Desarrollo Social en la mira de la Justicia por la falta de asistencia

Los defensores de menores e incapaces de Bariloche tomaron nota a finales del año pasado a partir de noticias publicadas en medios de la zona de la crítica situación de riesgo social que viven niños, niñas y adolescentes de algunos barrios del Alto. Advirtieron que había chicos en situación de riesgo por el consumo de la droga, falta de contención social y varias carencias y que el Ministerio de Desarrollo Social estaba ausente.

Por eso, presentaron una acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que implemente acciones y políticas públicas concretas para garantizar los derechos de los chicos de los barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue, Pilar I y Pilar II y El Maitén.

Sin embargo, la jueza de Familia 7 de esta ciudad, Marcela Pájaro, desestimó el amparo el 30 de marzo pasado por la falta de precisión, entre otros argumentos. Fuentes judiciales explicaron que Pájaro advirtió que en el amparo no se indicó situaciones puntuales ni se consignaron en detalle los incumplimientos.

Los defensores apelaron para que los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro analicen el caso.

En el STJ ya tienen el dictamen de la defensora general del Poder Judicial, María Rita Custet Llambí, que solicitó “que de manera inmediata el STJ intervenga haciendo lugar al mismo (por el amparo), revocando la sentencia impugnada y ordenando que el Organismo Proteccional (Ministerio de Desarrollo Social) efectúe el relevamiento y las acciones posteriores necesarias a fin de garantizar los derechos que hoy se encuentran vulnerados”.

Cuestionamientos

“DeBariloche” accedió al dictamen de la defensora general, que sostuvo su total coincidencia con el recurso de apelación que los defensores de menores e incapaces promovieron para revocar el fallo de Pájaro.

Custet Llambí dijo que los defensores se agraviaron al considerar que la jueza de Familia fundamentó de manera errónea el rechazo del amparo. Pájaro adujo una supuesta “excesiva laxitud e imprecisión” de los defensores, a quienes les correspondía –según su entender– “determinar o identificar a los menores de edad vulnerados en sus derechos, precisar cuáles son esos derechos vulnerados y acreditar la inacción del organismo”.

Los defensores afirmaron que “la determinación de las situaciones puntuales de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en cuestión es resorte del Ministerio de Desarrollo Social, a quien se le requirió su intervención y, ante la omisión de brindar respuesta a ello, la acción de amparo resulta ser la vía idónea a efectos de que se compela al organismo al cumplimiento de sus deberes y obligaciones”, consignó la defensora general.

Cuestionaron además que la jueza consignara en el fallo: “No puedo pensar que la acción alcanza a toda población menor de edad de esos barrios”.

Los defensores señalaron en la apelación que la jueza omitió “considerar que se trata de los barrios más carenciados y con mayor índice de conflicto social de la ciudad”. “Por lo cual, la nula, deficiente, inadecuada o escasa intervención del organismo proteccional expone a ese colectivo de niños –directa o indirectamente, actual o potencialmente– a que, ante cualquier situación de vulnerabilidad, el Estado permanecerá ausente para la superación de problemáticas”.

Relevamiento

Custet Llambí planteó que los defensores indicaron que “no es función del Ministerio Público de la Niñez el relevamiento, detección y determinación de situaciones puntuales de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en cinco barrios de esta ciudad”.

Los defensores advirtieron contradicciones en el fallo de Pájaro. Consignaron que, “por un lado, la jueza indica que los defensores debieron realizar una tarea de campo para la identificación de casos concretos, “mientras que, por otro lado –para fundar el rechazo de la acción– sostiene que la intervención judicial requerida no sería adecuada por resultar una invasión a las funciones del Poder Administrador”.

Los defensores señalaron que la conflictiva situación “que atraviesan los barrios en cuestión y que afecta a niños, niñas y adolescentes, además de tomar estado público a través de las noticias periodísticas, ha sido puesta en conocimiento a ese Ministerio Público por parte de referentes barriales y organismos municipales”.

Dónde viven