La voz de un especialista: «La reforma de la Ley de Glaciares tiene efectos irremediables e irreversibles»

El Gobierno Nacional se apresta a modificar la Ley de Glaciares de 2010, una reforma que parece hecha a medida de las provincias y las empresas mineras. La administración libertaria procura que se apruebe la reforma que habilitaría la explotación minera en zonas periglaciares.

La visión oficial sobre los glaciares quedó plasmada en la alocución del senador mileísta Enzo Fullone: “Son rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una organización independiente y no partidaria que busca la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos, no está de acuerdo. Según el especialista, que también es abogado y magíster en Derecho Ambiental, si bien las empresas mineras pueden traer emprendimientos asociados, los proyectos que se impulsan cerca de los glaciares implican muchos pasivos ambientales.

“Desaparece la montaña, desaparecen los glaciares, se restringe la fuente de agua, se contaminan los ríos”, enumera. Y concluye: “Cuando un glaciar desaparece, es irremediable, es irreversible”. Al respecto, Nápoli conversó con RÍO NEGRO.

PREGUNTA: Si se aprueba esta reforma ¿qué cosa se va a poder hacer que antes no se podía?
RESPUESTA: La norma cambia algunos procedimientos y algunas maneras de definir ‘qué se protege y qué no’. La Ley de Glaciares vigente protege a los glaciares y al área periglaciar como un continuo, y en esos espacios no se puede hacer actividad minera o hidrocarbonífera. Si bien es cierto que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, eso no significa que puedan hacer cualquier cosa, sino que tienen un límite impuesto por el artículo 41 de la Constitución, que en una cláusula ambiental dice que la Nación fija el piso mínimo de protección en todo el país. Ahora, con este proyecto, lo que están haciendo es cambiar eso y entregar la fijación del piso a las provincias.

P: En la práctica ¿que modifica?
R: Varias cosas. En primer lugar, hoy esa fijación del piso la establece el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No puede ser que cada provincia tenga su nivel de protección, porque de esa forma se logra lo que se llama el feudalismo normativo o el “dumping” ambiental: que las provincias se pongan a competir por ver quién tiene menos estándares de protección y así captar más impuestos. Y hay cosas bastante más graves.

P: ¿Como cuáles?
R: Hoy en día existe un inventario nacional de glaciares que llevó muchos años hacer, que era un mandato de la ley. Hay cerca de 17.000 que fueron inventariados. Todos esos glaciares y ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua. Y lo que el proyecto dice es: “Las provincias van a tener en cuenta el inventario, pero van a definir cuál es el glaciar que consideran como reserva estratégica de agua”. ¿Cuál es la metodología con la que lo van a hacer? El proyecto de ley no da respuesta. Pero vamos al tema más grave. Supongamos que una provincia dice que un glaciar que está inventariado no es una reserva estratégica de agua, que contradice a IANIGLA. En el caso de que el IANIGLA no lo retire de la protección, las provincias que tienen proyectos mineros van a poder autorizarlos igual, aunque el IANIGLA los mantenga en el inventario. Además, es inconstitucional.

P: ¿Por qué?
R: Porque afecta la distribución de competencias que establece la Constitución Nacional. Además, es una ley regresiva, porque va a proteger mucho menos que lo que actualmente se protege en materia de recurso hídrico y eso afecta al Acuerdo de Escazú. Es “tramposa” porque supuestamente es aclaratoria, pero prácticamente deroga la ley anterior. El problema de ser aclaratoria es que sus efectos se aplican retroactivamente y eso significa que todas las actividades mineras que puedan haber sido aprobadas ilegalmente sobre glaciares quedan quedan ahora limpias para operar. Y vulnera el acuerdo con la Unión Europea que se ratificó la semana pasada en el Senado que, en el capítulo 18, dice que los países no tienen que disminuir los estándares de protección para beneficiar la inversión en comercio.

