De usuras y enjuagues mutuales

ROBERTO F. BERTOSSI (*)

Cuando concebimos, pensamos o nos relacionamos con estas entidades, la idea colectiva es la de sus prestaciones para resolver necesidades básicas como salud, atención médica, medicamentos, acompañantes terapéuticos y/o de ancianos, servicios de sepelio, subsidios por nacimientos, casamientos y fallecimientos, alguna versión sobria para turismo y recreación de jubilados y poco más. En efecto, la propia legislación vigente las define clara y concretamente: “Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales”. El espíritu de la ley mutual –es decir, las virtudes del sistema solidario– consiste en la diversidad e importancia de principios y valores que deben regir la conducta de sus administradores, fiscalizadores y asociados de todas las categorías. Pues bien, podríamos decir que ante la cantidad de problemas, abusos (1) y escándalos que debe afrontar la mutualidad cordobesa y nacional –Vg., Córdoba: Cayfa de Alicia, Club de Defensores de Boca Juniors de Camilo Aldao, mutuales policiales, municipales, sindicales, de “La Voz del Interior”, etcétera; Santa Fe, Rafaela y Rosario: mutuales Atlético Rafaela, Ben Hur, Policial, etcétera y así, en general– no son pocos los casos similares provincia por provincia o, en menor medida, municipio por municipio; lo urgente y esencial entonces es recordar con claridad las reglas éticas básicas que rigen toda actividad mutual en cuanto tal ya que ante tantos desaguisados y desatinos se expone a las buenas gentes a no tener claro el verdadero marco axiológico del que no debe salirse nunca ninguna asociación mutual pues de lo contrario las consecuencias están a la vista, “pruebas al canto”. No puede ser otro el resultado negativo de prácticas que son ajenas y extrañas a la solidaridad de los socorros mutuos propios de una mutual genuina sino que esas distorsiones guardan demasiada similitud con emprendimientos lucrativos-financieros que, como siempre, no sólo “benefician” a unos pocos inescrupulosos que usufructúan delictualmente todas las exenciones impositivas mutuales –como la elusión tributaria de tantos fideicomisos inmobiliarios y turísticos– sino que, peor aún, perjudican simultáneamente al conjunto de la sociedad al “robarle” cuantiosos fondos que deben ser recuperados y destinados a hospitales públicos, escuelas públicas, seguridad y jubilados y pensionados, como a tanta obra pública postergada que hace tiempo que necesitamos en materia de infraestructura primaria. Llamativamente, en el interior algunas “mutuales falseadas” se estarían relacionando ilegalmente con intendentes, magistrados, fiscales, legisladores, concejales y funcionarios de toda índole y gravitación, actores sociales que no deben ignorar estos falseamientos atento a su investidura y responsabilidad social e institucional. Con los arrebatos de “sojeros” de Córdoba mediante usuras y evasiones impositivas en Camilo Aldao, otros en Alicia, Rafaela, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, “la Bancaria de Zanola” o la Mutual de Moyano –que incluso llevaron a la defensora adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a formular una denuncia por presunto lavado de dinero– se continuará con una desnaturalización del más noble sistema mutual, siempre inaceptable, al facilitarse desde el Estado mediante su Inaes con los pseudomutualistas –desde sus singulares organizaciones– para que actúen como “asociaciones mutuales”, en realidad, pícaras entidades que poco y nada tienen que ver con genuinas mutuales. No olvidemos resultados: “Laboratorios vs. Illia”… Zanola-Moyano vs. Graciela Ocaña; entonces, ¿se repetirá la historia? Como en casi todas las provincias, Córdoba en el artículo 36 de su Constitución proclama que el Estado provincial promueve y fomenta en todo el territorio provincial el desarrollo cooperativo y mutual proveyendo a una fiscalización idónea y suficiente que asegure sus características y finalidades (?). Preconclusiva y lamentablemente, estamos en presencia de “mutuales falseadas”, “perjudicados verdaderos” y responsables públicos que podrían resultar integrantes de verdaderas asociaciones ilícitas impunes, generalmente sin investigaciones administrativas ni indagatorias judiciales. Consecuentemente, todos los funcionarios involucrados por acción u omisión, los ministros nacionales, provinciales, subsecretarios y directores con competencia pertinente en el área, directa o indirectamente, junto al Instituto Nacional de Asocitivismo y Economía Social (Inaes), algo tienen que decir y mucho que responder, verbal y patrimonialmente, administrativa, civil y penalmente por omisión de los deberes de funcionario público y frecuentes como recurrentes abusos de poder por omisión, indolentes ante tanta buena fe mutual solidaria frustrada e irremontable, dañada, quizás irrecuperable. Lo dicho no impide, como dice Luis Valladares, que cuando observamos y valoramos lo que hacen, hicieron y harán por el bien social las mutuales en nuestro país nos encontremos (y encontraremos) con una enorme variedad de servicios que, en algunos casos, hasta sorprenden por su naturaleza sin que se ponga en duda que resuelven satisfactoriamente, sin intermediarios ni fines de lucro, tantas dificultades a quienes las padecen. Finalmente, con esto también decimos que conservamos la convicción en la eficacia y lozanía del sistema mutual y de que son inmensa mayoría los dirigentes mutuales comprometidos que tienen un gran sentido humanista, que practican la solidaridad y priorizan el bienestar de los asociados sin perjuicio de su repercusión positiva y aliviante para toda nuestra sociedad; en suma, principios y valores tradicionales perennes que no podrán truncar grupos desalmados en tanto seamos todos capaces de poner a cada cosa en su lugar. (1) La Anses en diciembre puso topes a las tasas que las mutuales les cobran a los jubilados; resolución AFIP Nº 2525/08. Régimen informativo mutual-económico financiero; Banco Central: ley de entidades financieras, etcétera. (*) Docente e investigador universitario, Universidad Nacional de Córdoba. Experto de la Coneau