Denunciaron a tres funcionarios del gobierno de «K»

Los diputados nacionales Esteban Bullrich (PRO-Recrear) y Adrián Pérez (ARI) pidieron a la Justicia que investigue si el secretario de Energía, Daniel Cameron; el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y el secretario de Obras Públicas, José López, cometieron delitos en la adjudicación de obras de ampliación del Gasoducto Norte a la empresa sueca Skanska.

Los legisladores hicieron una denuncia conjunta contra los secretarios de Estado por la presunta comisión de «abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público» y pidieron que se incluya en la pesquisa también a «todo otro funcionario que hubiera incurrido en la misma conducta». Y solicitaron que se investigue, aunque sin mencionar a funcionarios, si hubo «fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita» en la adjudicación de obras del mismo gasoducto a Btu S.A. y Contreras Hnos. S.A.

Las presentaciones -en rigor ampliaciones de anteriores denuncias- fueron hechas ante los jueces en lo Criminal federal Guillermo Montenegro y en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que intervienen en el llamado Caso Skanska, donde se investiga si hubo evasión tributaria y pago de coimas. Bullrich dijo «esto ya no es el caso Skanska, es el caso Enargas» y que «la reacción del Gobierno lavándose las manos y pretendiendo tapar el sol con las manos no hace más que reforzar las sospechas que tenemos respecto de la participación de funcionarios muy cercanos al poder» en supuestos ilícitos.

Los diputados pidieron que «se determine la posible comisión del delito de abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público, con relación a la adjudicación realizada a la empresa Skanska S.A., por parte de los funcionarios a cargo del Enargas, cuyo presidente es Fulvio Madaro; de la Secretaría de Energía, cuyo secretario es Daniel Cameron; de la Secretaría de Obras Públicas, cuyo secretario es José López, y de todo otro funcionario que hubiera incurrido en la misma conducta».

Explicaron que «en varias oportunidades Transportadora de Gas del Norte (TGN) advirtió al Enargas, organismo controlador de las obras, acerca de la existencia de sobreprecios en las ofertas realizadas por las diferentes empresas, entre ellas Skanska SA».

TGN advirtió, señalaron, que «el desvío respecto a lo oportunamente presupuestado para dichas tareas alcanza un 152 por ciento en las plantas tipo A y un 82 en las plantas tipo B».

Agregaron que TGN indicó que hubo una reunión en Energía donde «se nos comunicó la decisión de no validar los valores cotizados por los oferentes y se nos requirió el análisis (…) a efectos de obtener una sustancial reducción de los precios cotizados para adecuarlos -en la medida de lo posible- a los valores presupuestados».

«El nivel de precios obtenido queda muy afuera de nuestras referencias para plantas y ampliaciones equivalentes. A esta altura el impacto sobre la línea presupuestal es de 16,7 millones USD», dijo la compañía, precisaron Bullrich y Pérez. «Las circunstancias señaladas confirman las irregularidades oportunamente denunciadas en torno a la adjudicación a Skanska, pero habiendo sido adjudicadas las otras empresas mencionadas -Btu S.A. y Contreras Hnos. S.A.- con similares sobreprecios respecto de los presupuestados originariamente (…), denotarían una repetición de la matriz de adjudicaciones de obras públicas de manera ilegal», afirmaron los diputados. Ello «posiblemente -explicaron- como fruto de negociaciones incompatibles o a cambio de sobornos a funcionarios públicos de la administración».

Los legisladores sostuvieron que TGN explicó que pese a las mejoras de ofertas realizadas el concurso seguía «arrojando precios significativamente en excesos del presupuestado por TGN», que dijo no hallar «una explicación razonable para justificar el desvío» y que recomendó «se declare desierto el concurso privado». A la vez, TGN mencionó que había «una alternativa económica más eficiente a la obtenida en el concurso (…) para ejecutar la ampliación». (DyN)