Discapacidad: denuncian ausencia del estado

Los integrantes del Consejo Consultivo Local de Personas con Discapacidad denunciaron la ausencia del estado en políticas públicas en los últimos años y la burocratización de muchos trámites.

«A 10 años de la firma de la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, hay una total ausencia de nuevas políticas que atiendan los requerimientos. A nivel educativo, por ejemplo, no hay infraestructura en los edificios escolares que garanticen la accesibilidad. La escuela de formación laboral funciona una vez por semana por no contar con un espacio propio», señaló Luis Suero, director de Crearte.

Mencionó también que «los espacios de rehabilitación tienen un gran deterioro desde hace más de 10 años» y que las organizaciones vinculadas a la discapacidad no cuentan con presupuesto provincial que «garantice la formación, contención e inclusión en la comunidad«.

La concejal Ana Marks denunció también la quita de pensiones a nivel nacional. «Desde 2017, se dieron de baja 170.000 pensiones. Estas personas con invalidez laboral reciben una pensión que no supera los 7000 pesos. No es una dádiva. Hay un total corrimiento del estado», cuestionó la concejal del Frente para la Victoria y recordó que hubo fallos judiciales aunque solo alcanzaron unas 30.000 pensiones.

Recalcó, además, que hay demoras en las nuevas solicitudes de pensiones. «Piden trámites innecesarios a las personas con discapacidad en una ciudad inaccesible como ésta y sin transporte urbano accesible», dijo.

El concejal Daniel Natapof planteó que «a nivel municipal, además de la falta de políticas públicas, se puede hablar de abandono directamente. Desde junio del año pasado, los funcionarios políticos no concurren al Consejo Consultivo. Hay pagos trabados en Hacienda como la ayuda para readecuación de viviendas, proyectos del área, entre otros«.

Tiempo atrás, se realizó un acuerdo con la CNRT a fin de poner una oficina en la terminal de ómnibus para atender el reclamo de las personas con discapacidad que encuentran impedimentos de las empresas para viajar. «Habría dos empleados municipales en la terminal para atender los reclamos por los pasajes. Pero no se pudo avanzar porque el municipio no aprueba el presupuesto para un cartel«, dijo.

En la conferencia, recalcaron también que a fines de mayo, se vence el plazo que otorgó el juez Emilio Riat para que haya, en principio, 10 unidades de piso bajo en la ciudad. «Estamos muy lejos de la meta planteada en 1998 para el 2002 en Argentina: que el transporte sea 100% accesible en Argentina«, agregó Suero.