Descartaron la intervención de las FF. AA. por la inseguridad

El padre de Diego Peralta estremecido por el dolor al salir del velatorio. Pidió la pena de muerte para los asesinos. En un claro signo que muestra a un gobierno desorientado y sin respuesta ante el crecimiento de la ola de violencia delictiva que hace estragos en la población, el presidente Duhalde convocó ayer a una reunión de urgencia con las cúpulas de las Fuerzas Armadas y al ministro de Justicia y Seguridad.

Pese a que los rumores sobre una posible intervención militar en la lucha contra la delincuencia fueron durante casi toda la jornada una constante, el gobierno salió a anunciar anoche que «está absolutamente descartada» esa posibilidad.

El secuestro y brutal asesinato del adolescente Diego Peralta generó un entrecruce de gravísimas acusaciones en las que cayeron tanto la policía, como la justicia y hasta la política, desde donde surgieron otra vez, y con Carlos Menem a la cabeza, las voces que piden la pena de muerte para este tipo de crímenes.

Pero además del caso Peralta, cuatro nuevos crímenes en el gran Buenos Aires golpearon ayer a la población y mantuvieron el tema de la feroz ola de delincuencia en los medios de comunicación. Un hombre fue encontrado muerto de dos balazos junto a su hijito con vida en el asiento de un auto estacionado en el Tigre, mientras que otros tres cadáveres aparecieron en el baúl de un auto, acribillados a tiros en el Gran Buenos Aires. (Ver pág 40)

En medio de tanta tragedia, el caso de la mujer del empresario secuestrado en San Juan trajo un poco alivio, ya que la policía pudo liberarla tras detener a sus captores.

Los rumores sobre la posible intervención militar en la lucha contra la delincuencia crecieron fuertemente ante la presencia a media tarde en la Casa Rosada de los jefes del Ejército, teniente general, Ricardo Brinzoni, y de la Armada, almirante Joaquín Stella.

Dentro del gabinete nacional hay opiniones disímiles en torno a la posibilidad de que haya una participación activa de efectivos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad, pero el ministro de Seguridad y Justicia estaría dispuesto a renunciar si ello ocurre», dijeron en su entorno.

«El límite para el ministro es que se convoque a las Fuerzas Armadas», dijo una fuente del gobierno.

Tras la reunión de Duhalde con la cúpula militar, el gobierno anunció que ofreció incrementar la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar las calles del territorio bonaerense.

El ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, dijo que la Nación está dispuesta a aumentar el número de 1.200 gendarmes presentes actualmente en la provincia.

Quitan poder a Cafiero

Golpeado por el tema de la inseguridad y ante las presiones desde la policía y representantes de las cámaras de comercio para que Juan Pablo Cafiero deje su cargo, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, enviará hoy a tratamiento legislativo un proyecto de modificación de la Ley de Ministerios, desdoblando la actual cartera de Seguridad y Justicia en dos nuevas secretarías de estado.

La decisión de Solá se conoció anoche luego de una reunión que mantuvo con legisladores provinciales del justicialismo y en la que se analizó el tema seguridad como exclusivo.

Según los portavoces, en el Ministerio de Justicia sería designado el actual diputado Alfredo Meckievi, en tanto Juan Pablo Cafiero continuaría en Seguridad.

En otro orden, Solá y los legisladores analizaron alternativas para dotar de mayor infraestructura a las fuerzas de seguridad y, en tal sentido, los diputados y senadores del oficialismo adelantaron su respaldo.

Transcendidos que circularon en las últimas horas indicaban que durante este encuentro, que se prolongó por más de dos horas, los legisladores plantearían el alejamiento de su cargo de Cafiero.

Pese a las promesas de mayor asistencia a la provincia de Buenos Aires para el control de la delincuencia, desde el gobierno de Duhalde se advirtió anoche sobre la posibilidad de que sectores políticos aprovechen la ola de inseguridad que azota al país para obtener ventajas y aplicar políticas autoritarias.

(DYN, Télam y Reuters)

Cruces de acusaciones entre funcionarios, policías y políticos

El secuestro y asesinato del adolescente Diego Peralta, una tragedia que causó conmoción, generó un entrecruce de gravísimas acusaciones en las que cayeron tanto la policía, como la justicia y hasta la política, por lo que el hecho podría convertirse en otro macabro símbolo de la grave crisis institucional y social actual.

Por el hecho hay desde hace dos semanas un solo detenido, pero hasta ahora no había ningún indicio cierto sobre los culpables, mientras la familia Peralta, sus vecinos y organizaciones políticas y sociales acusaban a policías de tener vinculación con la tragedia.

Las sospechas en ese sentido se centran en el hecho de que el subcomisario de la seccional de El Jaguel, José Alberto Hernández, quien participó en el inicio de la investigación, ahora está preso en esa misma comisaría junto a otros 24 policías y militares- acusado de «extorsión» a comerciantes del barrio.

Mientras el ministro de Seguridad Cafiero no quiso aventurar hipótesis sobre la responsabilidad en el crimen, aunque insistió en que podría responder a un «complot», su segundo, el sociólogo Marcelo Saín, adjudicó directamente el crimen a una consecuencia de la «interna del justicialismo bonaerense».

