Denuncian desalojo ilegal en un asentamiento de Cipolletti
Se trata de la toma de la toma 21 de Septiembre. El terreno es propiedad del municipio. El viernes, la justicia rechazó un pedido de desalojo.
La toma se originó a fines del mes pasado. (Foto: Florencia Salto)
Topadoras del municipio, con apoyo de la fiscalía y el soporte del personal policial y del COER iniciaron a un desalojo ilegal en el asentamiento de Cipolletti. Así lo denunciaron los ocupantes y el defensor Martín Palumbo quien patrocina a varias de las personas que están implicadas en la causa por usurpación.
Según pudo averiguar Río Negro, hubo un convenio entre el municipio y varios núcleos familiares para que abandonen el terreno a cambio de 15 mil pesos por mes durante 6 meses.
En consecuencia, las topadoras iban a “limpiar” los lotes de las personas que se iban. Sin embargo, las cuatro casas que derribaron, así lo detalló Palumbo, era familias que aún se mantienen en el lugar. “Hubo un inicio de desalojo sin respetar la decisión judicial”, indicó el abogado. El asesor legal del municipio, Raúl Franco, desmintió categóricamente que no hay un convenio entre el municipio y los ocupantes.
El viernes, la jueza de Garantías Sonia Martín, no hizo lugar al pedido de la fiscalía y el municipio que se presentó como querellante, para proceder al desalojo. De esta manera, es el tercer pedido del Ministerio Publico Fiscal en el último mes por distintas tomas que se originaron en Cipolletti durante el tiempo de pandemia.
Según comentaron los vecinos, el fiscal Jefe Gustavo Herrera se comprometió a conseguirles los materiales a las familias que perdieron la precaria vivienda que habían armado en el sector. Oficialmente, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que no se procedió a ningún desalojo.
Llamativamente, las cuatro casas que los vecinos denuncian que destruyeron, pertenecen a personas que el viernes pasado fueron imputados por el delito de usurpación.
Otro rechazo judicial
El municipio de Cipolletti no consiguió el desalojo de la toma que se conformó el 22 de septiembre en el predio del Invap, zona del Parque Industrial. El viernes hubo una extensisima audiencia y si bien se formularon cargos la jueza Sonia Martín rechazó el desalojo.
Dos abogados envió el municipio como querellantes junto con el fiscal jefe Gustavo Herrera y el fiscal Matias Stiep. Por la defensa estuvo Martín Palumbo, quien ejerció la representación de una docena de imputados.
La fiscalia atribuyó el delito de usurpación en un predio propiedad de la municipalidad pero cedido al Invap. Se encuentra en el parque industrial de Cipolletti en inmediaciones de la toma La Alameda y otro lote conocido como La Ripiera.
Allí entraron de manera organizada varias familias entre el 21 y el 22 de septiembre pese a la resistencia policial y a la de los funcionarios del municipio.
La primera parte de la audiencia, el viernes a la tarde, estuvo dedicada a la identificación de las y los imputados ya que el municipio había aportado un listado sin muchas precisiones. Entre ellos había imputados niños, adolescentes y hasta un hombre que se encuentra preso desde hace tiempo, advirtieron desde la defensa. La audiencia fue seguida de manera virtual por referentes de organizaciones sociales y de la CTA.
Luego de la formulación de cargos se discutió el pedido de desalojo. Pero ni la fiscalía ni los abogados de la municipalidad Raúl Franco y Guillermo Moyano lograron revertir los argumentos de la defensa. La jueza Sonia Martin consideró que no están dados los requisitos que exige el artículo 118 del Código Procesal Penal de la provincia vigente desde 2017. Allí se ponen una serie de condiciones jurídicas para desalojar, hasta hora difíciles de cumplir.
De todas las tomas de Cipolletti ninguna tiene orden de desalojo. La primera que está al sur en inmediaciones del barrio Labraña y que le pertenece a un chacarero no consiguió orden de desalojo por parte de la jueza Agustina Bagniole por los mismos motivos. Una segunda toma que se formó cerca de allí tampoco superó la instancia. Es más la jueza Laura González Vitale hizo la audiencia de formulación de cargos pero debió dar un cuarto intermedio para que la defensa accediera a la información del legajo.
El viernes, hay otra audiencia por un pedido de desalojo en otra toma de Cipolletti, será el cuarto las últimas semanas
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