Detectan más manejos irregulares en Hiparsa

VIEDMA (AV).- El manejo irregular de activos y fondos de Hiparsa se mantiene. La Fiscalía de Investigaciones evalúa las ventas de equipos a particulares, mientras que el Tribunal de Cuentas advirtió que esa sociedad no realizó ninguna licitación y cuestionó la cesión de bienes. Además, ordenó la recuperación de vehículos que están en poder de terceros.

Estas observaciones corresponden a operaciones del año 2004 y fueron advertidas por auditorías del Tribunal de Cuentas.

El incumplimiento de las normas y la investigación de operaciones irregulares no es ninguna novedad en Hiparsa. Lo llamativo es que volvieron a detectarse estas maniobras ya correspondiendo a la gestión del gobernador Miguel Saiz, quien desplegó políticas de control de las empresas públicas.

Inicialmente, la justicia investiga balances de hace más de cinco años en una causa penal de denuncias de desguace de la empresa, la cual derivó en los procesamientos iniciales de los ex directores Alberto Errecalde, Edgardo Corvalán y Ernesto Ursera, y el presidente actual, Raúl Severino. La Cámara revocó esos fallos por cuestiones formales y ahora el juez Carlos Reussi debe cumplir nuevas indagatorias.

Ahora, los órganos de control vuelven a cuestionar el manejo de la empresa. La situación sorprende, pues Saiz asumió con una fuerte decisión de ordenamiento y transparentar el manejo de los fondos de las empresas públicas. Para eso creó la Secretaría de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas, a cargo de Alberto Croceri, y se formalizaron diferentes normas con ese objetivo. Muchas sociedades se encuadraron en los nuevos lineamientos y en otras -como Hiparsa- no llegó aún el control propuesto, por lo menos hasta el momento de las auditorías en análisis.

Por estos días el fiscal de Investigaciones, Pablo Berraz, ya investiga algunas situaciones detectadas en las revisiones del Tribunal de Cuentas, formalizadas en la resolución Nº 33 del pasado 25 de agosto.

Entre las operaciones, el fiscal Berraz analiza la «venta de dos palas cargadoras sin valuación o tasación previa», lo cual sumado a la cesión directa a una firma particular «podría derivar en perjuicio económico», entendió el Tribunal.

Ese organismo de control también cuestionó que Hiparsa en el período analizado (el ejercicio del año pasado) «ha tomado como norma general la contratación directa ya sea para construcciones, servicios, adquisiciones o ventas, sin tener en cuenta el propio reglamento de contrataciones de la empresa».

Resaltó que «no se pudo detectar un solo procedimiento por licitación pública», que «permite la pluralidad de oferentes, una competenci amplia y una transparencia de los actos». Tampoco consta «argumentación alguna que tan sólo intente justificar la adopción de ese procedimiento excepcional».

Asimismo, el Tribunal se detuvo en «la contratación directa de una consultora para evaluar el impacto ambiental», sin «análisis de antecedentes y estimación de valores. El resultado o informe final -concluyó- no se ha entregado a pesar de los requerimientos formulados» por el Tribunal, lo que «haría presumir una irregularidad».

También mencionó una operación de «ventas de chatarra y papel usado» donde el directorio «determinó valores mínimos para la transacción, sin especificar si los precios responden al mercado y tampoco «fueron respetados en su totalidad».

La gestión cuestionada corresponde a Ursera, quien luego abandonó la presidencia tras la cesión del complejo minero al grupo de capitales chinos. Pero la resolución del Tribunal advierte que «las irregularidades no han sido objetadas ni observadas por la Comisión Fiscalizadora, a pesar de tener conocimiento de las tramitaciones respectivas, lo que implica un control interno deficiente». Esta falencia siempre se constituyó en un objetivo de rectificación de parte de la secretaría de Croceri.

Finalmente, el órgano de control resolvió que la conducción de Hiparsa -ahora, a cargo Raúl Severino- deberá recuperar todos los vehículos que fueron entregados a particulares e inventariar su estado», pues «los mismos deben estar a disposición efectiva de la empresa y/o a su guarda, finalizando con la dispersión de los mismos y su consiguiente descontrol».