Dicen que se perdieron 2000 millones en regalías

NEUQUEN (AN).- Las diez provincias productoras de hidrocarburos están en condiciones de exigir que Nación les pague dos mil millones de dólares porque un decreto de 1990 firmado por Carlos Menem, Roberto Dromi y Domingo Cavallo cambió el mecanismo de liquidación de regalías. El perjuicio ya había sido advertido en 1991 por el gobernador -y actual senador nacional- Pedro Salvatori, que inició un reclamo administrativo ante el ministerio de Economía y colocó a Neuquén a la vanguardia en la materia.

La posta se retomó en agosto de 1999, cuando Felipe Sapag, ante la falta de respuesta de la cartera nacional, reclamó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Salvatori había elaborado un cálculo de perjuicio para Neuquén del orden de los 12 millones de dólares por mes (ver aparte).

Durante su primera gestión, Jorge Sobisch obvió la demanda, y en noviembre pasado, pidió suspensión de plazos por 90 días, que implica paralizar el trámite.

Una consultora formada por profesionales de Neuquén y Buenos Aires, y cuyos titulares pidieron reserva de identidad, estableció que los diez estados productores de petróleo dejaron de percibir, desde que se firmó el decreto 1757 en 1990 hasta octubre de 2001, unos dos mil millones de dólares. Los montos por regalías mal liquidadas son, para Neuquén 750,8 millones de dólares, para Río Negro 69,425 millones; a Santa Cruz se le adeudan 425,8 millones y a Tierra del Fuego, 212,2 millones. En conjunto, las provincias patagónicas suman el 73% de la cifra en juego, y producen el 85% del petróleo y el 82% del gas, según datos de 2000. El decreto 1757 suspendió -y derogó- la aplicación de tres artículos de la ley 23697 que establecía pagar las regalías según una canasta de crudos -para el petróleo- y un precio de referencia para el gas del 70% que resultase de equiparar el precio del petróleo a valores calóricos. Ese mecanismo se fijó sobre la base de una norma de Raúl Alfonsín que pretendió amortiguar los efectos inflacionarios.

Pero el decreto 1757 volvió a atar las liquidaciones a los precios internos. Salvatori reconoció ayer la validez del reclamo que inició «solitariamente» en 1996, cuando un ministro de Economía de la época lo descalificó irónicamente. Sin embargo, el mismo gobierno donde revistó ese funcionario inició tres años después una acción por vía judicial.

El senador dijo que el estudio de Jorge Anzorregui -hermano de Hugo, ex titular de la SIDE- se encarga de representar los intereses provinciales. La consultora expresó que en noviembre pasado, Sobisch pidió la suspensión de plazos por 90 días, con lo cual se paralizaron las acciones, y se estima que pedirá una prórroga.

Si prospera la demanda contra la Nación, las provincias podrán reclamar pagos similares a los obtenidos en la década de 1990, cuando ganaron juicios millonarios por regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas y fondos por coparticipación mal liquidados. Para Neuquén, la cifra es conocida: en aquel entonces recibió 761 millones de dólares.

Salvatori admitió la verosimilitud del cálculo, y ratificó la validez del reclamo. Legisladores de Río Negro y Chubut presentaron proyectos para iniciar el reclamo y en Neuquén, Carlos Moraña pidió, sin respuesta hasta ahora, informes al fiscal de Estado y al asesor general del gobierno, informes sobre el juicio contra la Nación.

Hubo una denuncia de Salvatori

NEUQUEN (AN).- La demanda que inició Felipe Sapag en las postrimerías de su quinto período de gobierno, en agosto de 1999, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo su origen en una denuncia del actual senador Pedro Salvatori. En efecto, en noviembre de 1996, Salvatori propuso iniciar un juicio contra la Nación para cobrar la diferencia que, a su juicio, se había producido en la liquidación de las regalías petroleras por la vigencia del decreto 1757 de Carlos Menem, Domingo Cavallo y Roberto Dromi, que derogaba los artículos de la ley 23697. Esa norma ataba el pago de esos recursos a precios internacionales referenciales y restablecía un mecanismo de actualización similar al instrumentado durante la hiperinflación de Raúl Alfonsín.

El estudio de Salvatori, titulado «Neuquén y las regalías de gas y petróleo» aludió a un reclamo realizado durante el último tramo de su gestión como gobernador, en 1991. En esa época, el ex mandatario calculó que Neuquén perdía de percibir unos 12 millones de dólares mensuales, a razón de una merma que, para el caso del gas, implicó cobrar el 70% menos.

