Descalabro de un gobierno que se olvida de la gente

PABLO VERANI (*)

En septiembre del año pasado un puñado de estudiantes de la Universidad de Harvard incomodó a Cristina Fernández de Kirchner con preguntas muy simples y concretas referidas al cepo cambiario, a su enriquecimiento patrimonial, etc. Con una frescura casi cínica, pero con un inocultable nerviosismo, Cristina contestó en aquel entonces que “no hay cepo cambiario en Argentina” y que su patrimonio declarado aumentó en los últimos ocho años de dos a 79 millones de pesos “porque he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada y ahora soy una exitosa presidenta también” (sic). La semana pasada tuvimos la oportunidad de ser testigos de otro episodio tragicómico donde una periodista griega puso muy nervioso al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, alias “me quiero ir”, simplemente por preguntarle cuál era la tasa de inflación anual según los guarismos oficiales. Convivir con la mentira no es una tarea fácil y menos para funcionarios de alta jerarquía, expuestos a la prensa y a la opinión pública. Lo que es sorprendentemente llamativo y decepcionante a la vez es lo que sucede en la práctica cotidiana de nuestro país y que quedó claramente expuesto en la entrevista a Lorenzino tras la intervención de una voz en off de una colaboradora del Ministerio, que le dijo a la periodista griega –cuyo rostro no lograba salir del asombro y la perplejidad–: “nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación”. Sería bueno detenernos a reflexionar seriamente sobre esto y asumir que nos hemos acostumbrado, como sociedad, a que nos mientan de forma tan grosera e impune desde el gobierno que temas tan delicados como la falsificación de estadísticas oficiales o el enriquecimiento ilícito de nuestros gobernantes se convierten en noticia local de cierta notoriedad sólo en aquellos casos aislados donde existe repercusión internacional o a través de denuncias formuladas por un periodista que conduce un programa de tevé con formato de comedia emitido los domingos por un canal opositor. Bochornoso. Ante el nerviosismo y silencio del ministro de Economía, voy a aportar algunas reflexiones básicas sobre el proceso inflacionario que vive el país. La inflación es el síntoma visible del Estado en quiebra, producto de una pésima gestión económica, que ostenta niveles de gasto público y corrupción nunca antes registrados. Ante la imposibilidad de endeudarse –a 10 años del default, la impericia K bloqueó la regularización del pago de la deuda externa, dejando al país de este modo frente una serie de embargos e inconvenientes jurídicos internacionales, como el episodio de la Fragata Libertad y tantos otros menos notorios– y ante la dificultad para aumentar impuestos en una economía en retroceso –tenemos una presión tributaria cercana al 40% del PBI, la más alta de América Latina–, la única manera que le queda al gobierno nacional de financiar sus apetencias cada vez mayores de gasto, máxime en un año electoral, es a través de la emisión monetaria. Señora, entienda por favor que no es que “sube el dólar”, sino que se derrite el peso argentino, como un helado al rayo del sol; la emisión descontrolada del peso hace que pierda valor frente al dólar o frente a un kilo de pan o uno de azúcar y ésta pérdida de valor del peso es la famosa inflación, que pone tan nervioso a Lorenzino. Y lo más nefasto es que un empresario puede “escaparse” –en parte– de la inflación mediante la suba de precios de sus productos, mientras que la mayoría de los asalariados no tiene dónde refugiarse de este flagelo. De ahí que la inflación se denomine comúnmente como “el más regresivo de los impuestos”. Para aquellos chicaneros que quieran responder a esto con “ustedes los radicales no pueden hablar de inflación” y traigan el recuerdo de la época de Alfonsín, les recuerdo que en la década de los 80 prácticamente todos los países de la región acudían al financiamiento inflacionario, mientras que en el 2013 los únicos dos países que financian sus déficits fiscales con un festival de emisión monetaria son Venezuela y Argentina. Para los que venimos sufriendo