Dispares repercusiones al proyecto para modificar la ley de Ética Pública

El proyecto para que se modifique la ley de Etica Pública impulsado por el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar que propone que sea obligatorio para los gremialistas presentar sus declaraciones juradas de bienes -tal como ahora deben hacerlo los funcionarios públicos ante el Tribunal de Cuentas de Río Negro- no cayó bien entre sus pares de otros sindicatos.

El más crítico fue Juan Carlos Scalesi, de UPCN, quien no ahorró críticas hacia el titular de ATE y la CTA Río Negro, al que descalificó e insultó. “Primero que averigüe antes de hacer estas pavadas para la prensa, yo hace años que presento mi patrimonio, en un momento porque fui diputado nacional y ahora porque mi señora es la Defensora del Pueblo y tiene que presentar los bienes propios y de toda su familia”, aseguró.

Recomendó a Aguiar que “le pida a Micheli o a Godoy -dirigentes nacionales de la CTA y ATE- que presenten sus declaraciones, seguramente él que no es nadie le va a decir a un (Rubén) Belich lo que tiene que hacer”.

Por otro lado, Scalesi indicó que las declaraciones juradas “podrían ser públicas pero solamente para los afiliados, que son los que nosotros representamos”.

Quien sorprendió por las redes sociales al cuestionar la iniciativa de Aguiar fue la secretaria general de la seccional Viedma de la Unter, María Clara Busso. “No tengo problemas de mostrar mi declaración jurada. Gano exactamente lo que ganaría en la escuela, con la única diferencia que tuve que renunciar a mi cargo concursado en la UNRN”, afirmó. Además detalló sus bienes (casa y auto) y sentenció: “la verdad, cuánto siento que nos quieran correr a todos poniéndose en puristas, me jode un poco”.

En términos similares, Pablo Barreno de Sitrajur, dijo no tener “problemas para publicar mi sueldo y mi patrimonio. De hecho dije cuánto gano y mostré mi recibo cuando el gobernador mintió al respecto, sin embargo creo que hay otros que tienen que dar más explicaciones que los representantes de los trabajadores”.

Agregó que “como sindicato no tenemos definición al respecto, y nunca lo hablamos con otros gremios, pero como secretario general, no tengo inconvenientes en mostrar mi patrimonio”. Posteriormente Barreno envió copia de su recibo y comentó la vivienda y vehículo que posee.

Finalmente, el secretario general de la Asocación Bancaria y a su vez legislador, Rodolfo Cufré sostuvo que desde que era secretario legislativo tiene obligación de presentar declaración jurada y que no se opone a que sea obligación para los gremialistas.

Tampoco rechazó de plano a que se permita la difusión pública de esos datos.

Legisladores piden ver la iniciativa pero apoyan la idea

En el mismo tono que lo hizo el gobernador Alberto Weretilneck el martes, el legislador y presidente del bloque del Frente para la Victoria, Alejandro Marinao sostuvo que “todo lo que sea conducente para lograr la transparencia nos parece positivo. Todavía no hemos visto el proyecto, pero si ingresa a la Legislatura analizaremos sus términos”, sostuvo.

El mandatario había dado apoyo a la idea de transparentar los ingresos de la conducción gremial aunque también dijo que no conoce en profundidad la iniciativa.

En igual sentido se expresó el legislador oficialista, Facundo López, que evitó profundizar hasta tanto la propuesta tenga tratamiento parlamentario.

ATE propone una modificación en la Ley Provincial 3.550 de Ética de la Función Pública. Esa norma plantea la obligatoriedad de la realización de determinados actos y presentaciones para todos los ciudadanos que desempeñan cargos en el Estado Provincial y plantea la posibilidad de someterse voluntariamente a los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, de profesionales, comunitarias, sociales y toda entidad cuyo objeto sea administrar derechos e intereses colectivos o grupos organizados de personas.

El sindicato conducido por Aguiar observa la necesidad de modificar el artículo 3 de la norma, para adoptar la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada por parte de los dirigentes sindicales que encabecen las organizaciones sindicales (Secretarios Generales o Presidentes).

Proponen que las declaraciones sean públicas

Marinao y Ariel Rivero presentaron este año un proyecto de ley para modificar la ley 3550 de Etica e Idoneidad en la Función Pública, en la cual incorporan la posibilidad de que la ciudadanía acceda a los datos que los funcionarios vuelcan en sus declaraciones juradas. Actualmente, esa información se mantiene lacrada en el Tribunal de Cuentas y sólo se verifica a pedido de la Justicia, ante alguna causa penal que lo requiera.

Además, involucra a los funcionarios y magistrados de los tres poderes del Estado provincial. En sus fundamentos recuerdan que desde 2003 la ex legisladora y ex defensora del Pueblo, Ana Piccinini impulsó la derogación de la ley 3550 por otra que propicie mayor transparencia y permita al difusión de los actos de gobierno.

Marinao y Rivero resaltaron que la corrupción “ha alcanzado dimensiones altamente preocupantes” por lo que proponen que el Tribunal de Cuentas realice un seguimiento minucioso de las declaraciones juradas.