Debate abierto

la semana en Bariloche

El transporte urbano está en el podio de los temas más ríspidos que le tocó afrontar al actual gobierno municipal y seguramente se mantendrá allí por un buen tiempo más. A la protesta estudiantil que se extendió por varias semanas entre abril y junio siguió la conformación de la comisión mixta de seguimiento del transporte (un paso adelante hasta ahora subvalorado) y el debate en cierne sobre la futura licitación, que el intendente Omar Goye prometió convocar en octubre próximo. La baja calidad del servicio -reconocido por las mismas prestadoras-, la falta de inversiones y el eterno tironeo por la tarifa componen una situación que parece empantanada y que sólo se destrabará con las futuras concesiones. Hubo algún amague de explorar la estatización total o parcial del servicio, que no ha tenido hasta ahora suficientes defensores. Sin embargo no está de más reflexionar sobre el rol que les corresponde a las empresas privadas (en teoría, inclinadas por convicción hacia la libre competencia) en una actividad que poco o nada tiene que ver con la lógica del mercado. Desde hace largo tiempo los millonarios aportes del Estado son para las empresas de transporte urbano condición indispensable de subsistencia. Sin esas transferencias de recursos públicos sería imposible mantener la tarifa en niveles razonables. Su eliminación lisa y llana llevaría el boleto a un valor socialmente inviable. Los propios empresarios admiten que si el precio del boleto duplicara el valor actual provocaría una caída drástica de pasajeros, que apelarían al remise compartido, a la bicicleta o simplemente a caminar. De modo que todo está diseñado para mantener un servicio fuertemente intervenido, sin espacio para la inversión autosostenida y el riesgo empresario. En los últimos días justamente ganó el primer plano la intrincada cuestión de los subsidios que reciben (o reclaman) las empresas Codao y Tres de Mayo. Cuando el intendente Omar Goye dispuso en abril pasado que desde el 1 de mayo todos los estudiantes viajarían gratis dijo también que compensaría a las empresas por la caída de ingresos con un subsidio de 85 mil pesos mensuales. Codao y Tres de Mayo denunciaron que hasta hoy no recibieron un peso. Claro que tampoco cumplieron con la inversión en “nuevas unidades modelos 2004”, que fue la condición fijada por el intendente para habilitar un nuevo aumento del 15% en la tarifa a partir del 1 de agosto. El diferendo por ese subsidio local aparece como anecdótico al lado de los 18 millones de pesos que ambas prestadoras recibieron en conjunto durante el primer semestre de parte de la secretaría de Transporte de la Nación. Esa cifra torna irrisorio el aporte municipal, lo cual no diluye la responsabilidad a Goye pero introduce nuevos interrogantes sobre los ingresos, los costos y el resultado económico que cosechan Codao y Tres de Mayo. La falta de claridad sobre ese punto permite estimar (sólo estimar) que los 18 millones enviados por Nación superan a lo recaudado por la venta de boletos en el mismo período. Es decir, que los pasajeros pusieron en conjunto menos dinero que el propio Estado. Cuando ocuparon el Centro Cívico los estudiantes ejercieron una presión insistente por acceder a la contabilidad de las empresas, con el argumento de que prestan un servicio concesionado por la municipalidad. Hasta ahora ese pedido no fue escuchado. Esos números deberían ser de difusión obligatoria cada vez que se realiza una revisión tarifaria, que Goye (al igual que sus antecesores) evitó convocar, a pesar de que una ordenanza obliga a darles una frecuencia semestral. Los dirigentes estudiantiles tienen presencia activa en la Comisión de Seguimiento, pero se muestran algo desilusionados por el escaso margen de acción de ese ente y esperan poder intervenir pronto en las discusiones relacionadas con el pliego de licitación. Perciben con razón que allí se juega el futuro del transporte urbano y esperan que los nuevos contratos puntualicen mejor no sólo las obligaciones de las prestadoras, la potestad del Estado y las sanciones por los incumplimientos, sino muy especialmente “la participación de la comunidad”. Mientras tanto, algunas señales del Ejecutivo no son nada alentadoras. La demora en presentar los pliegos de licitación al Concejo, que debería analizarlos en detalle antes de darles aprobación definitiva, podría complicar los tiempos para convocar en octubre. Además, la presencia del poder administrador en la Comisión de Seguimiento del Transporte tiene cada vez menos peso. La primera reunión fue presidida por Goye, a las dos siguientes concurrió el entonces Jefe de Gabinete Oscar Borchichi y en la última el emisario fue su segundo, Rodrigo Arroyo. La falta de iniciativa del Ejecutivo en este tema tiene potencial para desembocar en un nuevo conflicto, cuando todo indica que la forma en que Goye se ocupe del transporte será decisivo para el resultado final de su gobierno.

daniel marzal dmarzal@rionegro.com.ar