Denuncia por ventade bonos involucra a funcionarios nacionales

Un grupo de diputados provinciales del Chubut presentó una denuncia ante el Juzgado Nº 3 de la ciudad de Trelew solicitando que se reabra la investigación por las operaciones financieras efectuadas por la provincia con bonos y acciones otorgados oportunamente por la Nación como compensación de regalías mal liquidadas.

En la misma figuran nombres de altos funcionarios nacionales involucrados en forma directa o indirecta en estas maniobras, como es el caso del titular del PAMI, Federico Polak; el flamante secretario de Pymes, Guillermo Busso, y el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Alberto Spagnolo (ver nota aparte).

Por otra parte, la fiscal Ana Casajús finalmente decidió impulsar la denuncia y el juez de instrucción se dispone a incautarse en las próximas horas de documentación que estaría depositada en el Ministerio de Hacienda, a contratar peritos especializados y a realizar allana- mientos en distintas dependencias oficiales en busca de más pruebas que permitan sostener la acusación.

La denuncia, patrocinada por el estudio del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, apunta a operaciones financieras que se habrían realizado durante la vigencia del decreto ley Nº 529 de abril de 1992 y derogado hacia fines del «93, período en el cual estuvo como gobernador Carlos Maestro, e interventor del Banco de la Provincia del Chubut Federico Polak.

El decreto habilitaba al Ministerio de Economía a requerir financiamiento sin límite a través del Banco de la Provincia con miras a cubrir presuntos desequilibrios de Tesorería.

Las transacciones fueron efectuadas con la intermediación de la financiera Argemofin SA, una firma agente de Bolsa denominada Argenbur SA, la empresa Aluar Aluminios Argentinos SA y el Banco BEAL Uruguay.

Las operaciones denunciadas son las denominadas «de pase», «arbitraje» y toma de préstamos por parte de la provincia, garantizadas con cauciones de acciones, regalías petroleras, dividendos de las mismas y porcentajes de coparticipación federal.

Conforme a los datos tomados de la denuncia oficial, los sobrecostos generales sólo por las operaciones realizadas entre el 27 de diciembre del «93 y el 10 de junio del «99 ascienden a los 98 millones de pesos.

Las pérdidas totales estimadas para la provincia, por el mal manejo de los bonos en el mercado y los sobrecostos pagados para conseguir financiamiento, superan -según estimaciones extraoficiales- los 200 millones de pesos.

Según fuentes judiciales, el caso está encuadrado en lo que se conoce como «delitos financieros», de los que podrían surgir delitos de carácter económico. Se dice también que éste es uno de los casos más complicados y comprometidos que en los últimos tiempos llegaron a los tribunales de Trelew.

Hace dos semanas, el ex gobernador Carlos Maestro juntó al radicalismo de la provincia en una conferencia de prensa. El actual gobernador José Luis Lizurume (que fuera ministro de gobierno durante la gestión de Maestro) también concurrió. Maestro trató de minimizar el tono de las denuncias y dijo que se había iniciado «una campaña para desprestigiarme».

Involucró en la denuncia «los problemas de la familia Madanes por el control de poderosas empresas» y dijo que lamentablemente «el justicialismo había caído en una trampa, en el medio de una millonaria disputa familiar».

En Chubut, la familia Madanes tiene concentrado el manejo de la empresa Aluar en Puerto Madryn, y también controla una de las financieras que actuaron en la venta de los bonos y acciones.

En este sentido hay que destacar que Javier Madanes Quintanilla, involucrado también en la causa, es presidente de Aluar y a su vez principal accionista de Argenbur SA (agente de Bolsa que absorbió oportunamente a la financiera Argemofin SA).

Un nombre en común

Durante la vigencia del decreto Nº 529, el cargo de interventor del Banco Provincia estaba ocupado por Francisco Polak.

En la sesión legislativa del 29 de setiembre de 1993, diputados chubutenses advirtieron similitudes en las operaciones financieras con las realizadas en la provincia de Río Negro tiempo atrás. Allí también participó Polak como interventor del Banco Provincia de Río Negro y Argemofin como intermediaria financiera (ver nota pág. 10).

La coincidencia está en que justamente las dos provincias mencionadas pertenecían a gobiernos radicales, que Polak actuó como interventor en ambos bancos provinciales y que el agente financiero para colocar gran parte de los bonos en el mercado fue la financiera Argemofin SA y el agente de Bolsa Argenbur SA.

Correligionarios

La denuncia presentada ante tribunales chubutenses señala la «connivencia» de «funcionarios que aprobaron las operaciones» y «empresarios que ganaron dinero».

Entre todos sobresale en estos días el flamante secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Busso, designado en ese cargo anteayer, porque reúne en su persona ambas calidades, ya que ha sido director de la financiera Argemofin y de la firma Argenbur, director de la empresa Aluminios Argentinos (Aluar) y director del Banco de la Nación Argentina.

Busso es radical.

Lo es igualmente Federico Polak, en la actualidad miembro del triunvirato interventor del PAMI, y protagonista de los hechos denunciados por haber sido, en forma sucesiva, interventor en los bancos de la Provincia de Río Negro y de la Provincia del Chubut.

Se dice de él en la denuncia que «durante los períodos en que se desempeñó como interventor en los bancos mencionados, muchas de las operaciones llamadas de arbitraje o pase fueron realizadas con la financiera Argemofin».

A la sazón otro radical, Busso, era presidente de Argemofin, y eran también radicales los gobernadores de Río Negro y del Chubut, Horacio Massaccesi y Carlos Maestro.

El primero continúa en funciones para el partido como senador nacional, mientras que el segundo lo hace como diputado en el Congreso.

Otro director del Banco de la Nación, Alberto Spagnolo (actualmente es uno de los vicepresidentes), aparece relacionado con las operaciones en cuestión, por haber sido sucesor de Polak en el cargo de interventor en el banco estatal chubutense.

Spagnolo declaró en una causa archivada -cuya reapertura se solicita en la denuncia- que «las operaciones a corto plazo, sin programación, resultan ser un mal negocio». Pero, advierte la denuncia, después «firmaría un sinnúmero de operaciones financieras a corto plazo con Argemofin».