Demandarían a Baratti por delitos contra la administración pública

El área de Legales sigue ultimando detalles en la elaboración del informe que podría llevar al exintendente Abel Baratti y otros exfuncionarios a Tribunales. Si bien se esperaba que hoy estuvieran las conclusiones, desde la asesoría se tomarán algunos días más para “hacer todo con tranquilidad” antes de aconsejar qué debe hacer el Poder Ejecutivo. Desde el interior de Legales no quieren aventurar qué harán, pero todo indica que Baratti será demandando penalmente por “delitos contra la administración pública”.

Según la Carta Orgánica no puede haber déficit fiscal en el municipio, salvo un evento extraordinario que justifique un cambio en el presupuesto. Así, el desfasaje en la balanza de 43 que arrojó el último año de la gestión de Baratti no tiene otra salida que la justicia. Ese monto representa algo más del 10% del presupuesto de ese año que ascendía a 410.920.499 de pesos.

“Después deberá resolver la Justicia, nosotros lo único que podemos hacer, si lo decidimos así, es aconsejar que el Ejecutivo presente una demanda”, aseguró una fuente del sector.

Una situación como la crisis del 2001 podría ser suficiente para justiciar un déficit o un endeudamiento. Sin embargo “eso no ocurrió”.

“Las regalías por los contratos petroleros estaban destinadas a obras y la del San Pablo no se hizo, eso no tiene justificación”, aseguró la misma fuente en relación a los 11 millones que llegaron desde Provincia para repavimentar uno de los barrios más antiguos de la ciudad.

Además, Contraloría denunció 16 millones en pagos no registrados en 2015 y otros 20 millones de la gestión. Entre los montos no registrados, desde el Ejecutivo aseguraron que compraron un TV LED de 48 pulgadas -en Lucaioli- del cual se desconoce un destino.

Desde Legales manejan tres figuras penales posibles de acuerdo al análisis que están realizando. Las más comunes son malversación de fondos e incumplimiento de los deberes como funcionario público. Otra posibilidad, más compleja de probar, pero que se baraja como alternativa es la defraudación. Las tres figuras penales se encuadran dentro de los delitos contra la administración pública. Las posibles condenan tienen un amplio abanico de posibilidades; desde la inhabilitación de la función pública hasta 6 años de prisión.

Además desde Legales aseguraron que podría haber otros exfuncionarios denunciados por algunos de los cargos mencionados anteriormente. Sin antecedentes penales, el peor escenario sería una prisión en suspenso pero sin cárcel efectiva. Son todas penas excarcelables.

Si bien el Ejecutivo tiene facultad para declinar el “consejo”, desde el interior del gabinete local ya adelantaron que harán “lo que recomiende la asesoría”. Los contratos en servicios públicos y acción social, entre otros, están en el ojo de la tormenta. El viernes estará definido el informe para que el Ejecutivo termine de resolver si judicializará la causa.

Posibles figuras penales para la demanda