Avanza la regulación de los alquileres temporarios: el impacto en Airbnb
Un proyecto consensuado recibió dictamen unánime en el Senado. Plataformas digitales como Airbnb deberán utilizar la moneda nacional para ofertas dentro del país. Se crea un registro nacional y las provincias y CABA deberán adherir.
El crecimiento de los alquileres temporarios es fenómeno "a nivel mundial".
Mientras continúan las negociaciones por la nueva ley de alquileres, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo como no se veía desde hace tiempo en el Senado para avanzar en la regulación de los alquileres temporarios con fines turísticos y las plataformas que publican esos servicios, como Airbnb. Si la norma es sancionada, los contratos deberán ser en pesos, por un lapso de hasta 90 días.
Los senadores firmaron un dictamen “exprés” en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo tras negociaciones que se extendieron hasta última hora del miércoles, y el debate ahora pasó al recinto. Se unificaron proyectos de la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos), legisladora identificada con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y la mendocina Mariana Juri (UCR), mano derecha de Alfredo Cornejo.
Además, hubo manifestaciones de apoyo por parte de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Federación Nacional de Inquilinos.
El texto consensuado define a los contratos de alquiler temporario turístico como “servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días”. Esos parámetros son los que establece la Organización Mundial de Turismo, explicó Juri.
El eje de la iniciativa es la creación de un “Registro nacional de viviendas de alquiler turístico temporario” que funcionará en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación, con el fin de formalizar el mercado y aplicar sanciones a propietarios y administradores que no registren sus inmuebles. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán adherir a la futura ley.
Las plataformas digitales como Airbnb que “ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos” tendrán una serie de obligaciones, como habilitar un campo para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad. Además, deberán “proceder a la baja, retiro o suspensión” de toda publicación que no posea ese número.
Pero uno de los aspectos más destacados es que las plataformas “tendrán que utilizar la moneda nacional para los anuncios u ofertas de unidades habitacionales que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el territorio nacional”.
Para procesar los pagos efectuados por huéspedes con la intermediación de plataformas cuando las transacciones se realicen a través de medios de pago electrónicos respecto de viviendas ubicadas en el país, también se deberán utilizar pesos argentinos.
Punto por punto, qué dice el dictamen sobre alquileres temporarios
El dictamen firmado indica que, para poder inscribirse en el nuevo registro nacional, el propietario o administrador deberá contar con la habilitación para ofrecer el servicio “emitida por las autoridades competentes de sus respectivas jurisdicciones”, y cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales correspondientes.
También se establecen las obligaciones que tendrá el propietario o administrador, como por ejemplo la de “entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados”. Y a los huéspedes se les ordena “observar las reglas” y “respetar las instalaciones y equipamientos”.
Las sanciones por incumplimientos en la oferta de alquileres van desde apercibimientos hasta suspensión en el registro nacional por un máximo de 90 días corridos, o directamente la baja del mismo. Una vez que opera la baja, “la unidad en cuestión no podrá ponerse nuevamente en el mercado de alquileres temporarios turísticos por un lapso de cinco años a contar a partir de que quede firme la sanción”. Si se comprueba que el responsable del inmueble sigue ejerciendo la actividad, recibirá multas.
Para las plataformas, las sanciones van desde multas hasta suspensión para operar en el país o el cese definitivo de actividades en el país.
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