Nayib Bukele y el autoritarismo cool ¿un nuevo modelo?

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Las imágenes recorrieron las redes sociales y los canales de noticias de todo el mundo: un grupo de 2.000 prisioneros, rapados, con sus cuerpos tatuados, manos en la nuca y vestidos sólo con ropa interior blanca, eran llevados al trote, como ganado, de un viejo penal a un patio, alineados prolijamente y puestos de rodillas, para luego comenzar una nueva movilización hacia una hilera interminable de colectivos, que luego se dirigieron a su destino final, “la mayor cárcel de Latinoamérica” donde la carrera corta, el “arreo” bajo la atenta mirada de guardiacárceles y militares y una nueva formación de rodillas se repitió, para luego encarar de la misma forma el ingreso a sus celdas, en pabellones despojados, iluminados y relucientes. Se trató de una cuidadosa puesta en escena, planificada y filmada al mínimo detalle, del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho de la “mano dura” contra la delincuencia la base de su popularidad y cuyo éxito le está granjeando admiradores en diversos países de Latinoamérica.

Sin embargo, el accionar de un gobierno que ha convertido el estado de excepción en la nueva normalidad genera crecientes preocupaciones por su autoritarismo, la violación masiva de derechos humanos, casos de corrupción y la creciente evidencia de connivencia de funcionarios con el crimen organizado.

El primer traslado de miles de “mareros” a la megacárcel bautizada pomposamente “Centro de Confinamiento de Terroristas”, se produjo en momentos en que arrecian denuncias sobre abusos policiales y poco después de que el Departamento de Estado de EE.UU. divulgara un informe en donde señala que el gobierno de Bukele, antes de iniciar su “guerra” contra las pandillas en 2021, había pactado una especie de “tregua” con los principales líderes criminales para poder llegar en un clima de tranquilidad a las elecciones legislativas de ese año . Una denuncia que ya habían hecho, con documentos y otras pruebas, medios periodísticos como El Faro, que fueron acusados por el aparato de propaganda oficial como “lavadores de dinero” y favorables al narcotráfico.

El fenómeno Bukele no ocurre en el vacío. El Salvador arrastró por décadas hechos de violencia, signados por una dictadura y una guerra civil que devastó al país en los ‘80. Pero la pacificación y el regreso democrático en los 90 trajo nuevos problemas. En esa década llegaron al país desde EE. UU., pandilleros de origen salvadoreño ligados al narcotráfico, que rápidamente monopolizaron el crimen organizado en el país, se asociaron con carteles colombianos y mexicanos de la droga, e hicieron del tráfico y la extorsión su fuente de ingresos, sumiendo el país en otra ola de violencia y aterrorizando a la población.

Las sucesivas administraciones de la derechista ARENA y la izquierdista FMLN no representaron un real cambio: los problemas de violencia, desigualdad y pobreza se agudizaron, a lo que se agregaron hechos de corrupción resonantes, que fueron generando un clima de hastío con la clase política.

Es en este clima que surge la figura de Bukele, que integraba el partido izquierdista pero cuya actuación como alcalde de San Salvador ofrecía perfiles novedosos: un joven millenial, apoyado en el uso de tecnología y redes sociales, con un discurso dirigido a los jóvenes y que prometía orden, eficiencia, modernidad y oportunidades de progreso. Ganó la presidencia en 2019 con más del 50% de los votos.

Durante su gestión, combinó gestos de modernidad como la apuesta al bitcoin como moneda de reserva y el reto (incluso despido) de funcionarios vía Twitter, con gestos de carisma tradicional: se presenta a sí mismo como un “instrumento de Dios” y no vacila en rezar y llorar en público, si la circunstancia lo requiere.

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Para defender su estrategia, el presidente Bukele exhibe números contundentes sobre la pacificación del país. La tasa de homicidios del país centroamericano pasó de ser de las más altas del mundo, con 106 muertes cada 100 mil habitantes en 2015 a 37,1 asesinatos cada 100.000 habitantes en 2019 y a una de 1,8 en 2022, “la más baja de Latinoamérica” se jactó Bukele en Twitter.

Los datos del Gobierno indican el año pasado sólo hubo 496 homicidios, un 57% menos que el año anterior. Este año se han registrado apenas 33 homicidios y varias jornadas sin muertes violentas, según la Policía.

El punto de inflexión fue el 2022, cuando el gobierno decidió aplicar una política de “mano dura” tras sufrir una jornada con 62 homicidios en apenas 24 horas. El Congreso, a solicitud de Bukele, aprobó un estado de excepción que se ha ido renovando mes a mes y cumplirá un año este 27 de marzo. En ese lapso, las autoridades informaron la captura de 65.291 personas, acusar de ser miembros o colaborar con pandillas. De estas 3.745 fueron liberadas y hay más de 57.000 con prisión preventiva sin condena.