los sinsentidos en el manejo económico de este país desde hace décadas, la difícil situación que afronta hoy el país y la obcecación y falta de medidas correctivas por parte del gobierno nos hacen acordar temerosamente al “Rodrigazo”. Algún día, cuando esto sea examinado con menos confrontación y más análisis, nos daremos cuenta de que esta fue una verdadera “década perdida”. Nunca antes el país tuvo la suerte de gozar en forma ininterrumpida de un contexto internacional tan favorable. No sólo somos célebres internacionalmente a través de figuras destacadísimas en distintos ámbitos como la del papa Francisco y la del astro del fútbol Lionel Messi. También sorprendemos y dejamos enmudecido al mundo con una clara lección sobre los efectos destructivos de la desidia, la deshonestidad, la soberbia, la codicia sin límites por poder y dinero y la consecuente confrontación social y el odio que todo esto genera. Imagínense un país que goza de un territorio extenso, con todos los climas, que figura como uno de los principales productores de alimentos del planeta, que tiene baja densidad poblacional y que no enfrenta serios problemas de fragmentación étnica o religiosa. Ahora, sean más optimistas e imaginen que ese país además goza de una mano de obra valiosísima y que debido a la evolución demográfica y económica del planeta es receptor de una enorme riqueza a través de la exportación de sus productos primarios. Finalmente, intenten ponderar todas esas virtudes con el devenir de Argentina en los últimos años: no logramos revertir los índices de pobreza y exclusión social, no hemos emprendido obras de infraestructura pública significativas, la educación y la salud públicas tienen enormes déficits de cobertura y calidad de servicios, el Estado está quebrado financieramente y, como si esto fuera poco, se implementan políticas públicas que desincentivan el trabajo. La sociedad soporta niveles crecientes de violencia e inseguridad y se vive una situación de virulencia y confrontación social sin precedentes en la última era democrática, iniciada hace 30 años. Mientras tanto, el gobierno de Cristina, visiblemente alejado de los problemas acuciantes que afectan hoy a la gente, como la inflación y la inseguridad, arremete con una “reforma judicial” haciendo uso de su mayoría legislativa en el Congreso. Está claro que necesitamos una Justicia más rápida y más eficaz, pero esto nada tiene que ver con la reforma que propone el kirchnerismo, que además viola varios principios constitucionales y republicanos. Las puntas de lanza de este proyecto impulsado por el gobierno son dos. Por un lado, propone cambios que afectan la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, que se encarga de designar y destituir a los jueces, para obtener una Justicia más “demokrática”, es decir, más afín al gobierno o, lo que es lo mismo, menos independiente del Poder Ejecutivo. Por otro, propone limitaciones al uso de medidas cautelares que pueden dictar los jueces, en clara asociación al conflicto de intereses que este gobierno viene llevando desde hace unos años con el grupo Clarín. ¿Qué beneficios inmediatos recaen sobre los argentinos a partir de esta reforma impuesta por el oficialismo en tiempo récord y que ha sido recientemente cuestionada por la ONU? Ninguno. Este gobierno se está olvidando de la gente; suenan alarmas y se prenden semáforos a cada instante y lejos de tomar medidas correctivas los funcionarios callan, mienten o deciden mirar para otro lado. Por eso el fenómeno reciente de las protestas sociales multitudinarias y pacíficas del 18A, el 8N, etc. En octubre próximo se celebran las elecciones legislativas. Es mi mayor deseo, como senador nacional y como miembro del partido radical, alentar a la ciudadanía a que tome conciencia sobre la imperiosa necesidad de poner un freno, a través del sufragio universal y secreto, a la hegemonía política K, que a pesar de haber gobernado en años muy propicios para toda nuestra región, no parece haber logrado siquiera un puñado de condiciones indispensables para promover un crecimiento económico sostenible con inclusión social. (*) Senador nacional de la UCR por Río Negro