causa penal incorporó documentación que muestra cómo la compra de un afiliado con diabetes se transformaba luego en una carátula mucho más costosa para el Ipross.
En el caso testigo de Oscar, el afiliado pidió en mostrador y se llevó una caja de insulina, una de tiras reactivas, dos cajas de Islotin y una caja con 60 agujas.
Sin embargo, a esos productos luego de agregaron dos cajas más de insulina y una caja más de tiras reactivas, que tienen alto costo dentro de la industria farmacéutica.
El foco de la investigación penal está puesto en las operaciones que se realizaban en el Colegio de Farmacéuticos, principalmente en el área de Auditoría, que supuestamente debía garantizar la ausencia de irregularidades.
(*) El costo final es mas del doble del inicial.
El Ministerio Público Fiscal rechazó el pedido del sindicato ATE para constituirse como querellante en la causa.
“El único sujeto particularmente ofendido por este delito es la obra social”, advirtió el fiscal Gastón Britos Rubiolo.
Desde el gremio anticiparon que apelarán la decisión esta semana.
Vamos a impugnar esta decisión arbitraria. No podemos permitir que esta sea otra de las causas que quedan en la nada en nuestra provincia. Ahora también integramos el Consejo de Administración de la Obra Social. Somos parte del Instituto estafado.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que apelará el rechazo al pedido de ser querellantes.
“La resolución no está debidamente fundada y carece de todo sustento jurídico. La actuación del fiscal se torna sospechosa. Pareciera que no quiere otros actores que impulsen la investigación. Nosotros representamos de manera directa los intereses de todos los afiliados que han sido las víctimas de esta millonaria defraudación”, reaccionó el secretario general, Rodolfo Aguiar.
Para fundamentar su postura, el titular de la UFT 5 de Roca citó antecedentes de la misma Segunda Circunscripción. Por caso, mencionó lo resuelto a fines de junio por el juez Oscar Gatti en otro legajo, señalando que “de no intervenir en el momento oportuno, para saber si tiene legitimación una persona para ser parte querellante, puede ser que se deje avanzar hasta el juicio y sea demasiado tarde, porque al estar mal constituida, dicha constitución de querellante, provoca que se perjudique a la parte que estaba querellando por falta de acusación”.
“Hay que analizar qué se exige para ser querellante. Y como bien lo señalan Guillermo Navarro y Roberto Garay… la capacidad como querellante es “la aptitud para asumir el rol de acusador en determinado proceso, no de denunciar, esto es en relación a un objeto procesal concreto. Quien lo posea podrá ser considerada persona particularmente ofendida por el delito que se trate, e importa necesariamente la previa capacidad de quien lo ejercita, ser persona particularmente ofendida por el delito o ser su representante legal o convencional”, se destacó.
“El no estar constituido de forma correcta como lo exige la ley, lo que afecta son principios constitucionales” porque “se ha dicho que la participación de una parte ajena al proceso, afecta de forma directa la defensa del imputado”, se agregó.
El fiscal consideró que tampoco se acreditó un “interés legítimo”, tanto como representante de los trabajadores y jubilados asociados de ATE como al Ipross.
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