Según el funcionario, el aparato tradicional del PJ provincial que tiene al presidente Duhalde como líder se siente «molesto» por la gestión de Cafiero y la suya, ya que «no formamos parte de la interna y no estamos dispuestos a que el Ministerio avale ningún tipo de financiamiento de la política utilizando algún sector policial».

Esa gravísima acusación no fue avalada por el ministro Cafiero, quien, cuando se le preguntó si sospechaba de una cuestión política, respondió que «es absolutamente falso» que haya «determinadas internas o pujas».

Cafiero salió ayer a desmentir la posibilidad de renunciar por el fracaso de la investigación sobre el secuestro de Diego Peralta.

En tanto, el bloque de diputados justicialistas bonaerenses amenazó a Sain, con iniciarle juicio por calumnias y violación de los deberes de funcionario público si no se desdice de sus declaraciones en las que involucró al sector político en un supuesto «complot» contra la cartera que conduce Cafiero.

Además, representantes de la bancada liderada por el marplatense Juan Garivotto expresaron que quieren, además, la renuncia de Juan Pablo Cafiero.

El adiós a Diego Peralta

Decenas de familiares, amigos y vecinos de Diego Peralta exigieron justicia durante su velatorio, y antes de despedir los restos, los padres del joven pidieron la pena de muerte para los secuestradores.

Emilse Peralta, madre de Diego, sostuvo que su hijo fue asesinado porque debe haber reconocido a uno de sus captores y, aunque advirtió que aún no se sabe si algún policía tuvo que ver con el crimen, reclamó la pena de muerte para quienes lo secuestraron y lo mataron.

«Si no me pego un tiro en la cabeza es porque quiero la cabeza de los captores; que el que lo hizo, lo pague, dijo la mujer al quebrar el silencio. Pena de muerte para quien lo hizo, no voy por la justicia».

Por otra parte la autopsia a Diego Peralta reveló que recibió siete puñaladas hechas con un cuchillo tipo «tramontina», una de ellas mortal, que le aplicaron en el cuello.

Herido ya de muerte, Diego habría sido lanzado a la tosquera de Quilmes donde fue encontrado ayer y recién allí falleció, según se desprende de los primeros informes de la autopsia realizada sobre el chico

El estudio también reveló que el chico tenía su dentadura completa, aunque «sus huellas dactilares quedaron destruidas por su permanencia en el agua», dijeron las fuentes.

Así, se salió al cruce de las versiones que se tejieron en un primer momento y que indicaban que los asesinos habían intentado borrar deliberadamente las huellas o eliminar las piezas dentarias para evitar la identificación del chico.Por el momento no está determinado con certeza cuándo habrían asesinado al chico, pero se sospecha que su muerte se produjo al menos diez días antes de ser encontrado muerto en una tosquera de Quilmes.

Menem insistió en la pena de muerte

El ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Juan Pablo Cafiero, negó que piense renunciar y afirmó que «por el momento no existen indicios de participación policial» en el caso del secuestro y asesinato del adolescente Diego Peralta.

En tanto, el ex jefe del Estado y precandidato presidencial del PJ Carlos Menem aprovechó la ocasión para volver a insistir con la implementación de la «pena de muerte» para este tipo de crímenes.

Por su parte, el viceministro de Justicia bonaerense, Marcelo Sain, admitió la posible existencia en la provincia de un «complot» en contra de la cartera que conduce Cafiero, pero aclaró que esa situación está desvincula del trágico caso de Diego Peralta.

«Tradicionalmente en el país, en Buenos Aires, el sistema policial sirvió para financiar la política», dijo, aunque aclaró que «en ningún momento vinculo eso con el caso Peralta». A su turno, Cafiero indicó que cuenta «con el respaldo del gobernador Solá», y coincidió con el mandatario en que se procura instalar la violencia como tema de campaña electoral pero pidió que «no hablemos de desestabilización» hacia el gobierno provincial.

Menem sostuvo que «estos años de desgobierno nos deslizan vertiginosamente hacia el caos y la impotencia frente al crimen, por eso habrá que adoptar, con la ley en la mano, medidas muy enérgicas: desde la posibilidad de la pena de muerte para castigar los crímenes aberrantes».

El intendente de San Miguel y postulante a la gobernación bonaerense, Aldo Rico, advirtió que la Policía bonaerense se encuentra «casi en estado de anarquía» y sostuvo que el trágico episodio y los posteriores «actos de violencia» ocurridos en El Jaguel demuestran que el «Estado es incapaz de ejercer el monopolio del uso de la violencia».

Por su parte,-el comisario retirado de la bonaerense Miguel Rabiciani advirtió que la «seguridad de la gente le importa un bledo a ninguno de nuestros gobernantes», y apuntó duramente contra el gobernador Felipe Solá por haber designado a Juan Pablo Cafiero como ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. «Si bien el señor Cafiero se ha desempeñado en otros ministerios, no hay nada relevante que lo destaque», afirmó el ex policía y enfatizó que «estamos hablando del Ministerio de Seguridad en un territorio que, en lo que va del año, lleva más muertos que cualquier país beligerante del Viejo Continente». (DYN y Télam)