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Sin embargo, las estadísticas tienen un costado muy negativo. El control de la violencia en las calles se ha hecho por métodos poco transparentes y con un sistema cada vez más autoritario. Periodistas salvadoreños de “El Faro” aseguran con documentos que desde el 2019 Bukele ha sostenido a través de ministros negociaciones clandestinas con las principales pandillas del país, la MS13, B18 sureños y B18 revolucionarios, para bajar artificialmente la violencia antes de las elecciones, a cambio de condiciones más favorables en las cárceles y la liberación de algunos líderes. También ha frenado la extradición de líderes mareros y dos de sus funcionarios están sancionados por el Departamento del tesoro de EE.UU. por presuntos nexos con el crimen organizado.

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El “populismo punitivo” es una estrategia que manipula el temor de la comunidad, ofreciendo soluciones fáciles y rápidas a un problema complejo.

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En 2020, el presidente ingresó acompañado de militares a la sede de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, y tomó el control del cuerpo, que se negaba a aprobarle un plan de 109 millones de dólares para mejorar la seguridad. A partir de marzo de 2021, logra mayoría en el cuerpo gracias a una resonante victoria en las elecciones legislativas y en mayo de ese mismo año destituye a los magistrados de la sala Constitucional y al Fiscal General, cuando estaban investigando varios hechos de corrupción. En estos 11 meses del estado de excepción, organismos de derechos humanos han denunciado ejecuciones sumarias, desapariciones, arrestos arbitrarios, confesiones obtenidas bajo tortura y amedrentamiento a la prensa independiente, entre otros abusos.

La ley suspendió la libertad de asociación, la privacidad de las comunicaciones y del derecho de los detenidos a ser informadas sobre la causa de su arresto, entre otras faltas al debido proceso. Hay muchos detenidos, entre ellos menores de edad, acusados de delitos de manera genérica y sin pruebas suficientes, aseguran.

El comité contra la Tortura de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch han elevado informes que documentan violaciones a los derechos humanos, sin obtener más que respuestas generales y ataques directos del Gobierno salvadoreño.

A eso se suman acusaciones de nepotismo y corrupción, favorecidas en un gobierno poco transparente y sin acciones de organismos de control. Los hermanos de Bukele, Yusef e Ibrahim, forman parte del círculo más cercano al presidente y toman decisiones a diario, sin tener cargos oficiales. Además de hacer de emisarios y gestores, manejan la red empresarial de la familia, sin tener que rendir cuentas públicamente.

Pese a las críticas la popularidad del presidente se mantiene en niveles altísimos. A la mano dura suma un creciente misticismo. Y su capacidad de proveer soluciones al problema de la inseguridad, lo blinda a las críticas. Es muy probable que logre su reelección, aunque esté constitucionalmente prohibida. Los magistrados (ahora leales) de la Sala Constitucional ya le adelantaron que podrá postular a un nuevo mandato, siempre que decida dejar el cargo “seis meses antes”.

Así, con niveles elevados de popularidad y en control total de las instituciones, Bukele se prepara para continuar en el poder en El Salvador, mientras su modelo tecnocrático y de “populismo punitivo”, que ofrece soluciones fáciles y rápidas a un problema complejo, suma admiradores en toda América Latina, incluyendo Argentina (ver aparte), sin tomar en cuenta las graves consecuencias para la democracia de un modelo que finalmente no resuelve las causas profundas de la criminalidad y genera un deterioro institucional de consecuencias imprevisibles.

En Argentina, desde Milei a Sergio Berni, un modelo que interesa

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La estrategia comunicacional de Nayib Buele, que combina hábilmente temas tradicionales del discurso de “mano dura” con apelaciones a una eficiencia tecnocrática y críticas a la clase política establecida, han generado atención en el continente, donde varios políticos parecen seducidos por su fórmula.

“No tengo ninguna duda de que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele”, dijo el jueves el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, funcionario de confianza del gobernador Axel Kicillof.

“Esa foto es música para mis oídos”, dijo Berni cuando le mostraron un tuit de Fernando Burlando en el que proponía enfrentar al narco “al estilo salvadoreño” y mostraba una imagen de cientos de presos amontonados en la nueva cárcel de Bukele.

Otro político que se apresuró a reivindicar públicamente al presidente salvadoreño fue el ex diputado radical Luis Petri: “En la Argentina necesitamos más Bukele y menos Zaffaroni”, dijo Petri en A24. “En 2018, en El Salvador, había 55 muertes cada 100.000 habitantes. Hoy, hace 300 días que no muere un solo salvadoreño. Construyó un penal en seis meses para alojar a 40.000 pandilleros. Hizo más de 50.000 arrestos. O estamos del lado de las víctimas y de los ciudadanos del bien o estamos del lado de los delincuentes”, explicó Petri.

Aunque no le mencionan, otros líderes que se acercan bastante a las propuestas de “populismo punitivo” de Bukele son Javier Milei , quien propone en materia de seguridad “Trabajar en una ley para derogar la ley de Seguridad Interior (…) y que las personas sepan que el de verde y el de azul están para proteger”, sostiene. Por su parte, Patricia Bullrich ha defendido un rol activo de las fuerzas Armadas contra el crimen organizado. “Estamos pensando en cambiar las leyes para que el Ejército pueda acompañar, y de esa manera utilizar las herramientas del Estado para el combate de esas organizaciones criminales como las de Rosario, que además son de un nivel de violencia inusitada”, dijo Bullrich.