Derrumbe inmobiliario

Por fortuna, el colapso del mercado inmobiliario local no tiene mucho en común con el fenómeno a primera vista similar que, en países como Estados Unidos, España e Irlanda, provocó una crisis financiera mundial cuyas consecuencias seguirán haciéndose sentir por muchos años más, ya que no se debe al sobreendeudamiento sino a una decisión determinada del gobierno nacional. Con el propósito de frenar una fuga de capitales que, una vez más, adquiría dimensiones alarmantes, los funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declararon la guerra al dólar norteamericano en nombre del patriotismo monetario, sin darse cuenta de que, en su esfuerzo por solucionar un problema, crearían otros aún mayores. En el transcurso del año último el mercado inmobiliario, en el que por razones comprensibles las transacciones suelen hacerse en dólares que, claro está, son mucho más confiables que los pesos, ha sufrido una caída fenomenal. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en noviembre último se vendieron en la capital un 43,5% menos de viviendas que en el mismo mes del año anterior y no existen motivos para prever que el deterioro esté por frenarse, ya que la campaña propagandística del gobierno a favor de la pesificación no sirve para mucho porque la tasa de inflación, que tal y como están las cosas pronto superará el 30% anual, pesa mucho más en el estado de ánimo de quienes operan en el sector que todas las exhortaciones oficiales. De más está decir que no se trata sólo de un problema porteño; en muchas partes del interior del país la situación inmobiliaria es todavía peor. Todo hace pensar que el statu quo así reflejado no se verá modificado en los meses próximos. El gobierno no quiere devaluar formalmente el peso aunque el “dólar blue” se ha alejado del oficial, alcanzando los 7,10 pesos en el mercado libre, o sea el 44% más que la versión “verde”. Por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos a convivir con el cepo cambiario que tantas dificultades está ocasionando no sólo en nuestro país sino también en el vecino Uruguay, cuya industria turística siempre ha dependido en cierta medida de los visitantes argentinos; conforme a los datos disponibles, este verano cayó un 40% el alquiler de propiedades en Punta del Este a causa de las trabas confeccionadas por las autoridades kirchneristas. Con todo, no parecen haberse visto beneficiados mucho los lugares turísticos argentinos; de resultas de la incertidumbre causada por la sensación de que el país está en vísperas de una etapa muy complicada, combinada con la merma del poder de compra de sectores muy amplios, la mayoría no quiere arriesgarse entregándose al consumismo despreocupado de otros tiempos. Huelga decir que los operadores inmobiliarios, los comerciantes de las zonas turísticas, además de los turistas de clase media mismos, no son los únicos perjudicados por las consecuencias no previstas del cepo cambiario. Los más castigados son los obreros de la construcción. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado se perdieron al menos 40.000 trabajos formales en un sector notorio por la alta cantidad de empleos en negro, de suerte que a juicio de los analistas sumarán 100.000 los albañiles desocupados a causa de la medida oficial. No se trata de un detalle menor. Debido a las deficiencias ya tradicionales del sistema educativo nacional, abundan los trabajadores no calificados que dependen por completo de la construcción porque no están en condiciones de conseguir otro tipo de empleo. Mientras hubo muchos puestos laborales en la construcción de viviendas y también en actividades afines, como las vinculadas con las obras públicas, era posible mantener relativamente baja la tasa de desocupación del país, pero últimamente han proliferado indicios de que el período así supuesto ya ha terminado. De acuerdo con los especialistas en la materia, la demanda laboral se ha reducido mucho en los meses recientes y ha aumentado el número de despidos. Asimismo, al intensificarse la conflictividad laboral, los empresarios privados se harán aún más reacios a crear empleos en blanco y el sector público, sobre todo en las provincias que se han visto constreñidas a ajustar, no podrá tomar el relevo, como ha estado haciendo desde hace varios años.