P: ¿Qué provincias y qué proyectos mineros son las más interesadas en la reforma?
R: La ley se reforma para habilitar cuatro o cinco proyectos grandes: Vicuña y Pachón en San Juan, MARA en Catamarca y, posiblemente según mencionó la senadora Patricia Bullrich, otro en Salta que se llama Taca Taca. Es decir, básicamente las provincias más interesadas en esta reforma son las que conforman la Mesa del Cobre y, eventualmente, Salta, que también forma parte de la Mesa del Litio. Estamos hablando de los Andes áridos, es decir, donde menos agua hay y en donde la mayor proporción está contenida en las áreas periglaciares, precisamente. Los mismos son muy importantes en los tiempos de sequía, porque según las estimaciones del IANIGLA, los caudales de los ríos se alimentan en un 50% en la zona periglacial.

P: ¿Hay alguna razón especial en el apuro por la aprobación?
R: El gobierno busca un programa de reprimarización de la economía, es una definición pública. Esto impacta con consecuencias muy específicas, porque en este caso estás privilegiando a muy poquitos proyectos. Siempre explicamos lo mismo: no decimos “no” a la minería, decimos no a la minería sobre glaciares. Es el 0,3% del territorio nacional. En todo el resto del territorio nacional no hay ninguna limitación, más que usar las prácticas adecuadas, con los permisos necesarios y los controles.

P: ¿Qué podría hacerse para desarrollar la minería de una forma responsable?
R: La ley de Glaciares se sancionó en su momento porque había un gran problema de cambio climático; es decir, un retroceso muy importante de los glaciares de Argentina. Entonces se necesitaba un sistema de protección. Y esto, lejos de haber mejorado, empeoró notablemente en los últimos diez años. Los glaciares en la zona de Mendoza hacia arriba han retrocedido el 17%. Además, había una situación muy crítica respecto de lo que pasaba con la explotación megaminera, sobre todo a la altura: había afectaciones de glaciares y derrames de sustancias químicas. Todo eso llevó a la necesidad de establecer que las provincias no siguieran dejando librado al azar lo que pasara con la minería. Esto ha evolucionado: las empresas mineras mejoraron en algún caso los estándares de producción, y en virtud de algunas políticas públicas que existieron también fueron mejorando el control. Pero eso no significa que las provincias hoy estén en condiciones de garantizar todos los controles que se requieren, porque cuando hablamos de un proyecto como Vicuña, estamos hablando de empresas que tienen más capital que el producto bruto de la provincia.

P: ¿Cómo funciona la minería a cielo abierto?
R: No es como se hacía hace 30 años atrás, con ingreso por medio de un túnel a buscar una veta de de mineral concentrado. Se dinamita directamente parte de una montaña. Con eso se vuela totalmente un glaciar y toda la cobertura rocosa y de hielo para poder llegar a las piedras que están por debajo, que tienen contenido el mineral. Es decir, se quita esa fuente de agua, porque el primer usuario es la minera, que la necesita para producir. Después, la utilizan montaña abajo los demás ciclos productivos que tienen consumo humano.

P: ¿Hay licencia social?
R: Una cosa es la opinión pública de la Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires, y otra es la de los lugares donde se generan estos proyectos. En Mendoza se ha autorizado un cúmulo de proyectos y hay manifestaciones públicas por todos lados. Precisamente, las personas que están allí son las que padecen de manera inicial las consecuencias de la falta de agua y de los impactos de la minería. Creo que la la idea de avanzar fuertemente sobre sobre la ley, es una definición política. No es una discusión técnica, no es una discusión por el agua.

P: ¿A qué se refiere?
R: Hay una decisión acordada por el gobierno y las provincias. Previo a la media sanción de la semana pasada, hubo un voto favorable a la reforma laboral.

P: ¿Hay beneficio económico real por estos proyectos?
R: Hay que hacer las cuentas. Por el régimen de inversiones mineras aprobado en la década de 90, las mineras pagan el 3% de regalías de lo que dicen que producen. A eso hay que sumarle el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024 y ver, en definitiva, cuánto se percibe en términos de recaudación tributaria. Además, hay disminución de agua para otras actividades que la suplen, como la agricultura. En esas provincias, la vida depende del agua.

Perfil

---

Andrés Nápoli es Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Es Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Derecho Ambiental (Universidad del País Vasco).

Es Vicepresidente del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Además, fue representante electo del Público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú.