La guerra contra la inflación, perdida antes de comenzar

Frases célebres. Cada uno de los máximos protagonistas de la historia reciente argentina, ha dejado como legado alguna frase que sigue recordándose pese al paso de los años. “Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”, expresó Alfonsín en el amanecer democrático. “Estamos mal, pero vamos bien” analizó alguna vez Menem. “El que depositó dólares recibirá dólares” prometió Duhalde. “La inflación será el problema más sencillo que deba resolver si soy presidente”, aventuró Macri en 2015.

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Las palabras de Alberto Fernández previo a la publicación de los datos de inflación de febrero, se inscribe en ese conjunto de expresiones. “Les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra: la guerra contra la inflación en la Argentina”, manifestó el mandatario.

De la definición se desprenden un sinnúmero de interrogantes. ¿Por qué la guerra empezó el viernes? Tal vez hubiese sido estratégico empezarla la semana pasada, o el mes pasado, o quizá al inicio del mandato. Anticipar el día martes que el paquete anti inflacionario llegaría el viernes ¿fue acaso una forma de habilitar a los formadores de precio para que remarquen a discreción antes de que las medidas entren en rigor? En efecto, las grandes alimenticias como Arcor, La Serenísima o Granix, actualizaron sus listas de precio entre un 9% y un 14% durante el miércoles y el jueves. ¿Tal vez se eligió el viernes para que los anuncios no entorpezcan la votación en el Senado respecto al acuerdo con el FMI? En ese caso ¿no hubiese sido mejor hacer silencio hasta el viernes y sorprender con el paquete de medidas?

El jueves, un día antes del inicio de la “guerra” y mientras el Senado debatía, el Indec publicó la “Valorización de la Canasta Básica” que sirve como parámetro para determinar la línea de la pobreza y de la indigencia. Resulta que una familia de cuatro integrantes necesita $37.413 al mes para no ser indigente y $83.807 para no caer en la pobreza.

De allí el apuro oficial por anunciar el miércoles la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El parámetro que opera como piso para la remuneración laboral, se ubicaba hasta febrero en $33.000. Tomando ambos datos (canasta básica y SMVM), significa que quien cobra el salario mínimo es indigente. La actualización llevará el SMVM a $47.850 con un aumento en tres tramos, del 18% en abril, el 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. Aun así, el salario mínimo seguirá corriendo desde atrás a los precios en 2022.

Como sea, la buena noticia es que el Presidente parece haber tomado nota del problema, y de la urgencia por resolverlo.
Lo cierto es que frente a la elocuencia de los datos, la declamada “guerra contra la inflación” luce voluntarista. Las inofensivas “armas” del gobierno para iniciar la “guerra” contra la inflación, contrastan frente a la nitidez con la que los habitantes de a pie perciben la realidad en sus bolsillos.

Los datos de la inflación en febrero dejan aún más en ridículo la alegoría de una batalla que desde el vamos se sabe perdida.

El segundo mes del año mostró precios creciendo un 4,7% respecto a enero, y 52,3% en relación a febrero de 2021. La profundidad del impacto se comprende mejor hilando más fino en base a los datos oficiales. Febrero es el cuarto mes consecutivo en que se acelera el ratio mensual de inflación (ver gráfico).

Es el mismo lapso de tiempo que llevan vigentes los controles de precio establecidos por el Secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti. Dicho de otra forma: desde que se establecieron los controles a fin de evitar que los precios sigan subiendo, lo único que han hecho los precios es subir. No hay remate posible, más que señalar el fracaso de la política implementada pos derrota electoral.

Es además el noveno mes consecutivo en que el ratio acumulado interanual se ubica por encima del 50%. Ello comienza a configurar un piso anual cada vez más difícil de perforar: quienes deben firmar un contrato de locación, estimar el pago a proveedores, reclamar recomposiciones salariales, o planificar una inversión, ya saben que de mínima la inflación del año será 50%.

El panorama se completa con el dato más delicado de todos: el precio de los alimentos se incrementó un 7,5% en febrero. Se trata de la inflación real, la que perciben las personas de carne y hueso cada día cuando visitan el supermercado. Y en especial, la que más impacta sobre los sectores de menores recursos, que dedican todo su ingreso mensual a la compra de alimentos.

Declarada la guerra contra la suba de precios, lo principal es conocer “qué haría falta para dar la batalla por ganada”.

El acuerdo con el FMI estipula una inflación de entre el 38% y el 48% para todo el 2022. Dado que el año 2021 finalizó con una inflación del 50,9%, implica la necesidad de bajar al menos dos puntos porcentuales. A priori no parece una meta inalcanzable.

