24 de marzo: el aniversario del Golpe y los riesgos para la democracia
El Proceso de 1976 fue la síntesis de todas las rupturas del orden institucional y tuvo, entre otras, la firma de entidades empresarias y adhesión en los grandes medios nacionales.
En un nuevo aniversario, 24 de marzo, del golpe cívico militar de 1976, que dio inicio al denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), recordemos algunas cuestiones para que estos días sean también una reflexión sobre la importancia del estado de derecho.
En primer lugar, subrayemos que las dictaduras son el mecanismo de negación de la política y toda forma de disenso. Hay una sola voz, más aún: prima el silencio.
Todas fueron coaliciones cívicas- militares: la del 1930; la de 1943, la de 1955 y 1966. El Proceso de 1976 fue la síntesis de todos los golpes que organizaron la ruptura del orden institucional y tuvo, entre otras, la firma de entidades empresarias y adhesión en los grandes medios nacionales.
Contó asimismo con el apoyo de algunos sindicatos y de la Iglesia, ya que las cabezas del episcopado católico estaban informadas de los planes; aunque es de señalar que no toda la iglesia actuó de ese modo.
En segundo lugar, recordemos que, por un lado, existía crisis dentro del peronismo- vacío de poder- y la “falta de voluntad política” de Italo Lúder, que desde el senado en la línea sucesoria le correspondía asumir el gobierno; sin embargo, estaba convencido que la decisión de las FF.AA. de tomar el gobierno era irreversible (Lúder, 1977:30).
La UCR-que no había sido ajena a otros golpes- en ese momento mostraba tres líneas internas que, con diferencias, querían evitar la caída del gobierno constitucional.
Sin embargo la propuesta no tuvo eco y el golpe no sorprendió a nadie. Por otro lado, el sector de militares encabezado por Rafael Videla luego de la “tregua” otorgada al gobierno, terminó planteando que para terminar con las organizaciones armadas, primero había que sacar a María Estela Martínez de Perón (Isabel) del gobierno.
"Cerrar un ciclo histórico"
Así fue como el Ejército tomó el poder del Estado una vez más en nuestro país. Años después, el General Díaz Bessone decía que el derrocamiento de ese gobierno no fue por la lucha contra la subversión, ya que nada impedía eliminar la misma bajo un gobierno constitucional: la cuestión era clausurar un ciclo histórico (Bessone, 1982:8).
Respectode ese golpe, dice Ricardo Sidicaro, que la dictadura de Videla- Martínez de Hoz, tuvo un objetivo claramente social: transformar el sistema de relaciones políticas, sociales y económicas, suprimiendo la capacidad de clases populares de defender sus conquistas (2004:91).
El Comahue no era una “zona caliente”, donde había una mayoría de acciones de las organizaciones armadas, pero era para los militares una zona “potencialmente apta” para ello.
El denominado “Proceso de Reorganización Nacional (PRN): 1976-1983”, llevó a que las FF.AA. dividieran el territorio argentino en cinco zonas, subdivididas, a su vez, en subzonas y áreas, cada una bajo el control de los militares. Cuando sistematizaron la lucha contra la subversión, las directivas militares (1975) establecían hipótesis represivas en distintas zonas, subzonas y áreas de seguridad. Las directivas estipulaban que el esfuerzo debía realizarse en los principales centros urbanos y las lugares colindantes, como así también en las áreas y zonas montañosas del país.
La represión en Río Negro y Neuquén
De este modo, quedó incluido el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, con control para evitar frentes rurales que se extenderían de Villa La Angostura (Neuquén), El Bolsón y Bariloche (Río Negro).
Es decir, que la Patagonia conformó la zona 5, bajo la coordinación del Quinto Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca y, precisamente, por ello, la región Comahue, quedó dentro de la subzona 5 como señala Pablo Scatizza, (2 016:402). La región no era una “zona caliente”, es decir, donde se registraban mayoritariamente acciones de las organizaciones armadas, era – para los militares- una zona potencialmente apta para ello.
Porque formaba parte de la preocupación sobre ciertas movilizaciones, huelgas y puebladas desarrolladas en el valle en los años 1960/70; entre otras, la huelga de El Chocón, las puebladas de Roca y Cipolletti, las acciones de los estudiantes de la UNCo.
Pero además, existía otra inquietud que permite entender por qué centralizarse en algunos centros urbanos de la cordillera: el arribo de inmigrantes chilenos que huían del país trasandino con motivo de la represión por el golpe de Pinochet que derrocó al presidente Allende (1973).
Cabe recordar que la cordillera nunca fue una barrera infranqueable.
Muchos de los que llegaban a esta región, quedaron bajo la protección del obispo Jaime de Nevares, el que con algunos sacerdotes de la diócesis neuquina (Galbiati, Capitanio, Páez, etc), desplegaron un espacio de contención y protección tanto para inmigrantes como para migrantes internos.
Como dice María Cecilia Azconegui (2018:117), la comunidad católica neuquina fue una pieza clave en la organización de la oposición a la dictadura y la defensa de los derechos humanos en la región, a través de, entre otras, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), creada en Neuquén a mediados de 1976 a iniciativa de Jaime De Nevares.
Un modelo económico excluyente
De este modo, muchos de los familiares de las víctimas (presos políticos, detenidos, desaparecidos, etc.) pudieron acudir al Obispado buscando ayuda.
Por último, no olvidemos la política económica que puso en marcha el PRN con Martínez de Hoz, fue el topetazo más fuerte a las pequeñas y medianas empresas; política económica que buscaba una modernización, una revolución desde arriba, para debilitar algunos sectores y beneficiar a otros. Al decidir la apertura a los mercados internacionales provocó una desindustrialización selectiva que otorgó beneficios a algunas empresas, que absorbieron o compraron otras firmas, gracias al acceso preferencial al financiamiento público y/o externo, situación que modificó los grupos económicos del país (Castellani, 2004: 173-218).
Esta política “neoliberal”, continuó durante los años ’90, bajo gestiones de gobiernos elegidos por el pueblo y ha resultado complejo para las administraciones que siguieron, descentralizar el capital, la producción, el ingreso, la desocupación y la precarización laboral.
La reconquista de la democracia en 1983 (hace 40 años) en sus distintas administraciones no pudieron (¿o no quisieron?) modificar el lugar central de las fracciones económicas más concentradas. Por ello, todavía no finalizaron los riesgos a la democracia, no existe el peligro de un golpe, pero asoma un deslizamiento desde un orden político más incluyente a un orden más excluyente, en el que la política y los políticos tienen mucho que ver.
* Dra. en historia, UNCo.
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