Denuncian desaparición de programas sociales

Atribuyen al ministerio del área, encabezado por María Oscos, el desguace de los planes de contención de niños, mujeres y familias contemplados en varias leyes

Por Redacción

NEUQUEN (AN).- El Colegio de Profesionales de Servicio Social denunció al ministerio de Acción Social por la desaparición y el desmantelamiento de distintos programas contemplados en leyes provinciales y destinados a la asistencia y contención de niños, mujeres y familias que atraviesan distintas problemáticas.

Mediante un documento difundido días atrás los profesionales, muchos de los cuales trabajan en el ministerio de Acción Social que encabeza María Oscos, dijeron que al menos dos programas desaparecieron y seis quedaron desmantelados en los últimos seis meses, pese a que algunos fueron implementados a instancias de la ley 2212 (de Violencia Familiar) y la ley 2302 (de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia).

A este panorama se agrega la precarización laboral que afecta a los empleados del organismo, que se quejan de maltrato institucional y carecen de los medios para realizar sus tareas, según denunciaron en el comunicado.

Los profesionales explicaron que el programa «Nuevo Día», destinado a la atención de 60 chicos de la calle, y la Oficina de Protección de la Niñez y Adolescencia, creada por la ley 2302 y cuyo objetivo era proteger los derechos de los menores, fueron borrados por las autoridades.

En tanto los planes Adolescencia, Familias Alternativas, Violencia Familiar, Adultos Mayores y Hogares de Niños y Adolescentes, no cuentan con los recursos humanos y materiales para ser implementados de acuerdo con las necesidades existentes. Incluso, varias personas que trabajaron en estos ámbitos optaron por renunciar ante el panorama que encontraron.

«Las distintas gestiones de gobierno, lejos de aplicar una política pública, sostenida y adecuada, para mejorar la calidad de vida de la población, implementan medidas y acciones cuyo resultado es que las problemáticas psicosociales de los sectores más vulnerables queden sin atención», afirmaron los asistentes sociales.

La desaparición de los programas se profundizó luego del lanzamiento del Plan Social realizado por el gobierno a principios de año. «Los fun

cionarios afirmaron que el nuevo plan iba a absorber los programas existentes, para concretar un rediseño de éstos, pero hasta ahora no han hecho nada y hay muchos chicos, mujeres y familias que quedaron sin contención», señalaron.

Expresaron que existe una clara precarización laboral de quienes trabajan en el ministerio. «El 60% de los trabajadores está en negro, bajo modalidades que no están previstas en el estatuto de empleados públicos (becas, subsidios y distintos contratos) y mediante las que se desconocen las leyes laborales que garantizan el pago de aportes jubilatorios, asignaciones familiares y la estabilidad». También mencionaron el maltrato institucional, traducido en «gritos, descalificaciones decisiones autoritarias e indiferencia hacia los empleados». Eso implica el «recambio permanente de los profesionales» que interrumpe los tratamientos «y es imposible transferir el conocimiento y la experiencia».

El juez Telleriarte lo señaló

NEUQUEN (AN).- El desmantelamiento de programas del ministerio de Acción Social denunciado por el Colegio de Profesionales de Servicio Social se produce días después de que la justicia provincial revelara que este organismo del gobierno no sólo no cumplió con lo previsto en la ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (2302) a pesar de que fue sancionada hace cuatro años. Además las gestiones de los últimos años se encargaron de desmantelar el único existente. En un fallo del juez Pedro Telleriarte el martes pasado, la justicia ordenó al gobierno cumplir esa ley e indicó que el de Libertad Asistida, el único programa implementado, fue desmantelado.

Ese programa «sufrió un deterioro en su capacidad», y esa acción «no es exagerada calificarla de desmantelamiento si se tiene en cuenta que los profesionales afectados representan menos de un tercio de los previstos originalmente», afirmó el juez.