Sucede que el dato de marzo ya se presupone por encima del 5%. El tercer mes del año contabilizará el 9,5% de aumento en los combustibles, el 6% de aumento en las prepagas y el 10% promedio de aumento en la escuelas privadas, o públicas de gestión privada. Sobre esa base, para perforar el piso del 50% anual Guzmán necesita que a partir de abril y hasta diciembre, el ratio mensual se coloque entre el 2,5% y el 3%. Es decir, sería necesario que la velocidad mensual de la inflación se reduzca a la mitad desde el mes que viene. Difícil.

El escenario natural en cambio, sería que se ubicara desde abril entre 3,5% y 4%. Es lo que se verificó durante tres cuartas partes de 2021. Si ese fuera el caso, la inflación de este año sería muy parecida al 60%, y se convertiría en el dato más alto en 30 años, desbancando el récord de 53,9% de la gestión Macri en 2019.

Si por el contrario el dato mensual se estacionara desde abril entre el 4% y el 4,5%, entonces nos adentramos en un escenario de fuerte aceleración de precios que llevaría el ratio anual por encima del 67%.

La figura elegida por el Presidente no solo es ridícula ante la impotencia que muestra el gobierno para solucionar el flagelo inflacionario. Es muy poco feliz frente a la tragedia del conflicto bélico real que padecen millones de personas en Europa del este.

No obstante si la política direccionada a reducir la velocidad a la que crecen los precios se plantea en términos de “batalla”, vale señalar cuales son las municiones que el gobierno deberá sortear en 2022, y pensar cuáles son las armas reales con las que cuenta para contrarrestar el daño.
Hay cuatro cañones de grueso calibre que apuntan de forma exógena contra el batallón que planea dar pelea a la inflación.

El primero surge del acuerdo con el FMI, y es la actualización de tarifas. El 80% de los usuarios residenciales recibirá este año un aumento de al menos el 42% en el precio de los servicios públicos. Ello solo ya pone un piso elevado a la inflación del año.

El segundo es la evolución del tipo de cambio oficial. Si bien dado el cepo cambiario la cotización oficial no sirve a los fines del ahorro, es clave para determinar el precio de debe pagar la industria para importar insumos, y el que recibe el campo al liquidar sus exportaciones. El dólar oficial viene devaluándose a un ritmo del 2,3% desde diciembre, lo que está íntimamente ligado a la recomendación del Fondo de colocar el tipo de cambio en un rango de mayor competitividad a fin de acumular reservas. El pass trough es otro de los factores a tener en cuenta este año en la evolución de los precios.

El tercer y el cuarto cañón, están precisamente ligados a la guerra, pero en Ucrania.
Uno de ellos es el precio de la energía. El precio del barril acumula una suba del 57% desde principios de diciembre, y un alza del 17% desde principios de febrero. El aumento del 9,5% en los combustibles anunciado la semana pasada por YPF, no es casual. Tiene todo que ver con la dinámica internacional del precio del petróleo.

El otro es el precio internacional de los granos, y en especial el del trigo. En la dieta de los argentinos está profundamente arraigado el consumo de harinas. Los panificados, los las pastas, o las tradicionales tortas fritas y empanadas. Todo lleva harina. El precio internacional del trigo se elevó más del 40% desde el inicio del conflicto bélico que involucra a dos de los países que más granos exportan en el mundo. El impacto sobre los precios internos fue casi inmediato: el costo de la bolsa de harina se duplicó en apenas 15 días, y acto seguido, el alza se trasladó al precio del pan.

Frente a semejante panorama, los anuncios que realizó el Presidente el viernes, en el día señalado como el “momento cero” para el inicio de la “guerra contra la inflación”, lucen como balas de salva. El deterioro de la matriz de precios es tal, y los impulsores exógenos de los precios internos tan potentes, que difícilmente las medidas anunciadas sirvan para detener una inflación que ya se presenta desbocada.

Está a la vista que los controles de precio y los precios máximos, que quizá pueden contribuir en un contexto de inflación “moderada”, son totalmente inútiles en un escenario con piso de inflación por encima del 50%. Lo mismo sucede con los cupos de exportación.

La herramienta que existe en Argentina y en el mundo desde hace más de 100 años para descalzar los precios internos de los internacionales, en especial cuando el país consume internamente lo mismo que exporta, son las retenciones. Un aumento de los derechos de exportación podría equilibrar momentáneamente los incentivos de los exportadores, y de los productores y consumidores a nivel interno. En especial si se tratase de un esquema de retenciones móviles que garantizara que las mismas vuelvan a un nivel acorde si los precios internacionales retroceden más adelante.

Naturalmente, el uso asiduo de la herramienta para fines exclusivamente recaudatorios durante los últimos años, hace que aquello que hoy podría convertirse en un arma valiosa en la trinchera de la batalla contra la inflación, sea un instrumento bastardeado, cuya sola mención enciende todas las alarmas políticas, y pone al gobierno frente a una guerra de otro tipo: la de la gobernabilidad.

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