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Drogas y dependencia: un enfoque integral y preventivo
Un proyecto de ley de diputados rionegrinos busca generar un plan nacional de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) desde las etapas iniciales, abordando temas como la educación, la publicidad y la internación de los pacientes.
Abordar el tema de las drogas (legales e ilegales) que generan dependencia en quienes las consumen no es sencillo en Argentina, ya que a la falta de datos certeros y actualizados sobre los cuales elaborar políticas, se suma la superposición de planes y acciones de diferentes organismos del estado y jurisdicciones que tienen enfoques diferentes a la hora de tratar el problema. En los últimos años, el tema de las primero denominadas “adicciones” y luego “consumos problemáticos” ha sido abordado básicamente desde la óptica de la ley de Salud Mental, que a juicio de muchos especialistas tiene vacíos y limitaciones que dejan sin atención a muchas personas implicadas y sobre todo a sus entornos, que a menudo se encuentran solos ante un drama familiar y social.
En este contexto, dos diputados rionegrinos, el psiquiatra Luis Di Giacomo y Agustín Domingo (JSRN) presentaron en estos días un extenso proyecto de ley para la “Prevención de la Dependencia con y de Drogas”, que plantea establecer un marco legal nacional para abordar estas situaciones en las personas y las comunidades en todos los niveles (primario, secundario y terciario), que busca dar un enfoque federal y específico de la problemática.
Como señalan sus autores, el proyecto busca salirse del tradicional debate “prohibicionismo/control de daños” y darle un enfoque preventivo de salud, pero que no abarque sólo los efectos que generan las sustancias “psicoactivas” (desde el alcohol y los fármacos legales a las drogas ilegales más o menos duras) en quienes las consumen con mayor o menor regularidad, sino también a sus familias y las comunidades en las que viven, que a menudo sufren las consecuencias y quedan desprotegidos.
En resumen, el proyecto busca según sus autores, “crear un sistema regulatorio específico, que fije las competencias y funciones de las organizaciones dedicadas a la temática”, en una red nacional; “proteger a terceros de los perjuicios generados por la producción, distribución, oferta, venta, publicidad y consumo” de estas drogas; “fijar un marco para el diseño de un plan nacional estratégico” en la temática y “definir los derechos de las personas afectadas por el circuito comercial de las drogas”.
En diálogo con Debates, el diputado Di Giacomo detalló los puntos claves de la iniciativa, que tiene más de 100 páginas.
• La necesidad de una ley específica.
El marco normativo actual (la ley 26.657 de Salud Mental) no es suficiente para definir las acciones terpéuticas en las personas que padecen dependencia, asegura el médico psiquiatra. “Si bien hay entrecruzamientos con los padecimientos mentales, se necesita algo específico. La ley de Salud Mental está centrada en el derecho del paciente a la toma de decisiones, a no ser internado compulsivamente y muchas veces de por vida, como ocurría antes. Desde los años 50 y sobre todo desde la década de los ‘90, conocida como la ‘década del cerebro’ los avances en genética, en el conocimiento de los mecanismos de pensamiento y cómo actúan químicamente distintas sustancias en el cerebro y la psicoterapia generaron toda una ‘artillería’ que te permite hoy incluso en las enfermedades mentales severas, la mayoría de los pacientes en 2,4ó 6 semanas de tratamiento pueden recuperarse de una crisis y hacer una vida casi o completamente normal, no necesitan estar internados meses o años”, explica. “Si bien a veces se requiere una internación por ser peligrosos para sí o terceros, éstas tienden a ser más cortas que antes. Con la medicación y tratamiento adecuado, las personas pueden incluso volver a trabajar o estar con sus familias, algo que se considera beneficioso para su salud mental, en general”, explica.
Sin embargo, en el caso de las dependencia de sustancias a menudo no es así, agrega. “Un adicto severo, con deterioro, dependencia física o psicológica, recaídas, a veces necesita meses para lo que en la jerga se llama ‘limpiarse’. Además, su entorno suele estar poblado de otros consumidores o proveedores de drogas, que promueven su consumo. Entonces pueden superar la crisis (porque se accidentó, tuvo un lío en la calle, fue a la guardia por intoxicación o sobredosis, o cayó preso) pero si lo das de alta muy rápido vuelven a consumir, porque su ‘voluntad’ está vencida por la adicción, no puede resolver por sí solo la problemática”, explica Di Giacomo.
Por eso, la propuesta no demoniza a la internación prolongada como herramienta terapéutica, pero propone hacerlo en “comunidades terapéuticas acreditadas” públicas, privadas o sin fines de lucro reguladas por la ley, debidamente supervisadas e integrando una red nacional.
• Tres niveles de prevención.
