El presupuesto universitario sufrió un recorte del 45% durante la gestión Milei

Las universidades nacionales vuelven a ser noticia al inicio de 2026. Los datos oficiales reflejan que el recorte en términos reales sobre el presupuesto para la educación superior, alcanza el 45,6% desde noviembre de 2023 a la fecha. En ese marco, los docentes nucleados en la Conadu llevan adelante un paro de cinco días a nivel nacional.

Con ese telón de fondo y en la semana en que el Poder Legislativo retoma su actividad ordinaria, el gobierno vuelve a enviar un proyecto de ley para discutir el financiamiento de las altas casas de estudio. Una discusión que ocupó buena parte de la agenda legislativa en el segundo semestre de 2025, y terminó con el Poder Ejecutivo negándose a cumplir lo sancionado en el Congreso.

En efecto, el Congreso de la Nación sancionó el 21 de agosto 2025 la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) que obligaba al gobierno a incrementar las partidas. El 10 de septiembre el Poder Ejecutivo vetó la normativa. Sin embargo, el Congreso insistió y con dos tercios en ambas cámaras revocó el veto presidencial. El mismo día en que la ley quedó promulgada, el Poder Ejecutivo dictó el DNU 759/2025, que suspendió su aplicación para resguardar el equilibrio fiscal.

Tras ese derrotero, los datos dan cuenta de que en términos reales, los recursos destinados al financiamiento de la educación superior han sufrido un fuerte recorte, agravado por la no aplicación de la ley sancionada en 2025, el cuál no sería compensado en caso de aprobarse la iniciativa que el gobierno acaba de enviar al Congreso.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, el Indec y el Banco Central (BCRA) revela que a precios de 2026, el presupuesto universitario vigente, es un 45,6% menor al vigente en 2023.

El estudio señala además que de haberse aplicado la Ley 27.795 sancionada e insistida por el Congreso en 2025, el presupuesto universitario hubiese quedado apenas un 3,7% por debajo del presupuesto vigente en 2023, recuperando prácticamente toda la pérdida real de los últimos tres años.

No obstante, con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Congreso de la Nación, la pérdida de recursos en términos reales volvería a ser del 36,5% en relación a lo que establece la Ley 27.795 que el gobierno decidió no aplicar.

Salarios universitarios por debajo de la línea de la pobreza

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El recorte al presupuesto universitario tiene como corolario inevitable una caída del salario real promedio. En efecto, la masa salarial representa el 86% del presupuesto total destinado a las universidades, mientras que los gastos de funcionamiento solo se llevan el 14%.

Con ese marco, el estudio de CEPA establece Base 100 en noviembre de 2023 y refleja que en poco menos de tres años el poder adquisitivo de docentes y no docentes se vio recortado en un tercio. En efecto, desde noviembre de 2023 y hasta enero de 2026, el recorte al salario universitario asciende al 34%.

El informe estipula además, que de haberse implementado la Ley 27.795 el salario universitario hubiese quedado apenas 2,3% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. Asimismo, estima el impacto que tendría en los salarios el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en 2026, que propone un aumento nominal del 12% en tres tramos: marzo, junio y septiembre.

El informa de CEPA utiliza el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el BCRA para incorporar la inflación en lo que resta de 2026, la cuál llegaría a un acumulado del 20,8% para el mes de septiembre. Con esa proyección, de aprobarse el proyecto enviado por el gobierno al Congreso, el salario universitario finalizaría 2026 con una nueva pérdida real del 2,4% en relación a enero de 2026, y quedaría 36,6% por debajo de noviembre de 2023.

Así las cosas y previo al debate que está por iniciar en el Congreso, el dato más delicado es el que refleja que el salario universitario en sus diferentes escalafones, se encuentra por debajo de la línea de la pobreza establecida por el Indec, y en muchos casos incluso queda por debajo de la línea de la indigencia.

Según el organismo oficial, una familia necesita $1.360.299 para no caer en la pobreza (Canasta Básica Total), mientras que para no ser indigente es necesario tener ingresos por al menos $623.990 (Canasta Básica Alimentaria).

Según los escalafones actuales (ver cuadro), solo un docente titular con dedicación exclusiva logra esquivar la pobreza, mientras que el resto de los cargos docentes percibe salarios que se encuentran ostensiblemente debajo de la línea de la pobreza. Incluso los cargos docentes de dedicación semi exclusiva o simple, perciben salarios por debajo de la línea de la indigencia.