Salvatori dijo que al finalizar su gestión no tuvo tiempo de continuar con el reclamo, y la administración de Jorge Sobisch, que le sucedió, tampoco lo hizo. Recién a fines de 1999, Sapag tomó la posta.

Quieren crear una comisión especial

NEUQUEN (AN).- El diputado provincial Carlos Moraña -ARI/PI-, que impulsa la creación de una comisión legislativa especial de doce miembros que se dedique al análisis y evaluación de las liquidaciones de las regalías hidrocarburíferas de la provincia, expresó la necesidad de que el gobierno esclarezca «la demanda de corregir o no las liquidaciones» desde 1990.

Sobre la base del agotamiento de los recursos naturales no renovables, Moraña aludió a la depreciación del capital que se traduce en la disminución del patrimonio nacional.

En ese punto, y con «un cuadro legal altamente contradictorio» para definir el régimen de regalías, el legislador redactó un proyecto de ley para constituir la comisión, que deberá ocuparse de fiscalizar el ejercicio del poder de policía de la provincia, efectuar las tareas de control de la explotación que realizan las empresas petroleras y adaptar sus mecanismos del mercado.

Pero principalmente, se deberá exigir al Poder Ejecutivo provincial que esclarezca las demandas por liquidaciones realizadas por las empresas concesionarias desde 1990 e impulse «las medidas correctivas que sean pertinentes».

También deberán tenerse en cuenta las «nuevas reglas de juego en materia cambiaria y la eventual aplicación de gravámenes sobre la explotación del recurso» -en alusión a las retenciones sancionadas por la ley 25561 y reglamentadas por el gobierno nacional -20% para la exportación de petróleo y 5% para la de sus derivados-.

Proponen reestatizar YPF y critican la política petrolera de Sobisch

BUENOS AIRES (ABA).- Con una fuerte crítica hacia la política petrolífera del gobierno de Neuquén y de las demás provincias productoras, el interbloque de partidos de izquierda de la Cámara baja presentó ayer un proyecto de ley para declarar la emergencia hidrocarburífera en todo el país y nacionalizar a la empresa Repsol-YPF.

La iniciativa es impulsada por el Bloque Polo Social, el Frente Para el Cambio y el Partido Intransigente, y es encabezada por el diputado Daniel Carbonetto – economista y ex asesor de Alan García- con el aval de los legisladores Francisco Gutiérrez y Lucrecia Monteagudo.

Según explicaron a «Río Negro» durante la presentación-debate realizada en Diputados, el proyecto busca que la compañía petrolífera, descentralizada en 1991 y vendida en 2000 a la española Repsol, vuelva a ser estatal y opere bajo el nombre de Hidrocarburos Argentinos Sociedad del Estado.

Esta nueva empresa sería creada por la misma ley y tendría como funciones la realización de las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados.

«Los miles de trabajadores dejados en la calle, el incumplimiento de las inversiones correspondientes a períodos anteriores y la amenaza de discontinuidad de los proyectos actuales, el avasallamiento de las reglas de juego y los manoseos con los gobiernos de Neuquén y del resto de la Patagonia son algunas de las consecuencias del proceso de privatización y nos obligan a tomar la determinación de volver a nacionalizar la empresa mediante una ocupación temporánea de la totalidad de los bienes e instalaciones», aseguró Gutiérrez.

Entre los principales argumentos esgrimidos para la re estatización de Repsol-YPF se destaca el relativo a la necesidad -según los legisladores- de la creación de un nuevo federalismo para recuperar mercado interno.

«Este proceso tiene como una de sus etapas centrales liberar a las provincias petroleras de las políticas de regalías, ya que son estas las que peores consecuencias tienen sobre los estados provinciales al limitar la autonomía política de sus gobernantes», enfatizó Fernández.

Y disparó: «Y el caso del gobierno de Neuquén es emblemático: allí Repsol-YPF no sólo consiguió beneficios inigualables con las prórrogas de explotación, sino que incluso logró que el propio gobernador Sobisch oficiara de vocero extraoficial de la empresa cuando el gobierno nacional comenzaba a planear las retenciones a las exportaciones».

Las demás razones expuestas para la sostener el pedido de re estatización incluyen la pérdida de competitividad internacional de la empresa por el presunto incumplimiento de decretos tarifarios, la falta de modernización de destilerías y logística de transportes, y la disminución del gasto de exploración de nuevos yacimientos.