La propuesta de ley define criterios de intervención, recuperando los tres niveles sanitarios (primario, secundario y terciario). El primario se refiere “a todo lo que es educación en las escuelas, campañas de publicidad, de modo sostenido y planificado a nivel nacional”, sostiene Di Giacomo. La secundaria “tiene que ver con la atención ambulatoria, en consultorios, hospitales e instituciones”, dice. La terciaria “se refiere a los casos que necesitan internación en lugares específicos y tratamientos largos”, agrega. El diputado enfatiza en que la red debe ser nacional para atender todo tipo de dependencia de cualquier substancia y debe ser coordinada por el Estado. “Yo siempre pongo como ejemplo una situación como una quebradura. Vos hoy te quebrás por un accidente y, sin importar el lugar del país en que estés, casi seguro que en 24-48 horas ya tenés una respuesta sanitaria, mejor, peor, lo que sea. Alguien te revisó, te hizo radiografías, te puso un yeso, algo. Si hoy una persona tiene una crisis un sábado a la noche, que es lo que suele ocurrir, lo más probable es que te vaya a ver un policía, un enfermero que no está preparado para lidiar con una persona en crisis o caés intoxicado en una guardia que no sabe para dónde derivarte. O te derivan, pero tenés turno para dentro de dos semanas y el problema es hoy, requiere acciones inmediatas” explica. Puso como ejemplo el Incucai para el tema trasplantes o la Sociedad Argentina de Cardiología, que para las enfermedades cardiovasculares establece protocolos nacionales de atención en cada caso, fija criterios comunes, capacita y lleva estadísticas, algo que hoy no existe a nivel de adicciones o dependencia. “No hay un protocolo de qué hacer en casos de menor a mayor gravedad, de una atención primaria, de una contención, o decidir una internación, según el caso. Cada jurisdicción e institución tiene su criterio. Por eso hablamos de crear una red nacional y un registro nacional de instituciones”, grafica el legislador.
• Drogas como mercancías y publicidad.
El proyecto parte de una serie de definiciones. Señala que hoy todas la sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, son mercancías producidas en forma industrial en un mundo globalizado y generan ganancias gigantescas. “Algunos argumentan que siempre hubo alcohol y drogas. Es cierto, pero era un mundo antiguo o feudal, donde la producción era comunitaria, artesanal y el consumo limitado a ciertos sectores sociales y ocasiones especiales. Hoy hay un sistema que produce masivamente e induce al consumo constante ya sea de alcohol, psicofármacos legales o en lo ilegal cocaína o drogas sintéticas. Hay productores, publicidad, enormes ganancias para el sistema financiero, ya sean legales o lavado de dinero. No es una decisión sólo individual, hay un sistema que induce al consumo”, explica. Por eso un parte importante del texto aborda el tema mediático, prohibiendo la publicidad, promoción y patrocinio en medios de comunicación o en eventos masivos como los deportivos de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos o estupefacientes. También aumenta los gravámenes a las bebidas alcohólicas y exige a los fabricantes a publicar en al menos el 20% de las etiquetas del producto los problemas relacionados con el consumo, algo similar a lo que pasa hoy con los paquetes de cigarrillos. Establece un registro nacional de licencias para distribuir y comercializar estas sustancias, para controlar y reducir los puntos de venta y disponibilidad. En otro ítem, agrava las multas y penas de prisión por la venta de alcohol a menores.
• Financiamiento.
Di Giacomo admite que este plan nacional necesitará fondos, y lo relaciona con el punto anterior. No sólo establece partidas presupuestarias propias sino que los nuevos gravámenes, multas, permisos y licencias pueden generar estos recursos. “La misma industria puede generar el dinero para prevenir, que siempre es menor al gasto en salud, seguridad o procesos judiciales. Lo que se pierde por accidentología o en ausentismo laboral es enorme. Prevenir siempre es un ahorro importante”, señala. En los fundamentos del proyecto explica, por ejemplo, que el 40% de los accidentes de tránsito con víctimas fatales en nuestro país está ligado al consumo o abuso de bebidas alcohólicas y casi la mitad de ellos son jóvenes. Que en Capital Federal, el 25% de los delitos que incluyeron violencia física hubo consumo de alcohol o drogas. Y también un 60% de los episodios de violencia callejera o en lo hogares hubo sustancias psicoactivas involucradas.
• Un sistema nacional, con estadísticas propias
La propuesta de ley busca rejerarquizar el rol del Sedronar como autoridad de aplicación, con mayores atribuciones y un accionar conjunto con el Consejo Federal de Drogas con participación de las provincias y un Consejo de Prevención de la Dependencia con y de Drogas, que buscarían articular el plan nacional de prevención en todo el país, para evitar diferencias regionales. También crea un Observatorio Nacional que lleve la estadísticas sobre consumos de drogas y narcotráfico. “En Argentina tenemos un problema. En todo el mundo el consumo de drogas tiende a estabilizarse, mientras en nuestro país se ha disparado, y no sólo por la pandemia, es de hace más de diez años. Pero no tenemos un sistema de estadísticas nacionales y con toda la tecnología de hoy no hay excusas para no tenerlas, porque eso define tu política de salud. Hace 40 años nuestro principal problema eran los alcohólicos crónicos, personas de más de 30 años con consumo exagerado de alcohol que llevaban a problemas como la cirrosis. Hoy sabemos que la edad de consumo de alcohol bajó a los 10-11 años, que es episódico (fines de semana) con policonsumos con otras sustancias que potencian los efectos negativos de las drogas. Pero necesitamos estadísticas ciertas de prevalencia que nos digan dónde estamos parados”, finaliza el diputado nacional.
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